Las empresas energéticas se preparan para lo peor. En el último mes Iberdrola, Endesa, Repsol, Moeve (antigua Cepsa) o Naturgy han vivido en una montaña rusa de informaciones a costa del impuestazo.
En las últimas horas, fuentes del sector energético explican a este periódico que asumen que el Gobierno prolongará finalmente el impuesto sobre los ingresos generados en España a las grandes corporaciones. “Asumimos que en el último Consejo de Ministros saldrá adelante la prórroga del impuesto”, se lamentan desde una de las principales compañías energéticas españolas.
El impuesto del 1,2% a las compañías energéticas, que se ha sustanciado en una recaudación de 1.164 millones de euros correspondientes a 2023, solo afecta a las más grandes firmas del sector, aquellas cuya cifra de negocio supera los mil millones de euros.
El desánimo en los despachos de las compañías se produce a pesar de las intentonas de Junts por tumbar el impuestazo a las empresas energéticas. El Ministerio de Hacienda no logró el apoyo de la formación independentista, y que resulta clave para sacar adelante las proposición es en el Congreso de los Diputados.
Pese al ‘no’ de Junts, al que también se unió el PNV, desde el PSOE se transmite que el acuerdo es posible para que salga adelante y se declare permanente el gravamen. Así, se espera que antes de que finalice el año las reuniones entre los diferentes equipos negociadores cristalicen y las empresas energéticas tengan que pasar por caja trimestralmente.
Desde las empresas energéticas se desliza la posibilidad de que, finalmente, Junts claudique ante los deseos de Moncloa.Todo hace indicar que el próximo lunes se firme un decreto ley en el que aparezca el manido impuesto a la banca y a las energéticas y, previsiblemente, el martes aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ese momento, el gravamen será efectivo, pero se deberá convalidar en el Congreso de los Diputados.
Será a mediados de enero cuando deberá aprobarse o no y ahí Junts volverá a ser clave por enésima vez en esta legislatura. Míriam Nogueras ha recalcado esta semana que el impuesto no saldrá adelante bajo estas mismas condiciones. Pero desde el sector energético no se da nada por descartado y recelan de que todo vuelva a dar un vuelco y que, finalmente, el gravamen se apruebe en la Cámara Baja.
Desde el sector energético también existe gran preocupación por cómo se ha tratado el impuesto energético. “Hemos sido marionetas durante casi dos años y nos enteramos los últimos de cuáles serán las novedades”, apuntan otras fuentes consultadas por este periódico.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha sido el directivo más crítico con el impuestazo y ya avisó que "miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular".
División en el sector
Pero a pesar de que el Gobierno consiguiera que todas las empresas del sector energético se alinearan contra el impuestazo, en las últimas semanas eléctricas y petroleras se han distanciado velando cada parte sus intereses.
Fuentes del sector eléctrico abogan porque el impuestazo recaiga única y exclusivamente en aquellas compañías que aún utilizan los combustibles fósiles y que, por tanto, contaminan más que ellas.
Algo que, obviamente, no comparten desde el otro lado. Fuentes cercanas a las compañías petroleras recuerdan que son “ellas las que más invierten en el proceso de descarbonización”. Tanto Repsol como Moeve, de hecho, han tensado la cuerda y aseguraron que si se mantiene el impuesto dejarían en suspenso todas las inversiones en España en materia de transición energética.
Con todo, la incertidumbre es máxima y como reconocen las fuentes consultadas por este periódico “en un mes puede pasar de todo” y el Gobierno podría negociar con Junts para que logre arrancar el impuestazo a las empresas petroleras y eléctricas. No obstante, tampoco se descarta que el gravamen salga adelante aunque con condicionantes. PNV y Junts también tantearon la posibilidad de que el impuesto salga adelante, pero con condicionantes. Las dos formaciones lucharon con Moncloa para que la cantidad pagada por las empresas fuera devuelta siempre y cuando garanticen inversiones contra la descarbonización.
