El año arranca con una subida de cotizaciones para pagar las pensiones que afecta fundamentalmente a los salarios altos, aquellos que superan los 59.000 euros, y rondará los 1.000 euros anuales de media. El incremento de la base máxima en un 4% hasta los 4.909,5 euros mensuales, la nueva 'cuota de solidaridad' para aquellos que superen esa máxima (hasta un 1,17%), y la subida generalizada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,8% son medidas incluidas en la última reforma de las pensiones.

Este sobrecoste lo asumirán en su gran mayoría las empresas, alrededor del 83% del total, mientras que el 17% restante corresponderá al trabajador. Por ejemplo, en un sueldo medio de 70.000 euros, se estima un incremento de cotizaciones sociales de 1.037 euros anuales, de los que 867 euros los afrontará la empresa y los otros 170, el trabajador. En el caso de la cuota de solidaridad, será superior cuanto mayor sea el salario, pudiendo superar los 500 euros anuales y la sobrecotización por las tres medidas, los 2.000 euros.

Desde 2024 la base máxima de cotización se revaloriza en base a la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del ejercicio anterior, más un 1,2% adicional. Esa subida de la base máxima por la que cotizan los trabajadores será superior a la revalorización de la pensión máxima del sistema, que se incrementa anualmente la variación media del IPC más un 0,115% adicional. Por tanto, los asalariados que superen la base máxima y sus empleadores cotizarán más sin que esa cotización adicional genere apenas derecho a una pensión mayor.

Asimismo, tanto la 'cuota de la solidaridad' como el MEI implican incrementos de cotizaciones para la empresa y el trabajador con carácter recaudatorio, pero no contributivo. Es decir, no generan mejoras en la base de cotización sobre la que se calculan las futuras pensiones de esos trabajadores. A diferencia del MEI, una medida que viene aplicándose desde 2023, la 'cuota' de solidaridad' que se aplicará por primera vez en 2025 no afecta a los autónomos cuyos ingresos superen la base máxima de cotización de la Seguridad Social.

El importe de la nueva 'cuota de solidaridad' se determina en función del exceso de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena sobre la base máxima de cotización, y este año oscilará entre un 0,92% y 1,17% en 2025. Esta cuota de solidaridad irá creciendo cada año en un 0,25% hasta alcanzar en 2045 un rango de entre el 5,5% y el 7% de cotización 'extra', siendo este último el tipo aplicado a los salarios más altos (a aquella parte del sueldo que supere en más de un 50% la base máxima de cotización).

En el caso del MEI, que afecta desde 2023 a todos los trabajadores independientemente de sus ingresos, el porcentaje a aplicar sobre la base de cotización pasa este año de un 0,7% a un 0,8%; es decir, una décima más. Seguirá aumentando en los años próximos hasta alcanzar, a partir de 2029, un 1,2%. Esta recaudación 'extra' del MEI se destina a llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una 'hucha' prácticamente vacía hasta hace unos años y que ahora crece lentamente con el fin de crear reservas para la próxima década.

Con esta medida el Gobierno pretende recaudar este año 4.400 millones de euros, un 19% más que en 2024, a los que se suman otros 400 millones de la 'cuota de solidaridad' y otros casi 1.000 millones por otras medidas, entre las que se encuentra la subida de la base máxima de cotización o las cotizaciones por ingresos reales de los autónomos. En total, la Seguridad Social espera ingresar 5.799 millones con estas medidas este año, 1.729 millones más que en 2024. En total, las cotizaciones ascenderán hasta los 177.314 millones de euros.

La sostenibilidad de las pensiones

En definitiva, estas medidas pretenden aumentar los ingresos de la Seguridad Social para compensar el fuerte crecimiento que viene experimentando el gasto en pensiones, teniendo en cuenta que lo peor está aún por llegar, con la jubilación de los 'baby boomers'. Esto ha llevado al Estado a financiar parte del gasto vía transferencias o préstamos a la Seguridad Social, cubriendo alrededor del 30% del total. Algo que en cierto modo engorda la deuda pública hasta niveles punibles por las autoridades comunitarias.

El Gobierno podría estar obligado a plantear nuevos ajustes este mismo año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) trabaja ya en la primera evaluación sobre el impacto de la reforma de pensiones, que publicará este año. Deberá verificar que se cumplen los objetivos de sostenibilidad, calculando el impacto medio anual de las medidas para fortalecer los ingresos y utilizando las proyecciones de gasto derivadas del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing Report), publicado el pasado mes de abril.

Lo que se ha denominado como "cláusula de cierre" encarga a la AIReF la tarea no sólo de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos, sino de "comprobar que tanto los ingresos como el gasto en pensiones (promedio 2022-2050) estimado por el Ageing Report estén bajo ciertos umbrales". En el caso de que se produjera un desequilibrio, en el plazo de un mes desde la recepción del "Informe de Evaluación" de la AIReF, el Gobierno solicitará al organismo independiente de control fiscal un "Informe de Impacto de las Medidas".

En su solicitud, el Gobierno identificará posibles medidas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones estimado por la AIReF. Y a partir del Informe de Impacto de las Medidas de la AIReF, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo. Lo hará "mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas", reza la ley.

Esas medidas se sumarían a las subidas de cotizaciones a los trabajadores que ya contempla la reforma de las pensiones para afrontar el creciente gasto que acarrea no sólo el envejecimiento de la población, sino también una de las medidas más importantes de la reforma: la revalorización anual con el IPC del año anterior. Entre 2022 y 2025, las pensiones contributivas han subido un 18,7%, mientras que las no contributivas y mínimas lo han hecho por encima. Con todo, el gasto en pensiones ya superó en 2024 los 200.000 millones. 

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de CEOE, ha criticado la "alegría preocupante" con la que el Estado realiza transferencias a la Seguridad Social, así como el hecho de que el aumento de las cotizaciones no genere derechos para los trabajadores. En su opinión, en un sistema de pensiones contributivo, las cotizaciones sociales no deben plantearse como un impuesto sino como "un componente diferido del salario que se perciba tras la jubilación en forma de pensión", algo que no ocurrirá con las nuevas medidas.

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