El actual Gobierno recogió una herencia endiablada en las tres administraciones pues, a pesar de la crisis económica que arrancó en 2008, la plantilla de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, sumada a la del sector público empresarial, creció hasta bien entrado 2011 en cientos de miles de trabajadores. El auténtico ajuste en el empleo público no comenzó hasta 2012 y se ha ido moderando este año hasta confiar que en 2014 acabe el recorrido con la falta de cobertura de las plazas que queden vacantes por jubilación. En total, se han destruido hasta ahora 350.000 puestos de trabajo y el freno llegará el año que viene -cuando el Estado reduzca su gasto en personal un 0,5% según los PGE- ya que la principal palanca que se utilizará para seguir adelgazando la plantilla de funcionarios y laborales no será la nueva reforma laboral, que ofrece mayores facilidades para los despidos, sino la limitación de la tasa de reposición. El gasto de personal es un indicador a tener muy en cuenta si se parte de una deuda de la administración central que supera los 818.000 millones y que se acompaña de los 193.000 que deben las comunidades autónomas y los 43.000 que adeudan los ayuntamientos.
Desde 2011 hasta ahora se han suprimido 350.000 empleos públicos, a los que habrá que sumar otros 50.000 el año que viene, según las estimaciones del Gobierno
Más de la mitad de los empleados públicos supera los 55 años y el año que viene se espera que más de 50.000 alcancen la edad de jubilación. Como los Presupuestos aprobados el pasado viernes prevén una tasa de reposición del 10%, solo se podrá cubrir una de cada diez bajas y en colectivos concretos como el de la educación, la sanidad, el Ejército, policía y guardia civil. A ello se sumará la contratación de una reducida bolsa de interinos si finalmente se recuperan algunos de los ‘moscosos’ que perdieron los funcionarios el año pasado.
Los datos cruzados del Registro Central de Personal y de la Encuesta de Población Activa reflejan que la mayoría de los 350.000 empleos destruidos en ministerios, comunidades, ayuntamientos y empresas públicas, se registraron el año pasado. A pesar de que la crisis se dejó ya sentir en el verano de 2008, el primer ajuste visible comenzó de forma muy tímida durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Valeriano Gómez como titular de Trabajo. Desde el primer semestre de 2011 hasta el pasado verano, las tres administraciones perdieron casi el 11% del empleo acumulado, soportando la mayor carga las comunidades autónomas al tener que prescindir, junto a los ayuntamientos, de la práctica totalidad de los puestos de trabajo creados durante la fase expansiva del ciclo.
Administración central y comunidades autónomas han prescindido, sobre todo, de personal eventual, mientras que los ayuntamientos han centrado el ajuste en los contratados laborales
La reforma laboral ha facilitado, en parte, que en los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, los contratados laborales dejen de tener el mismo estatus que los funcionarios y empiecen a estar sujetos a unas condiciones laborales muy similares a las del sector privado, algo que tiene especial interés en las empresas públicas, donde predomina el personal laboral. Si se cumplen los planes del Gobierno, las comunidades autónomas tendrán que prescindir de 708 sociedades, que se suman a las 535 ya eliminadas o en fase de desaparición, lo que permitirá un ahorro previsto de 1.500 millones de euros.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, se encontró con una especie de mitosis instrumental en las comunidades autónomas, pues en ellas conviven hasta 17 grupos empresariales, tantos como administraciones regionales, en donde se refugiaban más de 1.400 de empresas, fundaciones y consorcios. En este enjambre se llevan la palma Cataluña, Andalucía, Baleares, Galicia y la comunidad valenciana, donde el número de sociedades de esta naturaleza no guarda proporción alguna con su población.
Las subidas salariales de 2008 y 2009, muy por encima de la inflación, siguen pasando factura, y pese a ellas los empleados públicos han perdido el 16% del poder adquisitivo
La administración central encara 2014 con 570.000 empleados, las comunidades con 1,3 millones y los ayuntamientos con 549.000. El grueso del ajuste en los ministerios lo ha sufrido el personal eventual, igual que en las autonomías, mientras que los ayuntamientos han recurrido más al despido de los contratados laborales. Educación y sanidad han sido los sectores más castigados por los recortes y también los más sensibles si se observa el coste político que han supuesto para el Gobierno central y para los ejecutivos regionales.
Fuentes gubernamentales enfatizan que muchos de estos recortes no se hubieran tenido que hacer si el Gobierno anterior no hubiera subido el sueldo de los funcionarios el 3,5% anual en 2008 y el mismo porcentaje en 2009, a pesar de las graves alertas que estaba desatando ya la crisis económica y de la baja inflación- 1,4% y 0,8%- que se dio en ambos ejercicios. La factura posterior pasada por estos aumentos salariales ha hecho que, al final, desde entonces el poder adquisitivo de los funcionarios haya menguado en un 16%, según las estadísticas que maneja el Gobierno.
