El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria entre los años 2009 y 2015, advierte “diversas insuficiencias o deficiencias de tipo formal” en la contratación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Aunque el Tribunal constata que, en líneas generales, la contratación del Frob “se ha ajustado a la normativa aplicable”, determinadas deficiencias “han impedido, en varias ocasiones, que quedara acreditado el cumplimiento íntegro de los principios que rigen la contratación del Frob”.
En total, entre los años 2009 y 2015, el Frob adjudicó 25 contratos a terceros por importe de 32 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha analizado 21 de esos 25 contratos y ha detectado varios casos en los que el Frob no ha justificado de forma suficiente la carencia de medios propios para argumentar la contratación de asesores externos.
En 2009 el Frob contaba con una plantilla de sólo seis personas
En particular, el organismo considera que hay insuficiente justificación del gasto de dos millones de euros “en el asesoramiento en el análisis, diseño y ejecución de estrategias para favorecer la situación económica, financiera y de solvencia de entidades de crédito”; de un gasto de 83.000 euros “relativo a la selección de asesores jurídicos externos”; un coste de 537.000 euros “relativo a la selección de una empresa que diseñe las actuaciones necesarias para llevar a cabo la desinversión de la participación del FROB en el capital de CX [Caixa Catalunya]”; un gasto de 2,4 millones en el “servicio de análisis y eventual venta de activos de CX y NCG”; 60.000 euros invertidos en el “servicio de análisis y evaluación de determinadas contingencias”; y en el gasto de 666.000 euros en la contratación de una empresa para el asesoramiento en la venta de Banco de Valencia.
Además, el Frob aludió al principio de urgencia para otros contratos de asistencia que el Tribunal de Cuentas tampoco ve justificados. Entre ellos el coste de 1,7 millones de euros por la prestación de servicio de análisis en la venta de instrumentos híbridos de capital emitidos por las cajas que se integraron en Banco Ceiss; o el cerca de medio millón de euros gastados en la “realización de una valoración de BFA/Bankia”.
El Tribunal de Cuentas también apunta poca justificación en la urgencia invocada por el Frob a la hora de gastar 3,3 millones “en acciones de comunicación”. El presupuesto de licitación se fijó en tres millones de euros para un plazo de ejecución del contrato de aproximadamente seis semanas, “sin que en la correspondiente justificación de la contratación se identifiquen y desglosen, debidamente, las acciones concretas a realizar ni conste estudio de mercado alguno que justifique ese precio”, dice el informe.
Una plantilla de sólo 11 personas en 2011
El Frob alega al informe del Tribunal de Cuentas que la contratación de asesores externos “ha permitido en todos los procesos conocer las mejores alternativas para adoptar las decisiones que resultaban, a la luz de la información disponible en cada momento, más beneficiosas”.
Sobre las advertencias del tribunal de que el Frob no ha justificado eficientemente la carencia de medios para contratar a terceros, el organismo encargado de la reestructuración bancaria destaca que en 2009 sólo contaba con un plantilla de seis personas. Y en 2011,esa cifra fue de 11 personas, entre los que se encontraban tanto los directivos como los administrativos.
Los asesores contratados por el Frob han sido los siguientes: Nomura en la reestructuración de CAM, de Unnim, y de Caja Sur; Mediobanca en los procesos sobre Banco Gallego; Oliver Wyman, y también Nomura, en la reestructuración de Banco de Valncia; BNP Paribas en el caso de NCG Banco; y N+1 (hoy Alantra), en Catalunya Caixa. También han sido contratados en otras funciones McKinsey&Company, y Baker & McKenzie.
El Frob fue creado mediante Real Decreto-ley en el año 2009, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada para el desarrollo de sus fines. Las funciones del organismo, según el Real Decreto, eran las de gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar los recursos propios de las mismas. Desde 2012, también por Real Decreto, el Frob asumió competencias administrativas entre las que destaca la posibilidad de obligar a una entidad de crédito a transmitir a Sareb determinadas categorías de activos, entre otras medidas.
Desde su creación en 2009 el Frob ha recibido aportaciones públicas a su fondo patrimonial por importe de 42.170 millones de euros. Los activos financieros del Frob al cierre del ejercicio 2015 se elevan a 16.597 millones de euros. El principal componente es el valor neto de las participaciones en BFA (100%) y BMN (65%), por importes respectivos de 9.734 y 1.453 millones de euros (tras haber aplicado unos deterioros de 8.225 y 192 millones de euros, respectivamente). Entre los activos financieros del Frob está contabilizada también la deuda subordinada de Sareb, por importe de 1.652 millones de euros
