El Gobierno amenaza con penalizar la salida de la matriz de Ferrovial con al menos 130 millones de euros. Es la cantidad mínima en juego que ha estimado Vozpópuli con expertos a partir de las cifras que ofrece la compañía en las cuentas anuales de la matriz. Se trata del castigo fiscal que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen "motivo económico válido", a lo que Nadia Calviño se ha referido como "sustancia" de los argumentos de la compañía: "Vamos a analizar los argumentos y habrá que ver si hay sustancia o no", ha dicho en Onda Cero preguntada por qué está haciendo el Gobierno ante el anuncio de la salida y por si el Ejecutivo está presionando a la empresa para que no se vaya.
Este castigo puede sumarse a dos facturas que arrastra la sociedad con Hacienda: unas provisiones de 184 millones por varias actas levantadas y pleitos y la devolución de cerca de 40 millones por el contencioso con la Comisión Europea por el fondo de comercio de Amey.
Los, al menos, 130 millones se derivan del peaje fiscal que se cobra Hacienda si dictamina que la operación no tiene motivo económico válido, según le habilita la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En su capítulo VII, contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.
Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".
En este sentido, la compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento.
Está será precisamente la penalización que se establecerá a las plusvalías latentes a valor de mercado en el momento de su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance. Son 24 las sociedades participadas de Ferrovial, S.A., según las Cuentas Anuales individuales de la entidad cerradas a 31/12/2022. Los cálculos que ha elaborado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli en base a información pública, arrojan que a partir de una inversión bruta de 11.208 millones y unos deterioros de 778 millones, el valor neto en libros es de 10.430 millones. Una vez aplicados el capital, la prima de emisión y reservas, el resto del patrimonio neto y el resultado del ejercicio, el total del patrimonio neto es de 10.514 millones.
Si se tiene en cuenta la diferencia entre el patrimonio neto y el valor neto contable y cómo operan las exenciones de Sociedades y la no deducibilidad, el coste fiscal de aplicar un 1,25%, esto es, la penalización del 5% a dividendos y el tipo nominal del impuesto del 25%, podría superar los 130 millones de euros. Este cálculo parte de una cifra conservadora que el Fisco suele intentar elevar, según fuentes conocedoras.
La Agencia Tributaria tiene cuatro años para comprobar si existen motivos económicos válidos en la salida.
Conflictos con el Fisco
Al golpe extra por la marcha a Países Bajos, la constructora tendría que sumar la provisión de 184 millones que ya dotó en 2022 por las reclamaciones abiertas por Hacienda, que ha levantado actas sobre todo por las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del IVA de los ejercicios entre 2002 y 2017.
Se trata de un colchón que ha tenido que elevar en un 3,4% en el último año, según consta en las cuentas individuales de la compañía. Y equivale al beneficio declarado por Ferrovial en 2022, que ascendió a 185,7 millones. Sin esta provisión, que todavía puede variar al alza o la baja, el resultado se habría duplicado.
Sin las provisiones por actas y pleitos con Hacienda, el beneficio de Ferrovial en 2022 se habría duplicado
La dotación más elevada tiene que ver con las actas levantadas por las autoridades fiscales españolas sobre el pago de Sociedades del ejercicio 2006 y que asciende a 127 millones. Por este mismo tributo, la compañía ha dotado 31 millones sobre los ejercicios entre 2002 y 2005, y otros 17 millones por 2012, 2013 y 2014. La provisión relacionada con el IVA asciende a siete millones y se corresponde con los ejercicios entre 2003 y 2005.
Otro de los pleitos con Hacienda que afronta Ferrovial es el relativo a la amortización del fondo de comercio por las compras de Swissport y Amey en 2003 y 2005, respectivamente. La compañía afronta una factura fiscal de unos 40 millones en la disputa legal que mantiene contra la Unión Europea, que en 2014 consideró que se trataba de una ayuda de Estado. En concreto, la Comisión Europa ha rechazado las ayudas que reciben las empresas españolas que compran empresas extranjeras a través de sociedades interpuestas.
"Se han realizado ajustes en el gasto por 42 millones de ingreso, que corresponden a la reversión de riesgos fiscales relacionados con el fondo de comercio de Amey por considerar la Sociedad que existen argumentos jurídicos sólidos a favor de la posición procesal defendida", explica la constructora.
