De nada le ha servido a Ignacio Sánchez Galán arropar a Pedro Sanchez en el estreno de su Plan 2050. El presidente de Iberdrola fue uno de los pocos líderes empresariales que se dejó ver hace doce días por el Reina Sofía. El salmantino, que ya se olía el hachazo a las eléctricas que pergeñaba Teresa Ribera, acudió raudo al acto, en el que un iluminado Sánchez reflexionó sobre cómo debe ser España dentro de 29 años.
A Galán, artífice del éxito de Iberdrola, le preocupaban otros asuntos más mundanos y, sobre todo, más cercanos en el tiempo. Como la amenaza latente que planea sobre las eléctricas desde que el líder socialista y Pablo Iglesias sellaron con un abrazo su Gobierno de coalición. En la página 22, el programa deja clara y meridiana la intención de PSOE y Unidas Podemos de aplicar un severo tajo a los ingresos de las grandes eléctricas. Y a la cabeza de todas está la que preside Ignacio Sánchez Galán.
"Realizaremos los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico", advierte el progama. El objetivo: "Acabar con la sobrerretribución (conocida como 'beneficios caídos del cielo') que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión".
Se conoce como 'beneficios caídos del cielo' (o 'windfall profits') al dinero que ganan algunas compañías con la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas y nucleares, que ya están amortizadas. El mercado eléctrico español, en el que conviven distintas tecnologías de producción, es marginalista. Esta característica hace que el coste de los megavatios generados lo marque la última fuente energética que se necesita para cubrir la demanda en cada momento. Quienes denuncian los 'windfall profits' aseguran que las eléctricas con más plantas hidroeléctricas o nucleares hacen el agosto cada vez que marca los precios una tecnología más cara (como el gas).
Hay quien baraja la tesis de que, tras esta andanada, hay un planteamiento de carácter ideológico; una especie de odio visceral y acumulado hacia las eléctricas.
Las compañías siempre se han defendido alegando que sus cuentas están auditadas, y su negocio es transparente y regulado. Hasta el momento, habían logrado esquivar el 'tajo' a esta fuente de ingresos. Y eso que otros Gobiernos, de colores muy distintos al rojo socialista, lo han intentado en el pasado. Sin ir más lejos, son muchos los directivos que coinciden en que el ministro más duro con el sector era del PP y se llamaba Álvaro Nadal. Pero no se atrevió -o no le dio tiempo- a regular sobre los 'beneficios caídos del cielo'.
El paso lo dará una ministra socialista, Teresa Ribera, y tendrá un impacto cercano a los 800 millones en el ebitda de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. La titular de Transición Ecológica considera que son esas cuatro compañías las que deben apechugar con un recorte de ingresos que servirá -en teoría- para contener las tarifas de la luz.
Ribera, reconocida experta en las lides de la energía y con las ideas claras, actúa por convicción y por necesidad. Y, para algunos, también por la presión recibida en su propio gabinete. De entrada, la presencia de Unidas Podemos -enemigo declarado de las eléctricas prácticamente desde su fundación- en el Consejo de Ministros no justifica por si solo el 'ataque' a las eléctricas. El Acuerdo sellado en octubre de 2018 entre Sánchez e Iglesias sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2019 hacía ya alusión explícita a la necesidad de fulminar los 'beneficios caídos del cielo'. Es más, el texto incluido en el actual pacto de Gobierno es un calco idéntico de lo redactado en 2018. Un auténtico corta-pega.
La pelea judicial está servida y el Ejecutivo tendrá que demostrar que el cambio de reglas es limpio, que hay razones objetivas y no aversiones
Aquel texto ya desvelaba cómo se pretendía llevar a cabo la medida: "Una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico. La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y será destinado, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores".
Aquellos Presupuestos quedaron en papel mojado cuando el Congreso los rechazó, iniciando el principio del fin del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la partitura ya estaba escrita, por lo que Ribera sólo tendrá ahora que atreverse a interpretarla.
Que la ministra de Transición Ecológica también actúe, en parte, por necesidad, se explica por los vaivenes que está sufriendo el precio de la luz. Si en enero se disparó por la cotización del gas (que arrastró al mercado eléctrico), ahora vuelve a subir por la subida de los derechos de emisiones. Al recortar los 'windfall profits', el Gobierno pretende que las eléctricas participen en la solución, ganando menos dinero.
Algunos directivos denuncian que el Ejecutivo está improvisando una medida de gran calado, que nadie se había obligado a aplicar hasta ahora y que puede provocar gran litigiosidad (se da por descontado que las empresas la recurrirán). Pero también hay quien baraja la tesis de que, tras esta andanada, hay un planteamiento de carácter ideológico; una especie de odio visceral y acumulado hacia las eléctricas. Nunca lo han escondido, sin ir más lejos, algunos de los responsables del partido morado, que permite a Pedro Sánchez gobernar.
El secretario de Programa de Podemos, Pablo Echenique ha llegado a acusar a las eléctricas de "atracar" a los ciudadanos con la factura de la luz. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado a los empresarios de "forrarse" mientras "hay gente que muere por no poder pagar la luz". Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado en más de una ocasión que las eléctricas "compran políticos".
Que la presencia en el Gobierno de voces tan beligerante haya servido para inclinar más la balanza contra las eléctricas sólo lo sabe Teresa Ribera y el resto de ministros con los que se reúne en el salón más protegido del Palacio de La Moncloa. La pelea judicial está servida y el Ejecutivo tendrá que demostrar que el cambio de reglas es limpio, que hay razones objetivas y no aversiones. Y lo más importante: que beneficia, de verdad, a los miles y miles de hogares vapuleados por la crisis.
