Inmobiliario

La jet promotora se conjura contra el Gobierno: "Hace 'vivienda política', no política de vivienda"

Entre los grandes empresarios del sector promotor crece el hastío con la demonización del inversor por parte de Moncloa

  • Pedro Sánchez e Isabel Rodríguez tienen un plan (de vivienda) -

Uno de los sectores empresariales que ya empieza a posicionarse abiertamente alrededor del Gobierno es el de los promotores. La realidad es que una incipiente cercanía reluce cada vez más patente entre el sector y el partido líder de la oposición, el Partido Popular, como lo refleja un documento de posicionamiento de la Asociación de Promotores Constructores de España sobre el plan de medidas urgentes anunciadas por Alberto Núñez Feijóo dentro de su programa de vivienda.

Se trata de medidas dirigidas a levantar reestricciones burocráticas al desarrollo de suelo para agilizar la promoción público-privada y "reducir de diez a cuatro años el tiempo medio de construcción para nuevas viviendas", ofrecer estímulos fiscales al acceso a la vivienda e incrementar la seguridad jurídica al sector promotor y patrimonialista frente a cambios en las reglas de juego -como podría suponer el control de precios del Gobierno o la 'okupación'-. Asumen que la solución real al problema de la vivienda requiere medidas a "años" vista y entroncan con lo que el real estate patrio ha reclamado insistentemente en los últimos meses, lo que no debería sorprender si se atiende a que las medidas son el resultado del diálogo con los empresarios.

"Van en su mayoría en una línea muy diferente a lo que propone el Gobierno. Si bien algunas medidas, por ejemplo, las relativas a la okupación, son todavía algo livianas a nuestro entender, la realidad es que en conjunto suenan a algo serio y coherente frente a lo que está planteando Moncloa. Nos alegra saber que todavía quedan políticos cuerdos que se apoyan en la gente que sabe", traslada un importante ejecutivo del sector.

"La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que las medidas que contiene el Plan Urgente de Vivienda presentado por el Partido Popular van en la buena dirección para solucionar el problema de la vivienda"

Parte del quid de la cuestión de este apoyo cada vez más visible del sector al Partido Popular está en la fuerza que, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores económicos, alberga el PP para ofrecer ya a estos empresarios: los populares lideran la mayoría de las comunidades autónomas del país, algo medular para una actividad cuya regulación depende en buena medida de decisiones autonómicas o municipales.

Existen cuestiones de índole estatal, por las que el Gobierno mantiene siempre un peso relevante, pero las comunidades y ayuntamientos tienen suficiente poder como para inclinar la balanza de inversores, como lo refleja la creciente disparidad entre Cataluña y Madrid en proyectos inmobiliarios, en especial, los residenciales.

"La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) considera que las medidas que contiene el Plan Urgente de Vivienda presentado por el Partido Popular van en la buena dirección para solucionar el problema de la vivienda", han manifestado desde la patronal que encabeza Xavier Vilajoana tras los anuncios de Feijóo, al que le han reclamado la "inmediata" aplicación de las medidas anunciadas en las CCAA donde ya manda el PP.

Inconsistencia en la propuesta del Gobierno

"APCEspaña lamenta que, ante el diagnóstico tan grave, claro y compartido -de que el problema de la vivienda es de oferta-, haya propuestas o medidas por parte del Gobierno que obvien el origen del problema y desvíen las iniciativas a una mayor intervención, que en nada procurará la mayor oferta de vivienda asequible necesaria", ha sido, por contra, el mensaje de la Asociación de promotores en respuesta a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez hace unas semanas.

Unas propuestas desde Moncloa que incluyen la pretendida promoción de importantes volúmenes de vivienda pública y protegida a la par de Sareb con ayudas financieras a promotores (a través del Instituto de Crédito Oficial, una iniciativa que sí ha sido bienvenida por parte del sector) y demandantes de vivienda, pero a la par de una creciente intervención pública sobre el mercado. En este apartado cabe incluir el coto a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes -de dudosa compatibilidad con el derecho europeo-, o a las socimis residenciales que no incluyan vivienda asequible en sus portfolios, además de restricciones a los alquileres turísticos y una velada amenaza de extensión de medidas como el control de precios del alquiler a todo el Estado.

"Vamos a ver cómo (el mercado extranjero de segunda residencia) reacciona ahora ante la estupidez, perdón por la expresión, que ha manifestado el presidente del Gobierno, penalizando al comprador no residente, que es un absurdo", llegó a esgrimir David Martínez en un reciente foro de la escuela de negocios IESE. El consejero delegado de una de las mayores promotoras cotizadas, Aedas Homes, reflejó un sentir mayoritario en el sector de frustración ante medidas que no atacan el fondo del problema. 

"Desde APCE se recuerda que el peso de compradores no comunitarios no residentes no alcanza el 3% del total de las compraventas", han incidido desde la patronal, recordando el déficit de más de 500.000 viviendas que proyecta el Banco de España al cabo de este año ante el creciente desfase entre las corrientes migratorias y el volúmen de unidades residenciales que se producen en el mercado.

Más que política de vivienda, parece que quieren hacer de la vivienda, política"

"Más que política de vivienda, parece que quieren hacer de la vivienda, política", resume a este diario un importante ejecutivo nacional sobre la percepción que empieza a extenderse en el mundo promotor ante los sucesivos anuncios de un presidente del Gobierno que ha prometido 184.000 viviendas que necesitarían también del apoyo del sector privado para ver la luz.

Una propuesta con visos de inconsistencia a ojos de no pocos empresarios del sector promotor, que ya han dejado clara su posición en situaciones de impacto para el Ejecutivo, como lo sucedido con la primera fase del Proyecto Viena de Sareb. No son pocos los empresarios consultados por este medio que incluyen a la coyuntura política de "demonización del inversor privado" entre los argumentos por los que la primera fase del megaconcurso para 15.000 de las viviendas prometidas por Sánchez ha quedado finalmente desierto.

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