El Gobierno ya tiene decidido que subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta que alcance en 2023 un nivel situado en la horquilla entre los 1.012 euros y los 1.047 euros en 14 pagas, y se sentará con la patronal de empresarios y los sindicatos únicamente para negociar con ellos el ritmo de subida.
Ese rango ha sido el que ha fijado el grupo de expertos que constituyó el Ministerio de Trabajo a principios de año para conocer con la máxima exactitud posible a qué equivalía el 60% del salario medio en España, ya que ese era el umbral que quería conocer el Gobierno para elevar el SMI hasta ahí. Según ha adelantado El País, este grupo ha concluido que ese 60% equivale a entre 1.012 y 1.047 euros, el nivel al que llegará el SMI en los próximos tres años desde los 950 euros en catorce pagas en que se sitúa actualmente.
Una vez conocido ese dato -que ha sido difícil de calcular- y a falta de que el grupo de expertos rubrique el trabajo y le haga entrega del documento oficial al Ministerio, el Gobierno tiene previsto sentarse con los sindicatos y patronal para informarles de que el SMI subirá entre un 6% y un 10% en los próximos dos años; y sólo les dará oportunidad de negociar el ritmo de la subida.
"Una vez que tengamos esas cantidades de referencia para conocer cómo tiene que evolucionar el SMI a lo largo de los próximos tres años, tendremos la capacidad de enfrentarlo al diálogo social para que en ese marco se pueda llegar al acuerdo de cómo distribuir el peso de ese compromiso en esos ejercicios presupuestarios. Es evidente que el Gobierno va a cumplir con su compromiso de alcanzar ese objetivo que tenía respecto al SMI, lo que podremos discutir es cómo lo distribuimos entre el año 2022, el 2023 o si incorporamos el año 2021", ha confirmado María Jesús Montero, ministra portavoz del Ejecutivo.
Ha dejado claro que el Gobierno sabe que la subida tendrá que ser "compatible con la generación de empleo", ya que quiere que "nuestro país pueda llegar a las cifras pre-pandemia y si es posible recuperar las expectativas que teníamos de crecimiento de la ocupación antes de la pandemia", lo que deja la puerta abierta a que la primera subida tenga efecto en 2022 y no haya ninguna en 2021.
"Somos conscientes de que tenemos que equilibrar esa mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, garantizando que no va a ser a costa de pérdida de empleo, lo haremos en los próximos meses", ha zanjado Montero.
El Estatuto de los Trabajadores dice que el Gobierno debe consultar la subida del SMI
Se trata, por tanto, de una aproximación al diálogo social que nunca antes se ha producido, ya que tradicionalmente el Ejecutivo se ha sentado a negociar con patronal o sindicatos si era propicio o no subir este indicador. Nunca antes habían impuesto una subida y se habían sentado sólo para negociar la velocidad de aplicación.
El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores recoge que "el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el Salario Mínimo Interprofesional, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar". Esto supone que el Gobierno debe consultar a los agentes sociales si ven adecuado o no que se produzca una potencial subida.
Para ello, especifica además que se debe tener en cuenta "el Índice de Precios de Consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general", factores que el grupo de expertos del Ministerio no ha considerado al fijar ese umbral de 1.012 a 1.047 euros, ya que su mandato era que delimitarán a cuánto equivalía ese 60% del salario medio en España, sin entrar a analizar si es oportuno hacer esa subida en el periodo 2021-2023.
En diciembre, Trabajo sí se sentó con voluntad de negociar el aumento
A finales de 2020, se mantuvieron reuniones tripartitas en las que Trabajo intentó negociar una subida con acuerdo, pero no tuvo éxito dada la negativa rotunda de la patronal, que se negó a cualquier incremento, respaldada por la ministra de Economía, Nadia Calviño.
"No voy a decir cuánto subirá el SMI porque cuando nos sentamos a dialogar, tenemos que escuchar a las partes", decía Yolanda Díaz en las entrevistas antes de esas reuniones, en las que sí estaba dispuesta a negociar si había o no incremento.
Ahora, dado que no quieren que la CEOE puede volver a vetar la subida, la postura es bien distinta y el Ministerio quiere enfocar las reuniones como una cita para negociar el ritmo de una subida que ya está asegurada.
La patronal se ha quejado en varias ocasiones de que el Ministerio intentara imponer su opinión. De hecho, percibió la constitución del grupo de expertos como un intento de Yolanda Díaz de garantizar la subida y, por ello, decidió no volver a participar en las reuniones, tal y como desveló Vozpópuli.
