Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siguen atascadas. Aunque no en todas las provincias con la misma magnitud ni como ocurrió tras el estallido de la pandemia, el colapso administrativo se mantiene en niveles "preocupantes", lo que ha demorado la tramitación de diversos procedimientos, incluidos los pagos indebidos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que fueron abonados por error: el 90% siguen sin resolverse.
Los sindicatos estiman que como mucho se han recuperado entre un 5 o un 10% de esos pagos por los ERTE. Aunque no existe una fuente de datos oficial ni el montante total al que ascendería, desde Comisiones Obreras estiman el número total de abonos indebidos podría ser de alrededor de 500.000 en toda España. La cifra es prudente. "Conocer el calibre real es imposible, pero no sería ninguna barbaridad hablar de uno o dos millones", advierten a Vozpópuli desde CCOO.
Los trabajadores del SEPE consultados apuntan a cifras similares "a las de todos los cobros indebidos de los últimos diez años". Ahora "se han empezado a iniciar los procesos de recuperación", aunque adelantan que "se van a alargar en el tiempo" por ese "retraso general que afecta a los ERTE y al resto de prestaciones": "La acumulación de trabajo supera con creces la capacidad de respuesta de las oficinas".
Las provincias con los SEPE más atascados por los ERTE
Si bien la situación de retraso está extendida, no afecta por igual a todas las provincias. Barcelona, Madrid, Alicante, Zaragoza, Huesca, Navarra, Málaga, Las Palmas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son las zonas más colapsadas en estos momentos y permiten "ver las carencias que tiene el organismo". Aunque la situación "no es la misma que la de hace meses, se ha ido desatascando y lo de los seis meses sin cobrar el ERTE ya no se da", el "volumen de prestaciones ha sido enorme y por lo tanto queda mucho que hacer".
CCOO lamenta la falta de directrices por parte del Ministerio de Trabajo y asegura que son las oficinas del SEPE las que en cada provincia "pulen su estrategia y toman las decisiones que consideran más acertadas"
Pero no hay una política clara por parte del Gobierno que establezca soluciones comunes para todas las oficinas. De hecho, según lamentan desde CCOO, son las direcciones provinciales las que "pulen su estrategia y toman las decisiones que consideran más acertadas", porque "no hay una estrategia central" por parte del Ministerio de Trabajo: "Están al micro, están al BOE, pero cuando entramos en la gestión de verdad...". El área de Yolanda Díaz ha eludido ofrecer una respuesta al respecto a este diario.
Embargos para recuperar el dinero de los afectados
Ahora la cuestión está en cómo recuperar todo ese dinero transferido indebidamente. En primer lugar, la Administración ha instado públicamente a todos los beneficiarios por error del pago de los ERTE a que voluntariamente abonen las cantidades que adeudan. Una vez que empiecen a correr los plazos administrativos, el interesado dispondrá de varios meses y oportunidades de presentar alegaciones hasta que la resolución sea definitiva.
En última instancia, la Administración podrá efectuar el cobro forzoso de la deuda mediante embargos ejecutados por la Agencia Tributaria
En última instancia, la Administración podrá efectuar el cobro forzoso de la deuda mediante embargos ejecutados por la Agencia Tributaria. Para ello, bastará con que se publiquen los nombres de los 'morosos' en los boletines oficiales provinciales, algo que podría ocurrir en aquellos casos en los que los organismos públicos no hayan podido ponerse en contacto con los afectados.
Este extremo no es descartable. "Tenemos direcciones desactualizadas, mucha gente vive en la calle Covid-19", advierte un trabajador de un SEPE, consciente de que habrá casos en los que sea imposible "contactar con el ciudadano directamente", por lo que espera que "se busquen alternativas de comunicación, como las direcciones de las empresas que pidieron los ERTE" para poder advertir a los ciudadanos afectados de su situación antes de llegar a una providencia de apremio.
