Ha pasado justo una semana desde que el Gobierno aprobó los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por Fuerza Mayor para las empresas afectadas por la DANA, con el fin de proteger a unas 30.000 compañías afectadas y 400.000 trabajadores. Según los últimos, publicados por el Ministerio de Trabajo este martes, se han acogido a este mecanismo 600 empresas, es decir, sólo un 2% del total. Los trabajadores suspendidos temporalmente de empleo parcial o totalmente ascienden a 10.400, apenas un 2,6% del total.
Desde CEOE manejan incluso cifras superiores a la que dio el presidente del Gobierno este lunes y hablan de casi 50.000 empresas "arruinadas" por la DANA y que podrían no volver a abrir. En ese caso, aquellas que se han acogido al ERTE por fuerza mayor se reducen al 1%. En este escenario, una parte de las empresas afectadas no han tenido tiempo de hacer la gestión y se sumarán en los próximos días, pero otras muchas no lo han hecho porque barajan despidos colectivos.
El Gobierno ha regulado estos ERTEs por fuerza mayor en los dos Reales Decretos-leyes aprobados el pasado martes 5 de noviembre y este lunes 11 de noviembre. Desde la semana pasada las empresas afectadas por la DANA podían realizar la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo ante la Autoridad Laboral y de la prestación por desempleo par todos sus trabajadores ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Prohibición de despido
Sin embargo, no ha sido hasta este lunes, en el segundo Real Decreto-ley, cuando se ha regulado la prohibición de despido para todas las empresas que se hayan acogido a estos ERTEs o a las ayudas directas aprobadas por el Gobierno. En este sentido, fuentes conocedoras explican a este periódico que muchas empresas han esperado para tomar la decisión, ante la duda de si podrán recuperar la actividad y los empleos en unos meses o están abocadas al ERE y al cierre definitivo.
"La norma vela también por el mantenimiento del empleo, para lo que se prohíbe el despido de personas trabajadoras de las empresas que hagan uso de las ayudas directas o de los expedientes de regulación de empleo previstos con ocasión de la DANA. La prohibición se sustancia en que, de producirse el despido, se calificará como nulo y la empresa deberá devolver las ayudas recibidas", reza el último Real Decreto-ley.
Fuentes expertas habían alertado de la "insegurida jurídica" que provocaba en empresas y trabajadores que esta y otras medidas laborales no estuvieran incluidas en el primer Real Decreto-ley, aprobado el pasado martes. El Ministerio de Trabajo sí advirtió durante toda la semana pasada la prohibición de despedir, de teletrabajar o de concceder permisos a los trabajadores afectados por la DANA, pero tuvieron carácter legal hasta este martes, cuando se publicaron en el BOE.
Tramitación de los ERTE
Para beneficiarse de las ayudas que implica el ERTE de fuerza mayor por la DANA, con exoneración del 100% de la cotización de los trabajadores y prestación para el trabajador sin consumir paro, la Inspección de Trabajo debía realizar un informe para la Autoridad Laboral. Sin embargo, con la nueva ley aprobada este martes, "y a fin de agilizar la tramitación de suspensiones de contrato y reducciones de jornada por fuerza mayor", los informes serán potestativos.
De hecho, aunque el ERTE debe ser aprobado por la Autoridad Laboral, si en 5 días la empresa no han recibido respuesta, se considera aprobado por silencio administrativo positivo y podrán presentar la solicitud colectiva de prestaciones ante el SEPE. En todo caso, se podrá comprobar posteriormente que se cumplen los requisitos "a los efectos sancionadores procedentes", como la ausencia de falsedades o incorrecciones en los datos facilitados o la conexión suficiente de las medidas con la causa que las origina.
Fuentes próximas a los inspectores de Trabajo localizados en las zonas afectadas, que se estiman en una treintena de profesionales, advierten de la carga de trabajo que están soportando estos días. Pese a esto, las mismas fuentes reconocen que la cifra de expedientes solicitados y/o aprobados podría ser mayor dada la magnitud de la catástrofe y los daños, con miles de empresas que se han visto obligadas a suspender su actividad temporal o, en el peor de los casos, permanentemente.
