El seguimiento del Plan de Recuperación, al que están asociados los fondos europeos Next Generation EU no es tarea fácil. El Gobierno asegura que marchan a velocidad de crucero y se captarán los 163.000 millones que España puede recibir hasta 2026, pero los datos públicos son escasos, los retos inmensos y los analistas que estudian las fuentes oficiales apuntan a una ejecución aún a medio gas.
El problema no es sólo que el dinero se convoque o licite, sino que la resolución sea efectiva y finalmente se asigne a un beneficiario final. No es hasta ese último paso, según Llorente y Cuenca (LLYC), cuando se puede hablar de ejecución real e impacto en la economía, incluso aunque no se haya realizado el pago final al destinatario, pues una vez se resuelve una convocatoria ya se puede arrancar el proyecto.
La consultora calcula que a cierre de 2023 se habían comprometido 66.296 millones de euros, casi el 95% del Plan original (cerca de 70.000 millones que finalmente se han ampliado a 163.000 millones). Sin embargo, esto sólo significa que el Estado (que gestiona más del 60% del dinero) y las CCAA (a las que transfiere casi el 40% de los fondos) tienen la voluntad de asignar los recursos, pero no que lo hayan conseguido.
En base a su seguimiento de las convocatorias estatales y de los datos agregados de ejecución de las CCAA comunicados por el Gobierno en diciembre de 2023), se habrían adjudicado alrededor de un 46% de los 70.000 millones iniciales, unos 32.500 millones. Si se toma como referencia los 163.000 millones que finalmente España puede captar de la UE, el porcentaje de ejecución es aún menor, del 20%.
El principal problema se concentra en las CCAA, de las que sólo se dispone de un dato proporcionado por Nadia Calviño el pasado diciembre: 5.600 millones de euros adjudicados. En la Administración General del Estado, de los 38.336 millones de euros comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones por 30.552 millones (el 78% de lo comprometido) a 31 de diciembre de 2023, pero finalmente se han adjudicado a beneficiarios finales 24.000 millones.
Un 20%, sin beneficiario
Esa diferencia entre los 30.500 millones resueltos y los 24.000 millones adjudicados es lo que se conoce como remanentes. Desde LLYC explican que hay convocatorias y licitaciones que, pese a resolverse, no logran asignar todo el dinero previsto porque no hay suficientes solicitudes o porque los solicitantes no reúnen los requisitos para optar a él. Sus cálculos apuntan a que de todo el dinero que ha resuelto el Estado (30.500 millones), alrededor de un 22% queda desierto.
Sólo en el último año, 2023, esos remanentes de las convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado han pasado de los 3.580 millones a 31 de diciembre de 2022 a los 6.576 millones a 31 de diciembre de 2023. Es decir, casi 3.000 millones más en un año. Se han dado casos en las primeras convocatorias de los grandes proyectos estratégicos del Automóvil, el Agroalimentario, el Naval, y otros programas industriales, de digitalización y de movilidad.
La consultora no tiene datos propios de las CCAA, pero asegura que "aplicando el porcentaje de adjudicación del 78% de la Administración General del Estado a los 24.188 millones transferidos a las CCAA, tendríamos que, cuando se resuelvan todas las convocatorias y licitaciones, podrían quedar al menos unos 5.205 millones en remanentes autonómicos".
Además, según dice, "la generación de estos remanentes se ha vuelto estructural y se puede prever que ese porcentaje se mantenga en las resoluciones pendientes de 2023". En este sentido, apunta la consultora, "si aplicamos el mismo porcentaje de eficacia a los 7.800 millones que no se han resuelto aún y a otros 4.000 millones que están pendientes de comprometerse", se podrían generar otros 2.500 millones de remanentes.
En total, el dinero que podría quedar desierto tras haberse convocado o licitado podría ascender a 14.300 millones, un 20% de la primera parte del Plan, los 70.000 millones de subvenciones. Además, Llorente y Cuenca advierte de que la cifra puede ser mayor, pues el porcentaje de ejecución de las CCAA podría ser menor que en el Estado.
Este dinero acumulado en remanentes no se pierde, puede volver a convocarse, pero siempre con el plazo máximo marcado por la Comisión Europea del 31 de agosto de 2026. Paloma Baena, directora de Asuntos Europeos de LLYC, y Francesc García-Donet, experto en asuntos públicos de la misma consultora, apuntan a la importancia de que se ejecuten cuanto antes, a través de nuevas convocatorias o licitaciones.
El otro riesgo que señala la consultora en su informe es que los países reciben los Next Generation por tramos, a cambio de cumplir unos hitos y objetivos pactados con la Comisión Europea. A partir de ahora un gran número de esos hitos tendrán que ver con inversiones realizadas con los fondos, por lo que una baja adjudicación y ejecución puede implicar un incumplimiento y, por tanto, una pérdida temporal o definitiva de fondos.
