La Comunidad de Madrid ultima los pliegos de su contrato público estrella en materia de infraestructuras para esta Legislatura, la nueva Ciudad de la Justicia en Valdebebas, para la que ya empiezan a trascender posibles interesados. Según ha podido reconstruir Vozpópuli a partir de fuentes del mercado, las expectativas para sacar la licitación adelante están puestas en al menos tres grandes empresas españolas: Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Ferrovial.
La compañía que preside Florentino Pérez tiene como 'medalla' haber sido la única que, en unión temporal con Acciona, presentó una oferta en el pasado para sacar adelante el proyecto bajo la fórmula de concesión. Una maniobra que el también presidente del Real Madrid realizó in extremis y que permitió salvar 'políticamente' la licitación antes de las elecciones regionales del 2023.
Tras los comicios, los técnicos del Gobierno regional acabaron desestimando la oferta de ACS y Acciona por no ajustarse a los requerimientos de un proyecto que, tal y como estaba planteado entonces, precisaba de 507 millones de inversión privada en favor de un potencial de ingresos para el concesionario de alrededor de 2.000 millones en 40 años. La oferta de las dos cotizadas en el 'ibex 35' no fue entonces capaz de aportar "el programa económico con la inclusión de todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de licitación" aunque alcanzó 22,80 puntos sobre 30 en el apartado de juicios de valor sobre cuestiones técnicas.
Si bien no presentó entonces oferta, Fomento de Construcción y Contratas fue otra de las empresas que hizo cálculos hasta el final en favor de asumir la concesión. De ahí que no deba sorprender que la compañía que controla el magnate mexicano Carlos Slim también sobresalga entre las que están expectantes sobre los términos finales del nuevo pliego para oficializar su oferta, de acuerdo a informantes del sector.
Para la nueva licitación, ya no bajo formato de concesión sino de gestión directa, el presupuesto de obras y suministros se ha ampliado hasta "más de 680 millones" en torno a dos lotes que podrían ser igualmente asumidos por el mismo licitador. Un proyecto, por tanto, de alcance pero con menos incertidumbres que el licitado entre 2022 y 2023 y que podría llamar la atención de Ferrovial, según han trasladado también a este medio fuentes cercanas a las conversaciones. Oficialmente, desde la compañía inciden en que es pronto para comunicar si se presentarán, habida cuenta de que los pliegos se harían públicos en algo más de un mes.
El nuevo TSJM estará listo esta legislatura
Según han trasladado desde la Comunidad de Madrid, la intención del Ejecutivo es adjudicar la redacción y ejecución de las obras en verano de este año, de forma que las obras podrían, tras un plazo de nueve meses para la discusión de proyecto, empezar en el segundo trimestre del 2025.
El actual Ejecutivo regional se ha trazado como fecha objetivo para el 46% de la Ciudad de la Justicia el mes de septiembre de 2026. Así las cosas, el nuevo Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con edificios del orden jurisdiccional civil, penal y juzgados de primera instancia con sus aparcamientos podrían estar ya en funcionamiento en la primera mitad de 2027, esto es, dentro de la actual Legislatura. Para la construcción al completo, el horizonte de la CAM pasa por finales del año 2028.
La nueva versión del proyecto estará compuesta por hasta 13 edificios, por los 10 previstos anteriormente, que se desarrollarían en zonas próximas tanto al Aeropuerto de Barajas como a la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez. La iniciativa agrupará las 28 sedes y los 374 órganos de justicia regionales que ahora se encuentran dispersos por Madrid y que movilizan diariamente a más de 30.000 personas. En cómputos totales, la superficie total de los edificios judiciales aumentaría un 60%, con una capacidad dirigida a incluir las necesidades de la región durante los próximos 40 años tanto en términos de espacio como de sostenibilidad energética y digitalización.
Atendiendo a los cálculos desde Sol, la Comunidad procurará así conseguir el ahorro de 2.000 millones de euros en alquileres y costes para las arcas públicas durante las próximas cuatro décadas. Los Presupuestos Generales del Gobierno regional para este año incluirán finalmente una partida de 23 millones de euros, por los tres millones que se preveían inicialmente.
