Iberdrola abre nuevos frentes judiciales por una millonaria obra fallida en Estados Unidos. La compañía ha presentado una demanda contra Footprint Power, la empresa norteamericana que le adjudicó hace siete años la construcción de una planta de ciclo combinado de gas en Salem (Estados Unidos) con una capacidad de 674 megavatios (MW) y capaz de suministrar electricidad a 280.000 personas.
Footprint, que pertenece al fondo Oaktree, rescindió el contrato con la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán a comienzos de 2018 tras alegar retrasos injustificados e incumplimientos contractuales, lo que le llevó también a ejecutar un aval de 140 millones de dólares. La planta está valorada en 600 millones de dólares.
Iberdrola, que rechaza cualquier irregularidad, ya admitió su sorpresa por esta decisión cuando la construcción de la planta estaba prácticamente lista. Tras quedarse sin el contrato, la eléctrica movió ficha y activó la cláusula de arbitraje para dirimir en un tribunal norteamericano la legalidad de la ruptura unilateral por parte de Footprint. Tres años después, el proceso sigue activo y todavía no se ha dictado un laudo. Iberdrola reclama unos 700 millones de dólares.
Ofensiva judicial de Iberdrola
Para reforzar esta ofensiva, Iberdrola ha presentado el pasado 15 de abril una demanda en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la demanda, de casi 40 páginas, Iberdrola acusa a Oaktree de malas prácticas y de inducir a Footprint a romper el contrato para ejecutar el aval de 140 millones de dólares. Según se desprende del escrito, Iberdrola sospecha que cobrar esa cantidad era uno de los principales objetivos de la compañía.
La eléctrica también sostiene que si Oaktree quiso romper el contrato fue porque la inversión en esa planta no iba a ser tan rentable como inicialmente creía y señala que no quiso hacerse cargo de los gastos extra necesarios. Fue entonces, siempre según la tesis de la eléctrica, cuando Oaktree trazó un plan para rescindir el contrato y cobrar el citado aval de 140 millones, cantidad que le permitiría concluir la obra sin necesidad de recurrir a fondos propios y aprovechándose de su trabajo. De hecho, la eléctrica no cree que sea casual que el contrato se rompiese cuando la obra estaba terminada “al 98%”.
En el caso de obtener un laudo arbitral favorable contra Footprint, Iberdrola ha abierto esta segunda vía judicial contra Oaktree y los bancos para asegurarse el cobro de la indemnización en el caso de que Footprint se declare insolvente. Footprint tiene hasta el próximo 2 de julio para presentar la contestación a la demanda, según un escrito del tribunal fechado el 1 de junio.
Además de este procedimiento, Iberdrola ha presentado otras dos demandas, fechadas el pasado 28 de mayo, dirigidas contra las entidades financieras con las que Footprint suscribió el acuerdo de financiación para construir la planta. Iberdrola cree que todas ellas formaban parte del plan ideado por Oaktree para ejecutar el aval y no tener que poner más dinero para culminar la obra.
Iberdrola confirma a este diario la presentación de la demanda pero ha declinado hacer más comentarios.
