A mediados del pasado mes de octubre, una Orden del Ministerio de Transición Ecológica ponía punto final al proceso de cesión de buena parte de los terrenos que ocupaba la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) a la Comunidad Autónoma de Euskadi. En paralelo, el departamento que dirige ahora en funciones Teresa Ribera prepara ya los trámites para hacer lo propio con los suelos afectos a otra planta nuclear que nunca llegó a entrar en operación: la de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz. En este caso, la beneficiaria será la comunidad de Extremadura. En virtud de estas operaciones, ambas Administraciones recibirán algo más de 16 kilómetros cuadrados de suelo de distinto tipo y calificación. Y todo gracias a una concesión realizada en su día al PNV por Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda con los gobiernos de Mariano Rajoy, y que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Es decir, los que siguen hoy vigentes, vía prórroga.
Un aluvión de hectáreas, tantas como 1.630, equivalentes a más de 2.200 campos de fútbol con medidas reglamentarias. Para hacerse una idea de la magnitud, la extensión equivale a multiplicar por nueve la superficie edificable de Madrid Nuevo Norte, tradicionalmente conocido como operación Chamartín, donde está prevista la construcción de más de 10.000 viviendas, un centro de negocios y más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes. También es asimilable a la extensión de municipios como Hospitalet de Llobregat, con más de 200.000 habitantes, o Granollers.
En realidad, la circunstancia tiene su origen en lo que en su día se conoció como "moratoria nuclear" pero que, en último término, se debe a una modificación introducida por el último Gobierno del PP, aprovechando la palanca de los Presupuestos 2018, a las condiciones de la moratoria nuclear establecidas por la polémica Ley del Sector Eléctrico del no menos controvertido exministro de Industria José Manuel Soria.
Tanto la central de Lemóniz como la de Valdecaballeros comenzaron a construirse en la segunda mitad de los años 70. La primera pertenecía en exclusiva a la antigua Hidroeléctrica Española (hoy Iberdrola) mientras que esta compañía compartía la titularidad de la central pacense con extinta Sevillana de Electricidad (fusionada después junto a otras filiales en Endesa). Ambas se vieron afectadas por la moratoria nuclear decretada por el Gobierno de Felipe González e incluida en el Plan Energético Nacional 1983-1992, que echó abajo los planes para poner en marcha las centrales.
Indemnización a Iberdrola y Endesa
El Ejecutivo determinó que un porcentaje del recibo eléctrico sería destinado a compensar a las eléctricas por las inversiones realizadas y el coste de la financiación, una partida que superó los 4.000 millones de euros para las dos centrales.
Para contribuir a reducir el déficit generado por la moratoria nuclear, las titulares de las plantas procedieron a vender parte de los activos afectos a los proyectos, con la condición de que los ingresos fueran a parar al fondo de titulización de activos creado con el objeto de financiar el déficit.
A finales de 2015, la deuda con las compañías quedó liquidada. Sin embargo, buena parte de los terrenos e inmuebles de las centrales aún no se habían vendido debido tanto a las dificultes para valorarlos como a los efectos de la crisis económica que comenzó a finales de la década anterior y que afectó con especial virulencia al sector inmobiliario y al mercado del suelo.
En este punto, en el marco de las negociaciones entabladas por el último Gobierno de Rajoy, en minoría, para sacar adelante los Presupuestos, el PNV negoció la posibilidad de que los activos de la central de Lemóniz que aún estaban registrados a nombre de Iberdrola pudieran pasar a ser de titularidad pública, concretamente del Gobierno autonómico. En el horizonte, la posibilidad de darles un uso industrial dado el interés de algunos grupos extranjeros por aprovechar las instalaciones.
La modificación a la Ley del Sector Eléctrico permitía que, en el caso de que las titulares de las centrales afectadas por la moratoria nuclear hubieran sido ya compensadas en su totalidad (como era el caso de Iberdrola y Endesa en Lemóniz y Valdecaballeros) pudiera acordarse la cesión a Administraciones Públicas de los activos que aún no se hubieran vendido.
Extremadura, abonada a la fotovoltaica
En el caso de Euskadi, pasará a ser titular de unas 170 hectáreas, aunque la mayoría de ellas pertenecen a suelo no urbano. En concreto, tan solo los terrenos que ocupan las instalaciones de la central, aproximadamente un 20% del total cedido al Gobierno vasco, tienen esta calificación. El resto son suelos protegidos para uso agroganadero y forestal o bien sin vocación definida.
El trámite de la central de Valdecaballeros sigue los mismos pasos aunque se encuentra en estadios menos avanzados. Por ahora, la orden del Ministerio de Transición Ecológica que articulará la cesión de los suelos a la Comunidad Autónoma de Extremadura está en fase de proyecto; hace diez días se iniciaron los trámites de consulta pública.
En este caso, los terrenos incluidos en la cesión son notablemente más extensos que los de la plata de Lemóniz, ya que suman cerca de 1.500 hectáreas, una vez han quedado fuera los que pertenecen al dominio público del embalse asociado a la concesión de agua con destino a la refrigeración de la central.
En el entorno de la central nuclear de Valdecaballeros se han establecido varias plantas fotovoltaicas, entre ellas la adquirida por Repsol hace algo más de un año, que acaba de obtener la declaración de impacto ambiental positiva y que espera el inicio de las obras para el primer trimestre del próximo año.
