El Gobierno de la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso acelera la tramitación de la la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid, el mayor proyecto de financiación pública de la actual legislatura, que se emplazará en el distrito de Barajas de la capital, en la zona de Valdebebas.
Tras casi dos décadas de estudios y conversaciones, la versión dada a conocer este lunes consta de una inversión que ahora se cifra en más de 680 millones de euros, 30 millones más que los anunciados el pasado año y casi 180 millones más que los presupuestados bajo la licitación de la legislatura pasada, cuando se buscó una fórmula de concesión a 40 años.
El Gobierno regional gestionará de manera directa esta iniciativa que se espera alistar para finales de 2028 -frente al horizonte de 2030 anunciado en 2023-. El proyecto consistirá en 236.000 metros cuadrados sobre rasante y otros 198.000 por debajo, que se construirán sobre un solar con una superficie de 132.000 m2.
El objetivo del proyecto es un ahorro cercano al 50% para las arcas públicas en alquileres y costes. Unos 2.000 millones de ahorro en 40 años
En el enclave se agruparán las 28 sedes y los 374 órganos de la justicia regional que ahora se encuentran dispersos por Madrid, y a los que acceden a diario más de 30.000 personas. El objetivo del proyecto es un ahorro cercano al 50% para las arcas públicas en alquileres y costes. Unos 2.000 millones de ahorro en 40 años.
La Ciudad de la Justicia estará compuesta por entre 10 y 13 edificios, por los 10 previstos inicialmente. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para este año incluyen una partida de 23 millones de euros - por los 3 millones que se preveían inicialmente. Las obras del proyecto se sacarán a licitación en el primer semestre de este mismo 2024.
El diseño y las obras se adjudican este verano
Para el verano de este año está prevista la adjudicación de la redacción del proyecto, que debería alistarse en un plazo máximo de 9 meses. Las empresas interesadas en pujar por la licitación de la redacción deberán estar capacitadas para llevar a cabo también las obras, que deberían empezar en el primer semestre de 2025.
El lote 1 -que incluirá la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia- así como una parte del lote 2, el 50% del proyecto, deberían estar construidos para finales de 2026, de forma que los funcionarios podrían empezar a trasladarse en el primer semestre del 2027.
