La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, planea incluir en los Presupuestos Generales de 2023 parte de los 70.000 millones de euros en préstamos que solicitará a la Unión Europea el próximo año, asociados también al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Estos préstamos se podrán canalizar a través de inversiones y subvenciones gestionadas por los distintos ministerios, pero también contempla involucrar a las entidades financieras en la distribución del dinero europeo con distintos instrumentos (como préstamos, garantías o inversiones en capital), según detalla el Ejecutivo en el último informe de ejecución del citado Plan.
Para acceder a este instrumento comunitario y movilizar los créditos, a lo largo del año 2022 el Gobierno presentará a las instituciones europeas una adenda al Plan de Recuperación. En ella se detallará el calendario de inversiones hasta 2026 y el ritmo de los desembolsos, que dependerá del cumplimiento de nuevos hitos y objetivos comprometidos con Bruselas.
El Gobierno está identificando proyectos para financiar con estos préstamos, que en todo caso deben cumplir con los porcentajes de inversión digital y verde
Pero, sobre todo, ahora el Gobierno trabaja ahora en identificar potenciales proyectos e inversiones a financiar con estos fondos, lo que determinará la cantidad final de préstamos a solicitar. En todo caso, la selección de estos proyectos estará condicionada por los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%) que tiene que satisfacer el Plan del Gobierno.
"Estamos identificando las áreas prioritarias desde el punto de vista de la inversión y viendo cómo articular la canalización de estos recursos financieros adicionales", se limitó a señalar Calviño este lunes durante su comparecencia en la comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso.
Estos fondos se sumarán a otros 70.000 millones no reembolsables de los que el Gobierno ya está haciendo uso (por el momento sólo ha recibido un anticipo de 9.000 millones y está previsto que reciba otros 10.000 millones próximamente) y deberá seguir desbloqueando en los próximos años.
Se blinda ante una subida de tipos
Los Estados miembros tienen plazo para solicitar los préstamos hasta el 31 de agosto de 2023. Algunos países, como Italia, han hecho uso de estos créditos desde el inicio; mientras que España estaba alargando la solicitud hasta el último momento, explotando primero la vía de transferencias directas.
Sin embargo, la previsión de endurecimiento de las condiciones de financiación de la deuda pública ha acelerado los planes del Gobierno, que debe evitar incurrir en una irresponsabilidad por tomar la decisión tarde y con unos costes mayores, tal y como publicó Vozpópuli.
El Banco Central Europeo (BCE) decidió el pasado jueves empezar a retirar estímulos. En marzo acabará el programa de compras de deuda vinculado a la pandemia y en abril reducirá a la mitad las adquisiciones. Por su parte, el Banco de Inglaterra anunció el jueves que subirá tipos.
Al igual que con las transferencias, el desembolso de los préstamos se hace por tramos y están ligados al cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos. En este sentido, el Gobierno trabaja ahora en el diseño de la citada adenda al Plan para integrar la solicitud de préstamos en el ciclo presupuestario de 2023 y sucesivos, hasta 2026.
