El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a España abaratar el despido para hacer a las empresas más atractivo el contrato indefinido y así reducir la temporalidad. Así lo plantea en su Declaración final al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2021, en la que miembros del Fondo han analizado los principales indicadores económicos y las reformas que está realizando España. Una de sus recomendaciones más extensas es la relativa a la reforma laboral, cuyas negociaciones sigue de cerca, justo cuando se perfila un acuerdo en la mesa de los agentes sociales. En este sentido, coincide con el diagnóstico del Gobierno y plantea la temporalidad como uno de los principales problemas del mercado laboral español, pero sus soluciones son diferentes, ya que apela a la flexibilidad y movilidad y a abaratar y facilitar el despido del indefinido como soluciones.
El FMI subraya que la tasa de paro de España ha sido históricamente una de las más altas de la UE, siendo particularmente elevados el desempleo juvenil y el desempleo de largo plazo. Además, advierte de que el país tiene una de las mayores proporciones de empleo temporal y de empleo a tiempo parcial involuntario de Europa, lo cual reduce los incentivos para la formación y la acumulación de capital humano. En este escenario, considera que las principales prioridades en materia de políticas laborales consisten en abordar la dualidad del mercado laboral, mejorar la flexibilidad y la movilidad laboral, y mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.
Para reducir la dualidad, insta a desincentivar el uso de contratos temporales para trabajos permanentes. Pero avisa de que para ello se necesita hacer los contratos indefinidos más atractivos para las empresas, por ejemplo, reduciendo el coste generado por la incertidumbre jurídica relacionada con el despido de trabajadores indefinidos.
En lo relativo a la movilidad y a la flexibilidad, apunta que estas reformas también deberían favorecer la "necesaria reasignación de trabajadores relacionada con los cambios inducidos por la pandemia en las preferencias de los consumidores y el comportamiento de las empresas, así como con los cambios estructurales a largo plazo, como el aumento de la automatización y la adopción de nuevas tecnologías para hacer frente y adaptarse al cambio climático".
También desde la flexibilidad, el Fondo apuesta por ahondar en los ERTE en lo que denomina “regímenes de reducción del tiempo de trabajo”, que bien diseñados darían a las empresas la capacidad de amortiguar shocks temporales. Todo ello, cerciorándose de que esos mecanismos no supongan una carga para las finanzas públicas. En el caso de shocks estructurales, la reasignación de trabajadores entre empresas o sectores debe respaldarse con políticas activas de empleo más eficaces, recomienda. En este sentido iba la propuesta del Gobierno de ERTE Red, que llegó a plantear una semilla de mochila austriaca que luego eliminó.
Sobre el sistema de negociación colectiva, el Fondo propone una especie de cuadratura del círculo, ya que para preservar la flexibilidad cree que hay que permitir acuerdos a nivel de empresas con parámetros amplios fijados a nivel sectorial, es decir, una preeminencia del convenio de empresa como establece la reforma laboral de 2012 pero con unos requisitos sectoriales.
Asimismo, la declaración considera clave para el éxito de estas reformas evaluarlas ex post con frecuencia y, en línea con lo que exige la Comisión Europea, hacerlas en colaboración estrecha con el sector privado.
Subida de impuestos verdes
En lo relativo a la política fiscal, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y la confianza de los inversores, el FMI llama a elaborar anticipadamente planes creíbles a medio plazo que contemplen medidas por el lado de los ingresos así como una mayor eficiencia del gasto. Entre las medidas relativas a los ingresos que podrían hacer que la relación impuestos/PIB converja hacia los niveles de países semejantes de la región, plantea ampliar las bases imponibles, es decir, una reducción de deducciones y tipos reducidos, por ejemplo, en el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA, y un aumento de los impuestos medioambientales. El Fondo cree que la revisión que están realizando los expertos sobre el sistema tributario de España aportará una contribución valiosa a estas cuestiones.
Cabe recordar que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación a realizar varias subidas de impuestos verdes antes de junio, entre las que destacan la entrada en vigor de los impuestos a residuos y plásticos, la subida fiscal del diésel y una reforma al alza de los impuestos a circulación y matriculación. Sin embargo, el Congreso ha aprobado una moratoria de un año al impuesto al plástico y el Gobierno no parece dispuesto a cometer el alza al diésel. La Comisión está vigilante.
Por el lado del gasto, el informe señala que debe incluir mejoras de eficiencia, fundamentadas en las evaluaciones del gasto, en lo que llama a tener en cuenta las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Critica el control de precios del alquiler
El Fondo entiende que solucionar el problema de la asequibilidad de la vivienda tendría efectos muy positivos en el crecimiento, la movilidad laboral entre regiones y la reducción de la desigualdad. El anteproyecto de ley sobre la vivienda y el plan nacional de vivienda introducen un conjunto de medidas para hacer más asequible la vivienda, como programas debidamente focalizados de apoyo al alquiler para grupos vulnerables, que aplaude. Sin embargo, aunque apunta que las medidas propuestas para el lado de la oferta como un aumento de los impuestos sobre los inmuebles desocupados y la ampliación del parque de vivienda social deberían ayudar a aliviar las presiones en el mercado de alquileres, advierte de que "los techos a las subidas del alquiler en áreas tensionadas pueden introducir ineficiencias y restringir la disponibilidad de inmuebles para futuros arrendatarios". En este sentido, aconseja realizar una evaluación más detallada de las medidas para cuantificar su impacto. Otras políticas para incrementar la oferta de viviendas que recomienda son simplificar los reglamentos sobre el uso de terrenos y agilizar los procesos de permisos de los gobiernos autonómicos.
