El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda de la sociedad Nadlan BCN, de origen israelí, relativa a edificios valorados en 63,5 millones de euros que ahora utiliza la Generalitat de Cataluña, según un auto del pasado 13 de noviembre de 2020 que ha podido cotejar Vozpópuli.
Nadlan BCN los compró tras una adjudicación directa de la Generalitat (que no había conseguido subastar el edificio) en 2015. La operación sorprendió al sector inmobiliario catalán porque se trataba de una empresa desconocida, que se acababa de crear y que se volvería 'casera' de dependencias de la Generalitat (en concreto, de la entonces consejería de Empresa y Ocupación). Pero, después de que la empresa pidiera dos aplazamientos de los pagos totales al Govern, este anuló la adjudicación.
Asesorado por el bufete de Joan Laporta, Nadlan recurrió la decisión de la Generalitat para recuperar los edificios, por los que había llegado a pagar solo 16 millones en concepto de garantía que no ha recuperado. La mercantil ha alegado que la Generalitat no podía echarse atrás en la adjudicación, acogiéndose a un argumentario que ha suscitado posiciones encontradas en la Judicatura.
El administrador de Nadlan es el israelí Morris Moshe, al que se ha vinculado con Laporta desde antes del proceso judicial y también con el empresario israelí Jacky Ben-Zaken en la financiación. Moshe, asimismo, está ligado a la farmacéutica israelí Medtechnica Ltd.
En el escrito del TSJC, el propio Joan Laporta en persona aparece como letrado en representación de Nadlan
La mercantil de origen israelí ha elevado el caso de los edificios barceloneses ante el Tribunal Supremo con un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de julio de 2019 que también ha podido cotejar este medio.
En la sentencia del TSJC, el propio Joan Laporta en persona, presidente del Barça entre 2003 y 2010 y ahora precandidato a mandatario blaugrana, aparece como letrado en representación de Nadlan.
Este periódico ha intentado contactar con el candidato a presidir el Barça y con su bufete de abogados, Laporta & Arbós, para obtener su versión de los hechos. Al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta. Desde la Generalitat de Cataluña se limitan a señalar que "el asunto está en el Supremo".
"Interés casacional"
Y ello después de que el TSJC diera la razón en el plano general a la Generalitat pero dejara, a juicio del Supremo, sin resolver uno de los argumentos de Nadlan.
En concreto, dice el Alto Tribunal, "si la perfección de una enajenación de un bien patrimonial por la administración pública mediante el procedimiento de adjudicación directa, una vez que la subasta previa celebrada fue declarada desierta, debe entenderse producida con la Resolución que aprueba la adjudicación directa ex artículo 138.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las administraciones públicas, o, por el contrario, es preciso un acto posterior de formalización del contrato por aplicación de la normativa contractual". El Supremo tendrá que sentar ahora jurisprudencia en la materia.
Nadlan nunca ha presentado cuentas
La empresa Nadlan, que se constituyó en 2015, no ha presentado hasta el momento cuentas ante el Registro Mercantil.
De las empresas que administra Laporta, este medio ha podido acceder a través de Insight View a las cuentas de su vehículo inversor, la mercantil Lastruch Inversions SL. La misma declaraba un patrimonio neto de 676.679 euros al cabo de 2019.
En 2018 trascendió que el expresidente blaugrana había sido contratado como asesor de otra empresa de origen israelí, Sirin Labs, dedicada a proyectos de telefonía móvil basados en monedas virtuales, informó este periódico.
Tal y como también apuntó este medio, Laporta es uno de los candidatos preferidos del líder independentista Carles Puigdemont. El otro es Víctor Font, de quien se destaca su potencial equipo económico.
