Varios municipios turísticos de la Costa Blanca como Alicante, Benidorm o Elche reclaman al Gobierno más financiación para asumir los gastos públicos derivados del aumento de la población flotante (como se denomina a aquellos que residen en una localidad sin estar empadronados ni censados en ella), que en algunos casos ha llegado a duplicarse o triplicarse durante el confinamiento.
Un informe reciente del Consejo General de Economistas de España titulado Los municipios en tiempos de Covid: El territorio de la cooperación denuncia que "los llamados municipios turísticos deben enfrentarse a unas necesidades de gasto e inversiones en infraestructura superiores al resto de municipios, derivadas de la existencia de una población de hecho muy superior a la población de derecho".
Esta es una problemática que determinados ayuntamientos venían denunciando años atrás pero que, con el estado de alarma por la covid-19, se ha evidenciado. Durante la presentación de este informe, el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, revelaba que durante el confinamiento esta situación se ha agravado con el trasvase de ciudadanos residentes en determinadas comunidades autónomas y con segundas residencias en zonas costeras.
El Ayuntamiento de Benidorm registró 130.000 personas confinadas pese a que sólo había empadronadas 70.000
Antonio Pérez detalla que aunque sólo hay 70.000 empadronados en este municipio, por el registro del agua pudieron comprobar que había alrededor de 130.000 personas confinadas dentro de las fronteras de Benidorm; es decir, casi el doble. Algo similar ocurre en Alicante, donde hay más de 250.000 segundas residencias.
Su alcalde, Luis Barcala, comentaba que "Alicante incrementó en más de 7.000 personas el empadronamiento en 2020 y por encima del 85% de estos nuevos residentes eran personas que tenían ya una segunda residencia en este municipio y decidieron que fuera la primera; pero es impensable que eso ocurra con las más de 250.000 segundas residencias que hay".
Los ayuntamientos destacan una serie de gastos sobre los que la actividad turística genera un mayor impacto, afectando al presupuesto de los municipios: la protección civil, la seguridad ciudadana, la gestión de residuos, la protección del medio ambiente, el suministro de agua y alumbrado público, el servicio de limpieza diaria, o el mantenimiento de playas y otros atractivos turísticos.
La población de hecho y de derecho
El Estado cede una parte de su recaudación a través de siete impuestos (entre ellos el IVA y el IRPF) a los municipios de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia o de comunidad autónoma. Para el resto de los municipios se establece un modelo de participación en los tributos del Estado definido por variables como la población de derecho (los empadronados en un determinado lugar), el esfuerzo fiscal municipal y la capacidad tributaria.
La ley también contempla que los municipios considerados "turísticos" pueden recibir financiación adicional del Estado, pero los ayuntamientos denuncian que actualmente sólo cumplen con los requisitos establecidos 15 municipios en todo el territorio español: Calpe, El Campello y Santa Pola en Alicante; Cullera y Sueca en Valencia; Rota en Cádiz; Almuñécar en Granada; Isla Cristina y Lepe en Huelva; Nerja en Málaga; San Javier y San Pedro de Pinatar en Murcia; y Calafell, Cambrills y Salou en Tarragona.
En base a la ley, se consideran municipios turísticos aquellos con más de 20.000 habitantes, según la población que figura en el Padrón municipal; y cuyo número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, según el último censo de edificios y viviendas del INE. "Hay municipios que llegan a multiplicar su población por diez y tan solo reciben financiación por los censados, cosa que resulta irreal y que dificulta la atención de todos los gastos que genera esa población flotante", explicaba el alcalde de Benidorm.
En este sentido, determinados ayuntamientos reclaman una ley que reconozca la singularidad de estos destinos, donde la afluencia de personas es más elevada por el turismo y los visitantes con segundas residencias (población de hecho). "El gasto público adicional que deben asumir estos municipios turísticos tendría que ir necesariamente ligado a una financiación suficiente", sentencia El Consejo General de Economistas.
