El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto de ley que crea la nueva reforma fiscal y tramitará ahora las enmiendas parciales, una oportunidad para contribuyentes y Ayuntamientos, que reclaman compensaciones. El proyecto no irá a Comisión sino al Pleno por petición de ERC. El impuesto fue declarado inconstitucional el pasado 26 de octubre con dudas sobre el alcance de la anulación y de las reclamaciones y compensaciones.
En la sentencia, publicada finalmente el pasado 3 de noviembre, se cerraba la puerta a reclamaciones de los casos que no estuvieran abiertos. El Real Decreto-ley de Hacienda que crea un nuevo impuesto se aprobó con urgencia el 8 de noviembre y entró en vigor el 10 de noviembre sin efecto retroactivo, con lo que dejaba fuera de su impacto las transacciones hasta el 10 de noviembre. Este escenario ha creado dudas sobre la sujeción al impuesto de distintos casos y ha llevado a los Ayuntamientos a pedir compensaciones.
De hecho, ERC ha pedido ya en su intervención hoy en el Pleno la creación de dos fondos para los Consistorios: uno de 1.500 millones de euros y un segundo permanente que les resarza de lo que pierdan con el nuevo impuesto, cuya cuantía habrá que determinar.
Tras convalidarse el Decreto del Gobierno, impulsado tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la Cámara Baja aprobó su tramitación como proyecto de ley. Vox anunció que lo recurrirá al TC, con lo que si este proceso tuviera éxito, afectaría en principio sólo al tiempo que el Decreto esté en vigor, es decir, unos meses, pero no a cuando sea vigente el proyecto de ley. Es decir, esta tramitación salvaguarda el nuevo impuesto.
La enmienda a la totalidad del PP buscaba que únicamente tengan que tributar por este impuesto las personas jurídicas que facturen más de un millón de euros, mientras que Vox planteaba la eliminación del impuesto.
El PP proponía eximir a todas las personas físicas del pago de la tributación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), pero también a todas las personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros.
Fondo para los ayuntamientos
Además, pretendía que en el plazo de seis meses el Ministerio de Hacienda aprobara un mecanismo progresivo de compensación a los ayuntamientos por las exenciones, previa participación y consulta con la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Vox planteaba su supresión, eliminando sus artículos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y sacando su mención entre los impuestos a exigir por parte de los ayuntamientos. Asimismo, quería eximir de su devengo toda liquidación pendiente en período voluntario de pago y permite la revisión de todas las liquidaciones finalizadas dentro de los límites establecidos para la prescripción de créditos contra la Administración de cuatro años.
