El proceso de rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra acabará costando dinero al erario público, al contrario de lo que ha sostenido repetidamente el Gobierno. Y la factura no será precisamente barata, ya que rondará los 4.000 millones de euros. Al menos, el Estado no tendrá que hacer tal desembolso de golpe. La operación de rescate protagonizará un largo recorrido por los tribunales, que contribuirá a diferir el pago. Tanto, que lo más probable es que el Gobierno que termine de pagar los costes del rescate no sea el mismo que el actual, el que comenzará a asumirlos.
Las previsiones del Ministerio de Fomento sobre este proceso, que incluye asumir las nueve concesiones en situación de quiebra y volver a licitarlas pasan por ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros, en el mejor de los casos. Unas cifras que no cubrirán en ningún caso el coste que debe asumir el Estado por el rescate, encarnado en la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). En este punto es en el que residen las diferencias entre el Gobierno y los acreedores.
El Ministerio de Fomento tendrá seis meses de plazo, desde que asuma el control de la concesiones (lo que se prevé para el próximo mes de marzo), para determinar la cuantía de la RPA, que es, en síntesis, la compensación del Estado por quedarse unos activos cuyo coste ha sido asumido por otros (en este caso, las sociedades concesionales que se adjudicaron en su día las autopistas de peaje de última generación). Por lo tanto, los cálculos, que deberán pasar el filtro de la Intervención General de la Administración, aún no tienen cara y ojos.
Sin embargo, de forma extraoficial el Gobierno sí ha hecho saber que no está dispuesto a pagar por este capítulo más de 2.500 millones de euros. Y que la cifra más probable estaría más próxima a los 2.000 millones.
Sin acuerdo
De concretarse, ésta sería la cantidad a consignar por la RPA, que difiere en gran medida de las estimaciones de los acreedores de las concesionarias. De los actuales, mayoritariamente fondos oportunistas que han ido adquiriendo las carteras de deuda a los bancos que originalmente financiaron las concesiones; y de los anteriores, las citadas entidades financieras.
Fomento ha tratado de llegar a un acuerdo con ambos colectivos, pero en vano. Los cálculos de los acreedores, en línea con los realizados por las constructoras y las concesionarias afectadas por las quiebras, se van hasta los 5.000 millones, incluyendo la RPA y otro tipo de amortizaciones, créditos participativos, etc.
Por lo tanto, todo apunta a que la RPA que finalmente asuma el Estado será convenientemente recurrida por los acreedores. Un proceso que no tendría por qué obstaculizar la operación de relicitar las concesiones pero que dejará en manos de jueces y tribunales el importe final de la factura del rescate.
Antes de que acabe 2018
De ahí que el coste del rescate será diferido. En función de lo que determinen los tribunales, la RPA será más o menos voluminosa. En cualquier caso, el objetivo de que el proceso no suponga un coste para el erario público ha quedado netamente superado por los acontecimientos. El Gobierno únicamente conseguirá que el primer impacto sea menor.
Fomento mantiene su intención de que la reversión de las nueve autopistas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) y la adjudicación de su concesión de nuevo a empresas privadas se produzca dentro de 2018, pues la entrada y salida de fondos minimiza el impacto en el déficit.
El Gobierno quiere que todas las concesiones se liciten en el plazo máximo de diciembre de este año y que salgan a adjudicación en dos lotes: uno con la Circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera, y otro con el resto, incluida la AP-41, que se incluiría en la licitación aunque no tenga el plan de liquidación aprobado, pues en cualquier caso en el momento de la adjudicación estará en manos del Estado.
