El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda la fiabilidad de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo público que se encarga de proteger la privacidad de nuestros datos, ya que ha denunciado que sus trabajadores no tienen formación suficiente, su método de financiación no es eficiente, no utiliza sistemas digitales para anonimizar los datos (y al hacerlo manualmente hay riesgo de errores humanos), y no se ha adaptado a los métodos tecnológicos.
"La Relación de Puestos de Trabajo de la AEPD, tanto para el ejercicio 2016 como para el ejercicio 2017, no cumplía todas las exigencias relativas a su contenido establecidas en la Orden de 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado. La Relación de Puestos de Trabajo de la AEPD, publicada en su página web, no refleja la formación específica ni la titulación específica para cada puesto de funcionario".
"Tampoco para los puestos de trabajo de los laborales se señalaba la titulación académica, los méritos específicos ni los cometidos de cada puesto. La organización formal de la Agencia, descrita de manera tan general, no refleja la organización real ni el contenido y requisitos de los puestos de trabajo concretos desarrollados por muchas personas durante el periodo fiscalizado", explica en el informe.
La Agencia, un organismo público que se creó en el año 1993 para velar por la privacidad y protección de los datos de todos los ciudadanos, cuenta con 157 trabajadores, a cierre de 2017, de los que seis son laborales y 149 son funcionarios de distintos subgrupos. Tiene una directora, Mar España Martí; un Consejo Consultivo formado por diez trabajadores que asesoran a la presidenta y se reúnen una vez cada seis meses al menos; una Inspección de Datos; un Registro General de Protección de Datos; una Secretaría General y un Gabinete Jurídico.
Además de que la Agencia no cuenta con profesionales con la titulación requerida, dos de sus trabajadores llevan once y seis años, respectivamente, con un contrato de interinidad, por lo que el Tribunal entiende que "no respondían a la situación de temporalidad prevista para este tipo de contratos". Denuncia también que en los nombramientos realizados por libre designación "no se ha elaborado documentación justificativa de la selección de los nombrados".
Errores manuales
También se detectan problemas en su forma de trabajar; por ejemplo, para anonimizar los datos utiliza un sistema manual, "bastante susceptible de error humano, y no ha incorporado procesos automáticos de revisión".
Este organismo se financia con los ingresos que obtiene de las sanciones que impone, pero éstos son mucho más elevados que sus gastos, con lo que, en 2017 por ejemplo, acabó el ejercicio con un excedente de más de 66 millones de euros que "apenas generan rentabilidades", lamenta el Tribunal de Cuentas, a pesar de que su normativa le permitiría aprovechar mejor esos recursos.
Para mejorar esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda que esta Agencia pase a financiarse con una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado y que sea el Tesoro Público el que se encargue de cobrar las sanciones impuestas por la AEPD y gestionar su excedente. "Debería gestionar adecuadamente su tesorería y rentabilizar sus saldos", apunta.
Otros atrasos
Otro de los problemas que detecta esta institución es que aunque el nombramiento de la presidenta expiró en julio de 2019, a cierre de octubre de este año no se ha producido el nombramiento de su sucesor, "pese a que la ley exige que esta publicación en el BOE se efectúe dos meses antes de producirse la expiración del mandato".
El Consejo Consultivo no se ha adaptado a algunas novedades, como la posibilidad de celebrar las sesiones a distancia o enviar las convocatorias por medios electrónicos, y tampoco cumple con el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
