El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado este jueves su último Altas Concursal, referente al año 2024, en el que ha abordado el riesgo que supone la catástrofe de la DANA en Valencia sobre la evolución de los concursos de acreedores. Los economistas preveían un crecimiento de las insolvencias de sólo el 1% en 2025, pero ahora advierte de que dichas previsiones quedan en papel mojado y proponen medidas para evitar un alto número de liquidaciones.
El CGE considera que las moratorias concursales aprobadas tras la DANA "podrían aumentar de manera importante el número de insolvencias en nuestro país, especialmente de personas físicas, autónomos y microempresas al ser más vulnerables, tal y como ocurrió en los años posteriores a la pandemia una vez levantada la moratoria". "El levantamiento de la moratoria de la pandemia supuso un colapso judicial. Ahora la duda que tenemos es qué va a pasar en este proceso, porque la situación es muy drástica", ha comentado Bárbara Pitarque, vicepresidenta del REFOR-CGE.
En definitiva, Bárbara Pitarque ha explicado que “esta moratoria concursal supone una reducción temporal de concursos declarados ya que se aplazará la declaración formal de la insolvencia, pero como contrapartida supondrá un colapso en el sistema judicial en el momento que finalice la moratoria. La DANA ha supuesto la desaparición del tejido empresarial de las localidades afectadas, comercios y empresas afectando al empleo e impactando también en sus acreedores que, aun siendo de zonas no afectadas, se verán afectados por imposibilidad de cobrar”. “Es un momento de verdadera crisis empresarial en la provincia de Valencia”, ha concluido.
Por ello, los economistas proponen una serie de medidas entre las que destacan activar al máximo los planes de reestructuración de deuda con condiciones flexibles; crear líneas de crédito que reemplacen deudas a corto plazo por financiamiento a largo plazo con condiciones más favorables; reforzar algún Juzgado de lo Mercantil adicional en las zonas especialmente afectadas; una mayor flexibilidad del crédito público en las zonas afectadas en su consideración privilegiada concursal en cuanto a la quitas o esperas, o incluso hacer determinadas condonaciones; y que el futuro Reglamento de la Administración Concursal preserve la experiencia acumulada de los profesionales para que puedan atender debidamente este previsible incremento de insolvencias.
Se desconoce cuándo se pondrá fin a dicha moratoria concursal, que por el momento se ha acordado de manera indefinida, tal y como ha explicado Pitarque. Será en el momento en el que se levante dicha suspensión cuando nacerá la obligación de las empresas de solicitar el concurso en un plazo de dos meses. "Lo normal es que los afectados lo soliciten, aunque muchos van a dar persianazo y no seguirán. Va a haber muchas empresas insolventes que oficialmente no aparezcan en las estadísticas", ha sentenciado la vicepresidenta del Registro de Economistas Forenses del CGE.
Los datos que manejan los economistas es que el número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han incrementado un 185% en el tercer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2023, mientras que los concursos de sociedades han aumentado un 16%. Si se compara el tercer trimestre de 2024 con el mismo periodo de 2019, el incremento para personas naturales más autónomos ha sido de un 1.222%, y de un 26% en sociedades.
