Si cumple su amenaza contra Madrid, Pedro Sánchez será el segundo presidente socialista que tropieza en la misma piedra. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero. El jueves 30 de diciembre de 2004, el entonces líder del Gobierno materializó su desafío y sacó adelante en el Consejo de Ministros el traslado de un organismo público desde la capital a Barcelona.
El real decreto ley publicado en el BOE un día más tarde, el último del año, condenaba a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a un centenar largo de funcionarios a abandonar Madrid. Tenían un año para hacer las maletas e instalarse en un edificio de nueva construcción en la ciudad condal. El final es conocido: la medida provocó la rebelión de los empleados, la dimisión de su presidente, una mudanza a medias y una batalla judicial que culminó con un rapapolvo del Tribunal Supremo, que declaró ilegal el cambio de sede.
El Gobierno de Sánchez es plenamente consciente del absurdo viaje de ida y vuelta que forzó Zapatero. Que vuelva a la carga, por tanto, con el debate de la deslocalización refuerza la tesis de quienes vislumbran una cortina de humo tras la amenaza. El pasado domingo, el presidente del Gobierno invitó a reflexionar sobre "la necesidad de que muchas de las instituciones públicas salgan de la capital de España". Sánchez estaba amplificando la propuesta que otro socialista, Ximo Puig, había lanzado 24 horas antes. El presidente valenciano abogó por iniciar una "segunda transición territorial" que favoreciera la "descentralización" de los órganos de decisión.
Puig volvía a lanzar otra ráfaga contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la segunda en menos de tres meses. A finales de julio, planteó aplicar un nuevo impuesto a Madrid para compensar al resto de CCAA que no se benefician del 'efecto capitalidad'. En esa ocasión, quien se encargó de amplificar la idea fue otro miembro del Ejecutivo, José Luis Escrivá.
El revuelo desatado obligó a María Jesús Montero a desmentir que ese gravamen estuviera ahora entre los planes de Hacienda. Sin embargo, el objetivo político de Moncloa estaba más que cumplido: atacar a la incómoda y 'peligrosa' Díaz Ayuso, abonando la idea de que los madrileños gozan de determinados privilegios a costa del resto de españoles.
Consignas contra Ayuso
La propuesta de descentralizar los entes públicos no hace sino alentar una estrategia que tan buenos frutos ha dado a los independentistas catalanes. Del 'España ens roba' al 'Madrid nos roba'. Lo tienen claro en los despachos oficiales de la Puerta del Sol, donde recuerdan que el PSOE ha agitado un debate totalmente fuera de foco en un momento sensible. Este miércoles, la ministra de Hacienda dio a conocer unos Presupuestos en los que la Comunidad de Madrid no sale, precisamente, bien parada.
"Parece que la obsesión del PSOE no es que las cosas mejoren en España, sino que empeoren en Madrid, para que no se note lo mal que funcionan los territorios donde gobiernan ellos", asevera el consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Lo cierto es que algunas cifras oficiales dan la razón al político popular, mano derecha de Díaz Ayuso. Y las más evidentes son las que apuntan a la región que gobierna Ximo Puig.
Lo que genera inquietud es el peligro de que Sánchez vuelva a usar las instituciones de Madrid como moneda de cambio para lograr apoyos parlamentarios
Según el Banco de España, la Comunidad Valenciana se mantiene a la cabeza de las autonomías con más deuda: un 47,8% del PIB. La siguen a distancia Castilla La Mancha (39,2%) y Murcia (37%). Madrid está en el otro extremo: es la segunda más saneada, con un endeudamiento del 15,7%, sólo superada por Canarias (15%).
Lo mismo ocurre con el déficit. La Comunidad Valenciana es la primera del ránking. Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), acabará el año con un desequilibrio del 2,3%, seguida de Murcia (1,7%) y Extremadura (1,4%). La Comunidad de Madrid vuelve a ocupar el segundo mejor lugar, con un déficit del 0,3%. "Desde antes del verano, Ximo Puig ha elegido como posición política culpabilizar a Madrid de todo", se queja Lasquetty. "Debería centrarse en investigar por qué le va mal a Valencia".
Los Presupuestos Generales del Estado también reflejan una tendencia contraria a los intereses del gobierno madrileño. En 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa, la inversión del Estado por habitante en la comunidad que lidera Díaz Ayuso ascendía a 191,7 euros. Esa cifra desciende hasta los 170,7 euros en las cuentas de 2022.
"Lo que preocupa a los empresarios no es tanto que se pueda mover o no un organismo, sino que se ataque así a Madrid, que nos perjudiquen por motivos políticos. Y eso es lo que se está intentando: enemistar al resto de los territorios con nosotros. Es inaceptable que se promueva esa imagen", se lamenta Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). "Además, si los gestos son tan importantes para el Gobierno, por qué el PSOE no predica con el ejemplo y traslada su sede de Ferraz a otra ciudad?", se pregunta el líder de la patronal madrileña.
En el reparto de los llamados 'fondos regionalizables', el Ejecutivo valenciano también sale mucho mejor parado que el madrileño. El primero se beneficiará de un incremento del 3,7%, frente al sorprendente descenso del 8,1% para el segundo. El recorte en Madrid chirría, sobre todo, al compararlo con Cataluña, compensada con un aumento del 6,1%.
El Govern catalán sería, precisamente, uno de los beneficiados en el caso de que Sánchez decidiera seguir adelante con su amenaza de descentralización. La necesidad de sostener los apoyos de los partidos independentistas abona el terreno para que Sánchez vuelva a hacer una 'ofrenda' a Cataluña como la que ordenó en su día Zapatero.
Moncloa se escuda en la conveniencia de avanzar hacia un modelo como el de Alemania, donde numerosas instituciones del Estado están repartidas por los 'länder'. Quienes critican la propuesta -desde el PP hasta colectivos de funcionarios- recuerdan que el modelo federal alemán está a años luz del sistema autonómico español. E insisten en el peligro de que el Ejecutivo use las instituciones afincadas en la capital como moneda de cambio para lograr apoyos parlamentarios.
La realidad tardó poco en demostrar que el traslado de la CMT a Barcelona tenía un trasfondo más oportunista que práctico. Que obedecía a intereses más partidistas que generales
La sospecha no es exagerada si se tiene en cuenta lo que ocurrió en su día con la CMT. La idea se cocinó en las filas de Cercle d'Economía, a principios del siglo. Pronto contó con el patrocinio del PSC y, sobre todo, de CiU, que la presentó en el Parlamento en 2001 como proposición no de ley. Pero el proyecto no cobró forma hasta que Zapatero llegó al poder, en abril de 2004. El político vallisoletano vio un filón para granjearse votos en Cataluña. Y pactó con el entonces 'president', Pasqual Maragall, la 'entrega' del organismo que controlaba el boyante negocio de las telecomunicaciones. Al igual que hizo Sánchez hace una semana, Zapatero también planteó entonces la necesidad de sacar de la capital algunos centros de decisión. De hecho, el traslado de la CMT fue anunciado el 21 de julio de 2004 como un primer paso.
La realidad tardó poco en demostrar que el proyecto tenía un trasfondo más oportunista que práctico. Que obedecía a intereses más partidistas que generales. La medida, diseñada con demasiada prisa, carecía de un armazón legal consistente, y contaba con la oposición de la plantilla de la comisión y de su presidente, Carlos Bustelo. Los funcionarios se agruparon y fueron a los tribunales, pero el ministro encargado del traslado, José Montilla, se mantuvo firme. Bustelo acabó dimitiendo en marzo de 2005, tras denunciar la "deportación" de "la parte de su equipo más valiosa, que tiene su vida en Madrid".
Cuando los empleados 'rebeldes' habían ganado la batalla en los juzgados -llegaron hasta el Tribunal Supremo-, la CNMT ya estaba instalada en Barcelona, en un edificio que costó 62 millones de euros. El balance de la operación de Zapatero no pudo ser más lamentable. En 2012, el 'culebrón' de la CMT vivió su último capítulo: el organismo fue engullido por otro de nueva creación (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) cuya sede, por motivos de logística y organización, se estableció en Madrid.
"No se puede presuponer que las empresas, la riqueza y las personas se van a ir detrás de las instituciones", asegura un alto cargo madrileño. El precedente de la CMT invita a pronosticar que cualquier movimiento de Sánchez en la misma dirección acabará en los tribunales. Una hipotética deslocalización sólo tendría posibilidades de éxito con una base legal firme y, por encima de todo, con el acuerdo previo de los gobiernos central y autonómico. Una auténtica quimera, habida cuenta de que una de las partes está acusando a la otra poco menos que de robar.
