El próximo jueves finaliza el plazo para presentar enmiendas para el nuevo impuesto dirigido a las energéticas. Un período donde los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, aprovecharán para matizar su propia propuesta para acoplarse a los requisitos de Bruselas. Las empresas afectadas, por su parte, apuran los últimos días para que se alivie este ‘castigo’. 

Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, se espera que la Comisión Europea ponga “pocos peros” a la medida española y esto provocará que se hagan pocas medidas en el impuesto. Un escenario que sorprende porque el impuesto español se calcula sobre los ingresos y la ‘contribución solidaria’ que propone Bruselas deja claro que se debe calcular sobre los beneficios.

El plan español castiga a empresas como Iberdrola, Naturgy o Endesa frente a lo que ofrece Europa, ya que incluye a los sectores eléctrico y gasista. Europa quiere que los países miembros graven el exceso de beneficios, calculado restando a los beneficios de 2022 o los de 2023) la media de los beneficios desde 2018 incrementada en un 20%.

El destino de estos fondos tiene que ser apoyar consumidores vulnerables, renovables, eficiencia energética, industria intensiva en energía y proyectos de conexión transfronteriza. España no convertirá este impuesto en finalista. Es decir, lo recaudado irá a la 'caja' del Estado y no se mantendrá para un destino concreto.

Asimismo, se abre la puerta a que España pueda mantener su divergencia principal, que su impuesto grava ingresos y no beneficios. Aunque el borrador plantea gravar los beneficios extra de 2022 un 33% y que los Estados podrán incrementar el tipo también plantea que los Estados puedan mantener cualquier medida de efecto equivalente, lo que cabe deducir que el Gobierno español ahora peleará por mantener.

El alcance temporal de este impuesto era otra de las correcciones de Bruselas al Gobierno. El documento del Consejo de principios de septiembre ya apuntaba a que la base para el cálculo de las contribuciones solidarias temporales son los beneficios imponibles de las empresas energéticas en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías según lo determinado en las leyes fiscales nacionales de los países miembros para "el ejercicio fiscal que comience a partir del 1 de enero de 2022". 

Bruselas tampoco diferencia a las grandes energéticas que operan con combustibles fósiles de las pequeñas, mientras que el Gobierno solo pedirá el 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios a las empresas que superen los 1.000 millones de facturación. Las compañías pide tanto a Europa como España que tome como ejemplo las medidas de otros gobiernos para mantener el impuesto pero de una forma más 'coherente'.

'La rebeldía italiana'

Italia es una de las referencias. El país ha implementado un impuesto del 25% sobre las ganancias extraordinarias de las empresas eléctricas, petroleras y gasísticas. Su impuesto se aplica sobre la diferencia del beneficio neto entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022. Las empresas energéticas podrán abonar el impuesto en dos plazos: en junio de 2022, el 40%, y en noviembre, el 60% restante. 

Y este escenario ha provocado 'la rebeldía'. Varias empresas energéticas han decidido no pagar, calificando de "inconstitucional" el impuesto. El Gobierno italiano se basa en que el impuesto se aplica sobre el saldo de las operaciones de IVA y no sobre los beneficios reales, que sólo pueden verificarse cuando se aprueban y oficializan los balances de las empresas. Desde el Parlamento italiano se ha propuesto ampliar el impuesto a los traders que comercian con gas, electricidad y productos petrolíferos.

'Privilegios británicos'

El 26 de mayo entró en vigor un impuesto adicional a las empresas de petróleo y gas en Reino Unido. Una tasa que es un recargo en el Impuesto de Sociedades, que pasará del 40% al 65% para estas compañías. Uno de los aspectos que más seduce a las petroleras españolas del plan británico son las deducciones fiscales de hasta el 80% para inversiones. A diferencia que en España, su impuesto no afecta a las compañías eléctricas.

El tercer país que maneja un impuesto a las energéticas es Bélgica. El ejecutivo que lidera Alexander De Croo ha presentado un proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario con un tipo del 25% sobre los márgenes del resultado bruto de las empresas este año en comparación con el año anterior.

Tres países que, entre otras cosas, comparten no castigar los ingresos sino los beneficios. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), en un reciente informe, recomendó que en caso de aplicar impuestos extraordinarios, no hacerlo sobre la facturación sino sobre los beneficios.