Indra, imputada en el caso Púnica como persona jurídica, asegura que tras exhaustivas investigaciones no ha detectado ningún incumplimiento que hubiera permitido a cualquier directivo de la compañía obtener dinero para realizar pagos irregulares.
La multinacional española ha enviado esta semana documentación al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con la que trata de demostrar que, en particular, desde la compañía no se extrajo dinero para que Santiago Roura, exdirectivo del grupo tecnológico, realizara pagos investigados.
Roura declaró en diciembre de 2014 en la Audiencia Nacional en el caso Púnica como imputado, por la investigación de la financiación irregular del PP. El exdirectivo de Indra aseguró entonces que José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la empresa pública informática de la Comunidad de Madrid, le exigió que pagara 10.000 euros en 'b' a Alejandro de Pedro, que realizaba trabajos de reputación en Internet para cargos del PP, según publicó El País.
Indra ha ampliado el periodo investigado de salida de dinero del grupo
El pasado mes de octubre, Santiago Roura volvió a declarar ante el juez y reconoció que se reunió con De Pedro en un coche, a principios de 2014, pero que no le hizo entrega alguna de dinero.
En la reciente documentación enviada por Indra al juzgado, se incluye un informe realizado por la Unidad de Cumplimiento, entregado en septiembre de 2015, con una muestra de los anticipos obtenidos por empleados de la compañía superiores a 500 euros durante el periodo septiembre y octubre de 2014.
Y añade un nuevo informe elaborado el pasado mes de noviembre en el que se analiza el lugar físico en el que se hallaban las cajas, noticias publicadas sobre el presunto pago en efectivo realizado por Roura y un análisis sobre anticipos en divisas.
Las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes también han sido imputadas
El grupo asegura que, de las pruebas presentadas, se concluye que todos los anticipos superiores a 1.000 euros, de una muestra analizada de 200, están debidamente justificados y liquidados. Indra ha ampliado el periodo de esta investigación interna, desde junio de 2014 a enero de 2015.
La compañía sostiene que contaba con procedimientos de autorización de gastos y gestión de caja adecuados en el periodo investigado, y que estos se aplicaban rigurosamente.
A principios del pasado mes de septiembre el juez Manuel García Castellón imputó por presuntos delitos relacionados con la financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. También imputó a Indra como persona jurídica y a su expresidente Javier Monzón.
