El mercado de la viviendas protegidas o de protección oficial (VPO) está estancado en nuestro país. El año pasado se calificaron de manera definitiva un total de 5.167 viviendas protegidas: un 92% menos que en 2008, según datos del Ministerio de Fomento.
Es decir, que mientras que hace diez años se entregaron las llaves de más de 68.500 inmuebles de protección oficial, ese año, aunque se ha producido un aumento del 5% en las calificaciones definitivas por parte de las instituciones públicas, apenas se han repartido viviendas sociales.
La cifra actual está a años luz del máximo registrado por el Ministerio de Fomento, que ha comenzado a recabar datos desde el año 1991. Fue en 1997 se cubrió una cifra récord y se llegaron entregar más de 85.000 casas. Ningún año hasta la última década se habían construido menos de 35.000 viviendas, mientras que, desde 2013, no se han promovido nunca más de 18.000, cerrándose el año 2018 con 11.860 viviendas de carácter social que han comenzado su promoción.
Según los registros oficiales, la mitad de las viviendas de protección oficial que se calificaron el año pasado fueron en la Comunidad de Madrid, donde se entregaron más de 2.400 viviendas, seguida del País Vasco, con 859 casas, Cataluña, con 633 inmuebles y Navarra, con 588. Del mismo modo, en siete comunidades autónomas -Baleares, Canarias, Cantabria. Castilla y León, La Rioja, Ceuta y Melilla- no se construyó ni se entregó ni un sola VPO en todo el año.
Falta de financiación pública
De acuerdo con un estudio publicado por al Fundación Alternativas y Fundipax el año pasado sobre la situación de la vivienda social en España, el principal motivo por el que no se construyen ni se entregan más VPO es muy simple: debido a la falta de financiación pública.
Según asegura el texto, el gasto público en políticas relacionadas con la vivienda ha caído en los últimos años desde la cifra récord registrada en 2009 con 1.400 millones de euros anuales hasta los 481 millones dedicados a la promoción de la vivienda en 2018. El Partido Socialista aspiraba a aumentar esta partida en sus presupuestos hasta los 678 millones de euros, lo que hubiera supuesto un aumento de un 41% en el gasto público destinado a esta materia.
Es por ello que el 88% -más de 4.500- de las viviendas protegidas que se construyeron el año pasado fueron obra de promotores privados, frente a tan sólo un total de 615 inmuebles que fueron construidos por administraciones públicas.
Pero esto no siempre ha sido así. De acuerdo con datos del Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Fomento, entre 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas, lo que implica que más de un 26% de las casas en España han sido construidas con apoyo público.
Planes Estatales de Vivienda
Eso implica que una de cada cuatro casas construida en los últimos 60 años en nuestro país ha sido gracias al apoyo del Estado. Para los expertos que firman el informe publicado por la Fundación Alternativas, la crisis económica fue la que cambió para siempre esta tendencia, dejando a las VPO relegadas al olvido en los Planes Estatales de Vivienda.
Un buen ejemplo es el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, cuya dotación presupuestaria para la vivienda protegida apenas superaba los 2.400 millones de euros -para los tres años de su implementación-. Esta cifra es una cuarta parte del gasto que contemplaba el anterior plan estatal -que contaba con 10.100 millones de euros para el periodo 2009-2016.
“El gasto público del gobierno central en materia de acceso a la vivienda y fomento de la edificación disminuyó alrededor de un 65%, tanto en valores absolutos como en porcentaje sobre el total del gasto público", sostiene el informe.
No obstante, los presupuestos vigentes en materia de vivienda- recogidos en el Plan de Vivienda 2018-2021- han apostado por fomentar la rehabilitación, regeneración y renovación de zonas urbanas, y facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con dificultades económicas.
Es importante recordar que el Banco de España ha advertido que los precios de los alquileres ya han superado los niveles precrisis, lo que los hace cada vez más inaccesibles para los jóvenes y personas con pocos ingresos.
Pero más allá de apostar por facilitar el acceso a la vivienda, según apuntan en el informe, el Plan de Vivienda 2018-2021 también introduce “cambios significativos”, entre el que destaca “la desaparición de la vivienda protegida”. “Ninguno de los dos borradores ni la versión finalmente aprobada prevén medidas de fomento para su construcción u obtención mediante actuaciones de rehabilitación. Esta circunstancia supone un cambio histórico con todos los planes estatales aprobados hasta la fecha", advierte el estudio.
