El Ministerio de Hacienda ha admitido que está utilizando los fondos europeos como arma de negociación con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), a los que ofrecerá una posición prioritaria a la hora de recibir estos fondos y ejecutar proyectos estratégicos asociados, a cambio de que den su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
"Las conversaciones con el PNV y ERC trascurren en la normalidad en este momento de la elaboración de los Presupuestos, hay contacto fluido y las peticiones están en relación con las políticas de inversión básicamente que se puedan plantear dentro del territorio o con los proyectos estratégicos que esos territorios quieren promocionar a nivel de la utilización de los fondos europeos o a nivel del presupuesto ordinario con las mejoras de las comunicaciones u otras inversiones de este tipo", admitía esta semana la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra aludía directamente a los fondos europeos, pese a que los 72.000 millones de euros que España puede llegar a recibir en total de los Next Generation en forma de subsidios deben repartirse entre comunidades autónomas en función de lo que sea más interesante para la transformación económica del país, y no en función de que los partidos de esas regiones puedan votar las cuentas.
Además de tener prioridad en la recepción de fondos europeos, ambas comunidades pueden intentar posicionarse de cara a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE).
De hecho, el único PERTE aprobado hasta la fecha, relativo al sector del vehículo eléctrico, se desarrollará en Cataluña por decisión del Ejecutivo, algo que se hizo público mediante un artículo del propio presidente, Pedro Sánchez, publicado en El País. Un criterio de adjudicación poco ortodoxo, según han criticado algunos economistas.
Negociaciones durante la preparación de los presupuestos
Los votos del PNV, ERC y el resto de partidos que votaron a favor de la investidura (Más País, Nueva Canarias, el Bloque Nacionalista Galego, Teruel Existe y Bildu) son imprescindibles para que el Gobierno consiga aprobar los Presupuestos, que se depositarán en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles para iniciar su tramitación parlamentaria.
Aunque hasta que no se presentan en las Cortes los partidos no conocen a su fondo su contenido ni pueden presentar enmiendas parciales -en el caso de que no salga adelante una enmienda a la totalidad-, el Gobierno ya ha mantenido contactos con algunos de estos partidos para que los presupuestos sean de su gusto.
"Entiendo y espero que PNV y ERC sean razonables al plantear sus demandas y que permitan que el proyecto inicie su tramitación y vía enmiendas se incorporen algunos elementos. Otros ya se han incorporado porque nos lo han comunicado y para que cuadrara y después no fuera objeto de dificultad al plantear la enmienda ya hay cuestiones que se han incorporado", reconocía.
En los presupuestos de 2022, el Ejecutivo ha incluido 27.600 millones de euros de los fondos europeos que se destinarán a la inversión el próximo año. A estos, habrá que sumar lo que reste de ejecutar de este ejercicio, en el que el Gobierno había previsto liberar 27.000 millones de euros que aún no han llegado a la economía.
Hasta la fecha hemos recibido sólo 9.000 millones
Aunque esas partidas estaban en los PGE del año pasado y en los siguientes, el Ejecutivo realmente no cuenta todavía con este dinero, que primero se va liberando con cargo a deuda pública. De hecho, hasta la fecha el Gobierno sólo ha recibido el anticipo de 9.000 millones de euros concedido en el momento de la aprobación del plan, el pasado julio, y próximamente solicitará los 10.000 millones siguientes que previsiblemente llegarán a finales del año.
El Gobierno y la Comisión Europea ya han acordado qué hitos deberá presentar para poder acceder a los fondos, en una visita que ha realizado una misión de Bruselas a Madrid esta semana para evaluar cómo va la ejecución del plan. Con ambos desembolsos, el Gobierno acumulará una entrada de 19.000 millones y todavía faltarían 8.000 de los que quería ejecutar en 2021.
El siguiente pago, sin embargo, estará envuelto de más dificultad, ya que para conseguirlo el Ejecutivo tendrá que acreditar que ha conseguido aprobar la reforma laboral y la reforma de las pensiones.
En ambos casos, el Gobierno primero tendrá que conseguir un acuerdo en el seno del diálogo social y, en caso de lograrlo, tendrá que pelearse en el hemiciclo para contar con los apoyos de los partidos de la oposición en materias muy sensibles para el electorado.
Los comisarios de la UE que han estado en España se han reunido con algunas comisiones del Congreso con representación de todos los partidos del Parlamento a los que han trasladado la importancia de que estas reformas salgan adelante para que el país pueda seguir recibiendo los fondos de Europa.
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