Los aeropuertos de Barajas y El Prat afrontan un cierre de año a medio gas, con menos de la mitad de vuelos que en 2019. Aunque se están cumpliendo las expectativas y el tráfico aéreo ha crecido progresivamente durante el verano, el parón de los primeros seis meses del año por las restricciones y la sequía del turismo extranjero han hecho que el acumulado del año todavía esté muy lejos de los niveles precovid.
En concreto, en agosto se operaron cerca del 70% de los vuelos realizados en los dos principales aeropuertos españoles en el año previo a la crisis sanitaria, aunque el número de pasajeros se situó todavía más lejos (casi un 50% por debajo), según los datos del gestor aeroportuario Aena.
Sin embargo, hasta junio la actividad aérea estuvo frenada por los rebrotes y las restricciones a la movilidad. Esto ha lastrado el negocio acumulado del año: Barajas ha registrado 121.651 vuelos entre enero y agosto, un 57% menos que en el mismo periodo de 2019. El Prat, un 63% menos (85.514 vuelos en lo que va de 2021).
Tras un verano marcado por los viajes nacionales, el Gobierno prevé que se continúe en el entorno del 70% del tráfico precovid este otoño, pero los expertos consultados por este medio advierten que el agujero a final de año seguirá siendo "muy grande". Tanto es así que el presidente de Aena, Maurici Lucena, ya advirtió hace unos meses de que la recuperación total podría retrasarse hasta 2026.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explica que "los mercados que están mostrando una recuperación más lenta son los de largo radio, cuyas capacidades aéreas se sitúan aún un 59% por debajo
de los niveles de 2019 en el caso de EEUU, un -77% en el caso de Rusia o un -92% en los vuelos con China", tal y como publicó Vozpópuli.
Si se mide la recuperación en número de pasajeros, en lo que va de año por Barajas y el Prat sólo han pasado el 30% y el 25%, respectivamente, de los que lo hicieron antes de la pandemia. Este periódico también avanzó a finales de 2020 que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas esperaba recuperar a lo sumo la mitad de pasajeros que en 2019, cuando alcanzó su récord histórico con 61,7 millones de personas.
En este contexto, el transporte aéreo es el tercer sector con más trabajadores en ERTE en relación a sus afiliados: el 16% todavía están afectados por esta medida ante la caída de la actividad por el coronavirus, según los últimos datos de afiliación ofrecidos por la Seguridad Social del mes de agosto.
Inversiones multimillonarias
Esta situación se vive cuando el Gobierno ha retomado sus planes de ampliar ambos aeródromos, aunque la de El Prat se ha suspendido por la oposición de la Generalitat, dejando en el aire una inversión de 1.700 millones de euros.
El Ejecutivo central pretendía crear un gran centro de conexión capaz de albergar operaciones de largo radio que mejoraran la conectividad de Cataluña con América y Asia, así como poner en marcha iniciativas que potencien la conectividad de los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava.
Sin embargo, este proyecto se ha visto envuelto en una batalla medioambiental por la afectación que podría tener en el entorno natural de La Ricarda, un espacio protegido en la Red Natura 2000.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha replicado este martes al portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluis Cleries, acusando a la Generalitat de Cataluña de romper el acuerdo de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat de forma "unilateral".
Por contra, los planes que el Gobierno tiene para Barajas sí siguen adelante. Pretende invertir 1.600 millones en su ampliación, unificando las cuatro terminales, mejorando las conexiones y construyendo una ciudad aeroportuaria con tiendas y hoteles para multiplicar la acogida de viajeros.
Estas inversiones quedarán resueltas y cerradas en el llamado Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre. Y aunque la ampliación de El Prat está todavía en cuestión, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se ha negado a prorrogar el actual marco regulatorio para dar más margen de negociación.
