El pasado 11 de enero, Podemos impidió que el Gobierno sacara adelante el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para completar la transposición de la directiva UE 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida laboral y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación del nivel asistencial de la protección por desempleo. En definitiva, la reforma de los subsidios por desempleo impulsada por Yolanda Díaz. Fue un ajuste de cuentas pendientes entre Sumar y Podemos, que ha obligado a la ministra de Trabajo a negociar, algo a lo que no está especialmente acostumbrada, con los agentes sociales un texto que acabe por convencer a sus excompañeros de partido.
Además de que el texto es fundamental para no perder fondos de la Unión Europea, un acuerdo con sindicatos y patronales limaría las asperezas que existen entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios por las medidas sociales que se llevan adoptando desde la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno, que están encareciendo las nóminas y que, en opinión de la CEOE, nada tienen que ver con la creación de empleo.
La primera reunión ha terminado sin grandes avances y ha servido para conocer los objetivos que se pretenden y las posiciones de partida de cada una de las partes. Del resultado final de las conversaciones dependen los ingresos de cerca de 900.000 personas en España, de acuerdo con los datos de cierre del pasado año del Servicio Estatal de Empleo Público.
En el mes de diciembre, de media, hubo 1.774.534 perceptores de algún tipo de prestación por desempleo, según las cifras pormenorizadas del SEPE. El paro registrado en ese mes fue de 2.707.456, la cifra más baja en un mes de diciembre desde el año 2007. Dicho de otra manera, el 65,5% de los parados registrados en el SEPE recibe algún tipo contraprestación económica. El Ministerio de Trabajo asegura que la cobertura fue en diciembre del pasado año del 72,2%, aunque para calcular la tasa utiliza como denominador el número de parados con experiencia laboral, que se queda en 2,46 millones, sensiblemente más baja.
El número de perceptores de algún tipo de prestación económica (1,774 millones) se reparte en 801.091 desempleados, el 45,14% del total, que tienen derecho a una prestación contributiva por haber cotizado el tiempo suficiente a la Seguridad Social; 719.536, que perciben el subsidio de desempleo (40,54%); 74.417 que cobran la renta agraria circunscrita a trabajadores agrícolas de Andalucía y Extremadura, y 82.016 que reciben el subsidio agrario, exclusivamente en estas dos comunidades autónomas.
Además, otros 94.474 viven de la llamada renta activa de inserción (RAI), eufemismo bajo el que se agrupan los mayores de 45 años que sean parados de larga duración, emigrantes retornados, discapacitados, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica o sexual.
Negociación de los subsidios
Si se excluyen los parados que perciben la prestación contributiva y la renta agraria (en función de las jornadas trabajas), vivían dependientes de un subsidio en diciembre de 2023 un total de 896.026 desempleados, la tercera parte de todos los parados registrados en esa fecha en el SEPE y el 50,5% de los perceptores de una prestación por desempleo. Todas estas personas van a estar muy pendientes de la negociación a tres bandas que va a decidir quiénes tienen derecho a los subsidios, durante cuánto tiempo y en qué cuantía.
Hay comunidades autónomas que dependen en buena parte de los subsidios. Es el caso de Andalucía que con 276.523 personas dependiendo de las ayudas asistenciales absorbe el 30,86% de todos los subsidiados de España. Además, suponen el 55,5% de todos los perceptores de algún tipo de prestación en la región. En Extremadura, la otra zona con derecho a percibir renta y subsidio agrario, la dependencia no es, sin embargo, tan alta: son 32.623 personas, el 45,2% de los perceptores.
Canarias y la Comunidad Valenciana son las otras regiones con mayores problemas. En el primero de los casos, dependen de las ayudas no contributivas cerca de 55.600 personas, casi el 59% de los perceptores totales; en la región levantina, el 53%. Sirva como referencia que en una región muy poblada como Madrid, la dependencia de los subsidios apenas supera el 41%.
Otro de los asuntos que está en juego en la negociación es qué pasará con los perceptores de la renta activa de inserción. Con el texto del Real Decreto-ley que no ha salido adelante, en junio de este año desaparecerá, aunque quedará absorbido por un subsidio de desempleo en un concepto más amplio que el actual. Las mismas o mayores prestaciones, pero en apenas tres categorías.
La actual RAI fue percibida en diciembre por una media de 97.474 personas, de las que 70.749 lo hicieron por la única condición de ser mayores de 45 años. Son el 72,58% del total. El 65% de esta cifra fueron mujeres y el 35% restante, hombres. Algo más de 48.000 desempleados de larga duración tenían entre 45 y 54 años y otros 22.500 por encima de los 55 años. Andalucía es con diferencia la comunidad con más beneficiados de la RAI, con 31.405, casi la tercera parte del total, por delante de la comunidad valenciana que soporta el 15% del total.
xaxonem
Los votos cautivos. Y mientras haya reparto de ayudas, siempre habrá gente necesitada. Por supuesto, la izquierda necesita de esta gente para mantenerse en el poder. De ahí que les importe muy poco la empresa, tanto española como las multinacionales, a la que espantan con la falta de seguridad jurídica. El sistema con el que quiere terminar Milei en Argentina.