Economía

Los 17 expertos de Montero piden por unanimidad subir los impuestos a Madrid

Entregan el 3 de marzo su informe de 600 páginas y con 120 recomendaciones. No hay votos particulares: piden armonizar Patrimonio y Sucesiones con tipos máximos y mínimos y endurecer el escudo fiscal

  • María Jesús Montero con el Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal.

El 3 de marzo es el día que el Ministerio de Hacienda tiene prevista la entrega y presentación del informe de los expertos que ha designado para que le asesoren en la reforma fiscal. El Ministerio cuenta con que lo entreguen a las 10 horas en su sede, en Alcalá 5, y que a las 12 horas lo presenten en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), según trasladan fuentes conocedoras. El informe, de 600 páginas, ofrece 120 recomendaciones, entre las que destaca la armonización fiscal para obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos. Y lo hacen por unanimidad: no hay votos particulares en un informe cuya confección ha estado envuelta en la polémica por las dimisiones que se han producido por las presiones del Gobierno.

Y es que aunque los expertos se habían decantado por pedir que se armonicen al alza Patrimonio y Sucesiones, lo hacían ofreciendo un menú de opciones y hasta el momento no habían elegido ninguna. El pasado jueves habían acordado una última reunión en la que precisamente iban a decidir si finalmente pedían una opción única. La hay. El informe recomienda establecer unos tipos máximos y mínimos que no se concretan, ya que plantean que dependerán de distintos factores que deberá ponderar el Gobierno a la hora de interpretar los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Los expertos no eligen la opción que han planteado ERC y Podemos en enmiendas a los Presupuestos, que piden la creación de una cuota estatal con un mínimo, aunque se ofrece como una posibilidad.

El otro asunto que quedaba pendiente y que se cerró el jueves es sobre el escudo fiscal, que se plantea revisar y sobre el que se ha analizado la supresión o endurecimiento. Es el límite conjunto en IRPF y Patrimonio, que implica que la suma de las cuotas de IRPF y Patrimonio de un contribuyente no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF. Se trata de una medida que busca evitar efectos confiscatorios del sistema fiscal potencialmente inconstitucionales y cuya supresión o subida a un 65% o 70% puede provocar una fuga de grandes patrimonios. El informe no pide eliminarlo pero sí endurecerlo con un alza del tope.

No hay por lo tanto votos particulares, una de las constantes en este tipo de informes. El del comité que asesoró a Cristóbal Montoro en 2014, liderado por Manuel Lagares, tuvo uno, de Pedro M. Herrera Molina, sobre el gravamen de la vivienda y tratamiento de los rendimientos del trabajo. El de la financiación autonómica que también asesoró a Montoro en 2017, nueve, planteados por 14 expertos.

Retraso en la entrega

De esta forma, la entrega se retrasa a marzo, como adelantó Vozpópuli. No será el 28 de febrero, la fecha que marcó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 12 de abril en la presentación en sociedad de este comité y que venía repitiendo. El pasado diciembre, cuando se produjo la primera dimisión de uno de los sabios, el catedrático Ignacio Zubiri, por las presiones del Gobierno, Hacienda había estipulado que entregaran el informe a finales de enero y se reservaba febrero para analizarlo. Cuando se acercaba la fecha y arreciaban las críticas por la dimisión de un segundo experto, el catedrático Carlos Montasterio, la entrega empezó a dilatarse, proceso que además coincidió con las elecciones en Castilla y León.

Las citas electorales suelen diluir los mensajes sobre impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, como muestra el desmentido a Montero, que anunció subidas de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en la presentación de los expertos, cuando sorpresivamente se convocaron poco después las elecciones a la Comunidad de Madrid con la política de bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso en liza.

Pues bien, una vez despejadas las elecciones castellanoleonesas, los expertos contaban con entregar el informe el jueves 17 de febrero, sin descartar que fuera necesario alargar una semana más, al jueves 24. Llegó ese jueves y con la guerra interna del PP en plena ebullición tras desatarse en la tarde del miércoles 23, hubo un nuevo retraso en la entrega. Los planes que ahora se han concretado eran entregar el informe a principios de marzo, lo que se determinaría con la agenda de la ministra, y se perfilaban los días 2 ó 3 de marzo.

Finalmente se ha acordado el 3. El 1 hay Consejo de Ministros y el 2, además del Pleno del Congreso, desde el Ministerio han planteado algún problema de agenda. Preguntada por este asunto, la ministra dijo el pasado miércoles en un acto en la Casa de la Moneda que la entrega sería a principios de marzo, pero, en plena efeverscencia de la crisis interna del PP, no descartó retrasarlo unas semanas si los expertos lo pedían.

Como trasladó este periódico hace una semana, se va a escenificar que la entrega se realiza por la mañana y se expone a los medios su contenido el mismo día, en un intento de que parezca que el Gobierno no influye ni tiene conocimiento anticipado del contenido. Eso sí, a nadie se le escapa que el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, y su secretario, Alain Cuenca, han podido transmitir una parte o la totalidad de lo que se ha venido acordando.

El comité nació controlado por un presidente y un secretario con lazos con el PSOE y siendo su secretario, además, parte del Gobierno. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que depende de Hacienda, entre 2004 y 2008, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Este cargo tiene rango de director general y es nombrado por el ministro de Hacienda. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.

El secretario, Alain Cuenca, fue nombrado director del IEF por Montero en 2018, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2005, fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio, y entre 2005 y 2008, director General de Coordinación Financiera con Entidades Locales.

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