La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado este miércoles su informe sobre la eficiencia de los incentivos a la contratación, que suponen un coste para el Estado de entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año -dependiendo del ejercicio-, en el que concluye que es preciso reducir el número de incentivos dado que tienen un impacto "modesto" en la creación de empleo.
En concreto, en un año se eliminaron un 50% de los incentivos a la contratación y esto sólo tuvo un impacto del 0,2% en términos de aumento del desempleo.
La Airef ha estudiado la eficacia de siete tipos incentivos de dos grupos. En el primer grupo engloban aquellos destinados a fomentar el empleo en algunos colectivos: incentivos para que aumente el empleo de los menores de 30 años (se llevan un 27% del presupuesto, 558 millones); incentivos para los mayores de 45 años (dotación del 2%, 49,1 millones); incentivos para fomentar el empleo de personas con discapacidad (41%, 831,3 millones) y mujeres en aquellos sectores en los que están infrarrepresentadas (30%, 611,5 millones).
En el segundo grupo han estudiado los incentivos que se destinan a fomentar ciertos tipos de empleo: la transformación de contratos temporales en indefinidos; la tarifa plana de autónomos; y las bonificaciones para autónomos para conciliar la vida personal y familiar.
Mejor formación que incentivos
En el periodo analizado, de 2012 a 2018, la Airef ha detectado más de 60 incentivos que han estado en vigor en algún periodo de tiempo -entre las disposiciones normativas estatales y las de las Comunidades Autónomas-, de los que muchos se derogaron a finales de 2018. La Autoridad recomienda reducir este número de incentivos y no volver a un escenario como este.
De los incentivos que están en vigor en la actualidad, creen que la tarifa plana de autónomos debería seguir vigente en este escenario de pandemia, pero se abren a la posibilidad de que no sea necesaria en el futuro.
Recomiendan al Gobierno que haga un trabajo para identificar qué colectivos tienen problemas de empleabilidad, para que sí se pongan incentivos para ellos, que diseñe ayudas o incentivos puntuales en caso de necesidad coyuntural -de recesión, por ejemplo (como podría ser ahora un nuevo incentivo para contratar a jóvenes)- y que se fomente la formación en lugar de los incentivos y no olvide las reformas.
Ahorro para el Estado
Defienden que la utilidad de los incentivos para arreglar los problemas estructurales del mercado laboral (como la elevada temporalidad) no es eficaz, dado que requieren reformas estructurales profundas. No han querido decir, sin embargo, qué reformas necesitaría España.
Fuentes de la Airef han explicado que "los incentivos no pueden ser una herramienta con la que acometer las reformas necesarias para el mercado de trabajo. Pensar que con incentivos pueden sustituir las reformas estructurales que necesita el mercado laboral es un error".
Reducir el número de incentivos supondría además un ahorro para las arcas del Estado, dado que el coste de unos 2.000 millones de euros (2.900 en los años en los que ha habido más gasto) es el más elevado de la Unión Europea. Esto se debe, en parte, a que España es el país que ha tenido un desempleo de los más altos en el periodo analizado.
