Este jueves, cuando todos los ojos estaban puestos en la reforma laboral, el PSOE y sus socios de Gobierno negociaban por otro lado un cambio en el Real Decreto-ley que permite al Gobierno elevar su participación en la Sareb por encima del 50% y así tomar el control del conocido como 'banco malo'.
Y es que, a última hora, el partido socialista dio su brazo a torcer ante la formación morada y cedió a que se aprobara como proyecto de ley, lo que abre la puerta a incluir nuevas enmiendas y cambios en el texto publicado, según confirman fuentes parlamentarias a este medio.
El PSOE se había mostrado conforme con el documento que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 18 de enero, pero Unidas Podemos no. Su malestar con la redacción final de la norma era evidente. De hecho, fuentes de la formación morada consultadas por Vozpópuli ese mismo martes aseguraron que la parte socialista del Gobierno se había negado a incluir en este Real Decreto-ley las medidas propuestas por los morados para que la Sareb asumiera una misión social más importante.
Pues bien, hasta ese mismo jueves por la mañana, el 'ala roja' del Gobierno seguía enrocada en que la norma se quedara tal y como se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), pero finalmente aceptó que se pudiera modificar, tal y como demuestra el voto del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que votó "no" a que se convalidara como proyecto de ley. ¿Se trata de un error? No.
Fuentes del gabinete de comunicación de Garzón han explicado a este medio que su voto fue en contra de la disciplina del partido porque hubo un cambio de última hora en las negociaciones parlamentarias. Cabe destacar que el antiguo líder de Izquierda Unida no acudió al Congreso de los Diputados y votó de forma telemática por estar enfermo de covd-19. Por lo tanto, en esas horas de debate parlamentario, el PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo para que se tramitara como Proyecto de ley y así conseguir los apoyos necesarios para su convalidación.
A esta votación se opusieron un total de 53 diputados: todo el grupo parlamentario de VOX y Pablo Cambronero, del grupo mixto. También se abstuvo ERC, Bildu, parte del grupo parlamentario Plural y dos diputados más del grupo mixto. Paradójicamente, en la votación para que se convalidara como Proyecto de Ley votó todo el hemiciclo a favor, salvo Alberto Garzón y Pablo Echenique. Inés Sabanés se abstuvo.
Las exigencias de Podemos
Unidas Podemos reclama desde hace años que la Sareb potencie su función social y ser un "ejemplo" en materia de cesión de viviendas para el realojo de población en situación de vulnerabilidad social, tal como trasladó el diputado Rafa Mayoral durante una reunión con la dirección de la entidad en 2020.
No obstante, con las cifras en la mano, hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, que superan las 2.000 viviendas efectivamente cedidas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
La actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belara, planteó en marzo del pasado año, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, obligar a la Sareb a poner el 75% de sus activos en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento.
¿Por qué es tan importante lo que ocurra con la Sareb?
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008, para lo que adquirió 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros. Tiene el mandato de generar ingresos suficientes, mediante la venta y gestión de estos activos, para amortizar la deuda emitida en el inicio de su actividad, un objetivo que debería cumplir antes de su liquidación, prevista para 2027.
Al cierre de 2020, Sareb contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros, un importe que pasó a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público.
El cambio de estrategia del Gobierno responde a esta decisión europea, que obligó a España a computarse las pérdidas totales de Sareb y elevó la deuda del país hasta el 120% del PIB. Tras este jarro de 'agua fría' de Bruselas, el equipo del Ministerio de Economía decidió cambiar de estrategia y pasar a la acción, nacionalizando el 'banco malo' y comprando su participación a los bancos y aseguradoras que están en el capital.
Estas entidades atesoran el 54,1% de Sareb y en su accionariado están todos los grandes bancos salvo BBVA, que capitaneado por aquel entonces por Francisco González decidió no participar en la creación de esta sociedad que aglutinó todos los activos tóxicos de las cajas de ahorro salvadas en la crisis financiera.
Santander tiene una participación del 22,23%, CaixaBank cuenta con el 12,24%, Sabadell tiene el 6,61%, Kutxabank un 2,53%, Ibercaja un 1,43%, Bankinter un 1,37%, Unicaja Banco un 1,27%, Cajamar un 1,21%, Mapfre un 1,11% y el resto se lo reparten otras entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.
