El bufete de abogados Sidkoff Pincus & Green, cliente del Santander desde 2013, ha demandado al banco por retrasarse más de dos semanas en los trámites de los créditos PPP de Estados Unidos, similares a las líneas ICO de España. Según un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la compañía demandante acusa al banco de perder 40.000 dólares por la falta de rapidez en su actuación.
En la queja presentada en un tribunal de Filadelfia, el bufete de abogados asegura que se se vio obligado a abrir una nueva cuenta en un tercer banco para poder acceder a esta línea de crédito, ya que el programa estadounidense tenía una cantidad limitada de dinero disponible para préstamos.
Sidkoff Pincus & Green explica que contactó con el banco inmediatamente después de que se aprobara en el país la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) a finales de marzo. En ese entonces, el bufete envió un correo a la entidad para pedir un préstamo de 285.000 dólares.
El resto de competidores comenzó a ofrecer esta nueva ventana de liquidez desde el 3 de abril y el Santander no comenzó a operarlos hasta mínimo una semana después. El demandante asegura que fue imposible el 10 de abril abrir una solicitud. El 13 de abril, un empleado del Santander envió la solicitud al bufete, pero según el escrito, ésta nunca llegó a enviarse a la Administración de Pequeños Negocios de EEUU para su revisión.
Paralelamente, Sidkoff Pincus & Green decidió abrir una cuenta nueva en el banco Citizens, por temor a quedarse sin este préstamo. El resultado de esta operación fue que la nueva entidad sólo le aseguraba una línea de 245.000 dólares, 40.000 dólares menos de los que esperaba recibir a través del Banco Santander.
Qué son estos créditos
El Programa de protección de pago (PPP) ofrece préstamos diseñados como incentivos directos para que las pequeñas empresas conserven a sus trabajadores en la nómina en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) condona los préstamos si todos los empleados se mantienen en la nómina durante ocho semanas y el dinero se destina a pagar nómina, arriendo, intereses de hipoteca o servicios públicos.
