En adelante, los preferentistas que busquen recuperar sus ahorros a través de los procedimientos de arbitraje pactados en enero por los dos grandes partidos se han quedado sin la cobertura política que les brindaba el entendimiento entre el PP y el PSOE. Los socialistas han hecho trizas el acuerdo al introducir la polémica en la pugna partidista dentro de un debate que deja en evidencia la herencia que el Gobierno del PP recibió del equipo económico y de los organismos reguladores que operaban en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Este jueves, el Gobierno y el PSOE se intercambiaron en el Congreso un fuego de mortero que puede resultar mortífero para la imagen de ambos. Al ministro Luis de Guindos se le ha recordado que cuando era responsable de Lehman Brothers para España, comercializó preferentes sin advertir del mal estado de la entidad. El diputado socialista Antonio Hurtado comparó este ejemplo con el de Bankia. “Si Lehman Brothers hubiese informado de su situación real de 2006 a 2008, no hubiera comercializado ningún título. ¿O es que el falseamiento de la información de Bankia no fue clave para que los ahorradores adquiriesen este tipo de títulos?”.
El PSOE le recuerda a Luis de Guindos su pasado en Lehman Brothers y le reprocha la emisión de preferentes sin informar del mal estado de la entidad
Aunque no aporta aliento alguno para los atrapados por las preferentes, el Gobierno también dispone de artillería pesada y la ha hecho valer en el Congreso: Hasta 2010, bancos y cajas tenían un sistema de recompra de estas participaciones cuando un minorista quería venderlas. Pero en junio de ese año, con Elena Salgado en la Vicepresidencia económica, Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el sillón del Banco de España y Julio Segura al frente de la CNMV, se prohibió esta práctica. “Fue ahí, a partir de ese momento, cuando quedaron atrapados los preferentistas”, ha argumentado el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte.
La herencia de Zapatero da para más. Mientras que en 2002 y 2003, en vísperas de su llegada a La Moncloa, las entidades solo emitieron 1.600 millones en preferentes, en 2009 se comercializaron 11.000 millones en estos productos, a través de 23 emisiones. La razón es sencilla, la crisis había comenzado, gran parte de las cajas atravesaban serias dificultades y Zapatero, con su discurso de la Champions League, rehuyó pedir ayudas para estas entidades.
El PP culpa de lo ocurrido a Pedro Solbes, Elena Salgado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, además de animar a UPyD a dirigir su querella criminal contra ellos
Guindos ha reprochado a los socialistas haber tenido al frente del Banco de España y de la CNMV a personas de su confianza que miraron para otro lado cuando más de 200.000 inversores, los más atrapados, eligieron en 2009 a la antigua Cajamadrid para comprar lo que ahora representa el 82% del saldo vivo de las preferentes. En la actualidad, 10.000 millones siguen en el aire, de los cuales 5.600 son de pequeños ahorradores.
Siempre dispuesta a pescar en rio revuelto, UPyD presentará la semana que viene en la Audiencia Nacional una querella criminal contra los exresponsables del Banco de España y de la CNMV que autorizaron o dejaron de supervisar estos productos, así como contra los presidentas de las entidades que eligieron este atajo para captar capital. El PP invitó al partido de Rosa Díez a llevar también ante los jueces a Pedro Solbes, Elena Salgado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura.
El Gobierno recuerda que fue Zapatero quien prohibió a bancos y cajas en 2010 la recompra de preferentes a los minoristas interesados en su venta
Ayer, después de la batalla, el real decreto que abre la puerta a los procedimientos de arbitraje para los preferentistas, solo fue apoyado por el PP, una parte pequeña del Grupo Mixto y CiU, que ve resuelto con esta norma el problema de los clientes de Caixa Laietana. Este decreto crea una comisión de seguimiento presidida por la máxima responsable de la CNMV, Elvira Rodríguez, que se reunirá por primera vez el próximo 17 de abril.
El Gobierno dará prioridad a los afectados con menores ingresos, a los que tienen mayor edad y cargas familiares y a los que compraron el producto careciendo de formación financiera. Es un procedimiento en el que ahora no confía el PSOE, a pesar de que fue avalado por el exministro Valeriano Gómez en enero. “Es una operación de maquillaje para salvar la cara”, sentenció el diputado Antonio Hurtado, uno de los que hizo ayer la ola al grupo de afectados que tomó la tribuna de invitados del Congreso y fue desalojado por la policía después de insultar a los parlamentarios.
