La subida de la fiscalidad del diésel y la creación de un impuesto a los billetes de avión son dos de las medidas tributarias más polémicas que promete el Gobierno a Bruselas en el Plan de Recuperación. El Gobierno proyectaba activarlas desde hace tiempo en aras de reducir la contaminación y de una movilidad más sostenible, pero las ha ido aparcando por el miedo a la contestación social y por la crisis generada por la pandemia. A lo que se ha sumado en los últimos meses el encarecimiento de los precios de la energía. Cabe recordar que las protestas de los chalecos amarillos en Francia las originó el incremento previsto en el impuesto sobre el carbono y sus implicaciones sobre los precios de los carburantes, y las de Chile y Ecuador, los aumentos en los costes de transporte. El informe del comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal va a suponer un apoyo al Ministerio para lanzarlas. La ponencia sobre fiscalidad verde recoge estas medidas y ofrece formas de compensación, ya que las considera regresivas, pero no se decanta por ninguna fórmula concreta. La más urgente es la subida del diésel, que el Ejecutivo ha comprometido para antes de junio de este año y sobre la que Hacienda ha corrido un tupido velo en los últimos meses.
La ponencia de los expertos sobre fiscalidad verde parte de la necesidad de elevar el bajo nivel de la fiscalidad española medioambiental, la anomalía española, respecto a la media de la UE. Así lo han pedido la Comisión Europea y la OCDE y lo recomendó el comité de expertos que asesoró a Cristóbal Montoro en 2014 para su reforma fiscal y el de 2017 que hizo lo propio para la de la financiación autonómica. En este sentido, el comité constata que el transporte es el sector con mayor peso en las emisiones españolas de gases de efecto invernadero y que más del 92% de éstas correspondieron al transporte por carretera. Las emisiones del sector de la aviación tienen un peso menor, pero habían experimentado un fuerte incremento antes de la pandemia que se espera que vuelva a la senda ascendente.
En cuanto a los carburantes, se parte de que los gravámenes sobre el diésel y la gasolina están muy por debajo del nivel medio de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Se propone la equiparación, lo que puede hacerse de una vez o en etapas.
Una subida del diésel para equipararlo a la gasolina estaba en el programa del PSOE. No entró en los fallidos Presupuestos de 2019 porque no era del agrado de Podemos. Finalmente, sí se incluyó en los Presupuestos de 2021, pero se cayó en la negociación de enmiendas a instancias del PNV y Ciudadanos. Con el objetivo de recaudar 500 millones de euros, el tipo impositivo pasaba a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales, aún por debajo de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina. Esto suponía un incremento de 3,8 céntimos por litro, 38 euros por cada mil litros, o lo que es lo mismo, 3,45 euros más al mes para un consumidor que haga unos 15.000 kilómetros al año, algo más de 41 euros al año.
La recuperación de esta medida está encima de la mesa, en un momento en que se tramita el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que el PNV tolera. En el Plan de Recuperación, el Gobierno se compromete a la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante".
En lo que respecta al impuesto a billetes de avión, Hacienda emprendió el proyecto justo antes de la pandemia y el impuesto, propuesto por Transición Ecológica, llegó a estar en consulta pública, pero con la crisis del coronavirus se paralizó. Este impuesto, que tienen en vigor Francia, Alemania y otros países, ha sido estudiando por uno de los expertos, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo experto en fiscalidad medioambiental, que analiza distintos escenarios que van desde un impuesto medio de 2,94 euros por pasajero en los vuelos domésticos y 9,06 euros en los vuelos internacionales para recaudar 900 millones, a 5,43 euros en los vuelos domésticos y 16,76 euros en los vuelos internacionales para reunir 1.500 millones, con posibilidades intermedias de gravar corta distancia con 4,47 euros, media, con 23,32 euros y larga, con 41,99 euros para recaudar 1.300 millones. El Plan de Recuperación se compromete de entrada a "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores".
Como es habitual en el Plan de Recuperación, estas medidas se acompañan de otras que el Gobierno ya tiene en vigor o en avanzada tramitación, el caso de los impuestos a plásticos y a residuos o la reforma del de gases fluorados. El documento enviado a Bruselas también se compromete a introducir impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos. En un momento en el que la Comisión Europea prepara una Directiva sobre imposición medioambiental que trata cuestiones de difícil implantación como la subida fiscal del diésel y la supresión de exenciones al gasóleo profesional.
Batería de preguntas del PP
Los impuestos verdes, junto con la armonización al alza de Sucesiones y Patrimonio para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos, son los asuntos más polémicos que trata el comité de expertos. La creación de este grupo, la cuarta que se hace en democracia para que asesore ante una inminente reforma fiscal, viene en esta ocasión singularizada por que es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación, del que dependen la llegada de los fondos de la UE. En concreto, el Gobierno promete que "las modificaciones del sistema tributario basadas en las recomendaciones de este informe" entrarán en vigor a más tardar el 31 de marzo de 2023. Es decir, a diferencia de los informes anteriores, éste deberá tener trascendencia legislativa, ser la base del texto legislativo de la reforma.
En este escenario y ante el abandono de los catedráticos Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio del comité, salidas que adelantó Vozpópuli, el Grupo Popular en el Congreso va a registrar una batería de preguntas al Gobierno, a la que ha tenido acceso este periódico. Los populares preguntan en primer lugar por qué se han ido Zubiri y Monasterio. Y a continuación ponen el dedo en el compromiso que ha asumido el Gobierno con Bruselas con este comité y su efecto en forma de presiones sobre los temas más polémicos. Así cuestionan si uno de los motivos de estos abandonos es que los expertos "no tienen libertad de acción tras el pacto fiscal del Gobierno con la Comisión Europea que se recoge en el Plan de Recuperación", y que afecta, "entre otros, a la revisión de las bonificaciones a los hidrocarburos (subida del diésel), a la armonización patrimonial o a la aplicación de un impuesto a los billetes de avión".
En este sentido, los diputados Carolina España, Javier Bas, Mario Garcés y Eloy Lamata preguntan "cuántas medidas fiscales incluidas en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas van a formar parte del Libro Blanco que está elaborando el comité de expertos".
Pregunta Comité expertos re... by Vozpópuli
Compensaciones
La ponencia sobre impuestos verdes ofrece varias opciones y advierte de que estos impuestos son regresivos, para lo que recomienda ofrecer compensaciones, que pueden colaborar en su aceptación social de cara a los contribuyentes, sectores económicos y territorios más afectados, pero no se decanta por ninguna.
Estas compensaciones pueden ir desde reducciones del IVA, IRPF o Sociedades a compensaciones universales en forma de transferencias, financiar programas que subsidien mejoras en la eficiencia energética y ayuden a los hogares a reducir su uso energético y costes, incentivos al transporte público o la renovación de las viviendas sociales.
El guirigay autonómico
El informe también aboga por la recentralización de tributos autonómicos, como pretende el Gobierno con el impuesto a residuos que ahora mismo tramita el Senado dentro de la Ley de Residuos. El diagnóstico: que el desinterés mostrado por el gobierno central por los supuestos efectos en la competitividad de los impuestos verdes y la contestación social que pueden generar ha sido aprovechado por las CCAA para introducir impuestos verdes propios, al agua, emisiones de gases, eólicos, etc., pero con escaso recorrido en términos ambientales y económicos. Su introducción ha respondido habitualmente a razones recaudatorias y no a objetivos ambientales y, por ello, en general, presentan problemas técnicos y de asignación jurisdiccional, no estiman apropiadamente los costes sociales, tienen una capacidad limitada para lograr cambios en los comportamientos y, además, existe entre ellos una clara falta de coordinación entre gobiernos.
Hacienda ha dado a los expertos oficialmente de plazo para terminar su informe hasta el 28 de febrero, pero ha estipulado que a finales de enero se lo entreguen y se reserva febrero para analizarlo. De todas las iniciativas sobre fiscalidad medioambiental encima e la mesa y en el Plan de Recuperación, de momento, en la tramitación del impuesto a plásticos al que también alude el comité se ha retrasado su entrada en vigor a por lo menos enero de 2023, cuando se ha comprometido a Bruselas que esté vigente antes del próximo junio.
