El poder adquisitivo de las familias en España es un tema recurrente en los estudios económicos, ya que refleja la capacidad de los hogares para hacer frente a los gastos cotidianos y mantener su nivel de vida. Factores como el salario medio, el coste de la vida, la inflación y el acceso a servicios esenciales influyen directamente en la solvencia de los ciudadanos y en su bienestar económico. Sin embargo, esta realidad varía significativamente de una región a otra, generando diferencias notables entre comunidades autónomas.
Para arrojar luz sobre esta cuestión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un nuevo estudio que analiza el nivel de solvencia y poder adquisitivo de los españoles en función de distintos indicadores económicos. Los resultados del informe ofrecen datos sorprendentes, ya que algunas de las regiones con mejores cifras no son precisamente las que muchos esperarían.
El Estudio de Solvencia Familiar realizado por la organización recoge la experiencia de una muestra representativa de la población española entre 25 y 79 años, formada por 2.620 personas, con el fin de analizar su capacidad para afrontar 37 partidas básicas de gasto doméstico agrupadas en 6 áreas: vivienda (hipoteca, alquiler, gas, luz, agua, telecomunicaciones…), alimentación (frescos, básicos, bebidas, aperitivos...), salud (médico, dentista, fármacos...), educación (colegio, universidad, extraescolares...), movilidad (automóvil, transporte público…), y cultura, ocio y tiempo libre (museos, espectáculos, libros, ropa, hostelería, vacaciones…)
La OCU también señala que, a pesar de la mejoría del Índice de Solvencia Familiar, que ha subido de 46,0 puntos en 2023 a 47,4 puntos en 2024, el dato sigue siendo inferior al de 2019, cuando alcanzaba los 48,7 puntos.
¿Dónde tienen mejor (y peor) índice de solvencia?
Según el estudio, se reflejan importantes diferencias según la comunidad autónoma de residencia de los encuestados. Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Madrid, Extremadura y Canarias son, por este orden, las regiones con un peor índice de solvencia familiar, inferior a los 47 puntos. Mientras que La Rioja y Navarra superan los 50 puntos, colocándose como las mejores. Si bien esta última autonomía ha experimentado una ligera bajada respecto al año pasado, lo mismo que Aragón y Extremadura.
Mejora general, pero aumentan las desigualdades
El estudio de la OCU también desvela la situación paradójica que vive la economía española. Y es que, según el informe, las diferencias entre hogares también parecen ampliarse. Aunque ha subido hasta el 33% el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero (aquellas que no tienen dificultades para afrontar los gastos cotidianos), también han aumentado el grupo de familias con un bajo confort financiero, hasta el 16%. Lo que confirmaría un estrechamiento del número de hogares que podrían considerarse como clase media, que ahora suma el 51%, cuando en 2018 representaba el 63%. Es más, si bien las dificultades para ahorrar han disminuido ligeramente, siguen siendo habituales para el 69% de los hogares.
Vivienda y alimentación: las áreas más castigadas
Luego, por partidas, las que corresponden a las áreas de vivienda y alimentación siguen siendo las más difíciles de afrontar. En cuanto a la alimentación, al 33% de las familias les resulta difícil o muy difícil de afrontar la compra de frutas y verduras; y para el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos le sucede al 30% de las familias; también al 42% con la carne y el pescado, considerados casi como un lujo en muchos hogares. Aun así, se observan dificultades en la gran mayoría de los gastos domésticos -no solo alimentación y vivienda-, ya que, por ejemplo, entre los gastos más importantes para las familias destacan los asociados al automóvil (al 48% de los hogares les resulta difícil o muy difícil pagarlos).
Ante esta situación, la OCU insiste al Gobierno para reducir el IVA del 4% al 0% para los alimentos básicos, incluida la carne y el pescado, actualmente sujetos al 10%. De igual modo, y en el área de vivienda, recuerda la necesidad de facilitar los acuerdos con las entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias para las familias con dificultades para pagar la hipoteca.
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