España debe pagar 300 millones de euros a NextEra, el mayor generador de energía solar y eólica de Estados Unidos. Así lo dictaminó el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, después de que el gigante energético exigiese 521 millones al Reino de España por retirar en 2012 las ayudas a las renovables. Cuatro años después, España sigue en la 'lista de morosos' y la justicia de Estados Unidos ve en el caso de NextEra un asunto "prioritario" para poder afrontar el resto de sentencias que tiene encima de la mesa.
El Juzgado del Distrito de Columbia sigue gestionando peticiones de España y sus asesores judiciales, entre los que destacan despachos internacionales como Williams & Connolly o Foley Hoag, para frenar el proceso y no pagar estos 300 millones, costas incluidas. Una vía que declina el Juzgado y señala al caso NextEra como su caso prioritario para sentar precedente para el resto de causas.
Un proceso al que siguen la sentencias que ganaron otras energéticas como 9Ren y Blasket Renewable. Esta prioridad se trasladó el pasado 13 de octubre en el 'informe de situación', al que ha tenido acceso este medio, que tenía como destinatario los representantes legales de España y los dueños de otro de los arbitrajes más conocidos, el 'caso Antin', que está en manos de Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energía Termosolar B.V.
La deuda más grande
NextEra es el arbitraje más grande de la multitud de procesos que hay por esta decisión. El gigante energético de Estados Unidos ganó este laudo después de que el propio Ciadi determinara que España vulneró en 2012 el Tratado sobre la Carta de la Energía al retirar los incentivos económicos para proyectos de energía renovable.
Unos incentivos en España que habían seducido a la empresa estadounidense para realizar su inversión en dos plantas fotovoltaicas de Extremadura. NextEra invirtió en 2007 cerca de 750 millones de euros en estos proyectos para capitalizar las tarifas garantizadas del país. Pero, después de que España cambiara su regulación, la empresa se quedó sin las condiciones favorables que habían el régimen favorable para los inversores, un castigo que las filiales de NextEra decidieron defender a través de arbitraje contra España.
Los Abogados del Estado y sus respectivos bufetes contratados para la ocasión llevan tres años intentando evitar este pago en Estados Unidos o, incluso, en Holanda. Como informaba Vozpópuli, el pasado 22 de diciembre, España notificó a NextEra afectadas por este recorte que había enviado una solicitud urgente ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam para obligar a suspender el litigio de Estados Unidos. Previamente, la Abogacía del Estado había intentado anular este laudo en el propio Ciadi.
EEUU presiona a España por varias vías
En resumen, mientras se negocia la formación de Gobierno, los arbitrajes por la retirada de Mariano Rajoy de las primas de las renovables que concedió José Luis Rodríguez Zapatero, son ‘un elefante en la habitación’. Según explican a este periódico desde los fondos y empresas afectadas, una comitiva de estos afectados visitarán España en noviembre, haya o no haya Gobierno. El objetivo es explicar y conversar con los diferentes grupos de interés estos procesos mientras se continúa con la actividad judicial.
Pero, como reconocen, las noticias que llegan desde Estados Unidos alimentan sus esperanzas de cobrar sus deudas. Y no solo desde los tribunales. La Secretaría de Estado de Estados Unidos actualizó en agosto el informe-país que evalúa el clima de inversión vigente en España. Una actualización que sirvió para avisar a las empresas de este hecho. “España acumula más de 32 demandas, por un total de unos 7.600 millones de euros en reclamaciones. España enfrenta una larga lista de reclamaciones internacionales relacionadas con proyectos de energía solar fotovoltaica y energías renovables”.
También la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, considerada la “organización empresarial más grande del mundo”, envió en julio una carta para presionar a los tribunales estadounidenses en favor de las empresas. “La interpretación propuesta por el apelante (Reino de España) de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA) conlleva consecuencias desastrosas para el arbitraje internacional de inversiones (y comercial)”, aseguraba la Cámara de Comercio.
El actual Gobierno defiende su estrategia con estos arbitrajes y lo califica de “éxito”, como adelantaba este medio. Los representantes del Gobierno sostienen que se ha conseguido en esta legislatura "reducir las indemnizaciones reclamadas", hasta el punto de que dicha rebaja supera el 85% sobre lo demandado y consideran que, pese al ruido, existe una tendencia descendente en estos litigios internacionales.
NextEra posible ‘caja de Pandora’
El caso de NextEra puede ser un golpe de efecto de esta batalla que ya dura una década. Si la causa avanza como pide la justicia de Estados Unidos y las empresas, se puede abrir una ‘caja de Pandora’ de 21 condenas internacionales con una factura de 1.200 millones reconocidas por el organismo arbitral del Banco Mundial.
El plan de los representantes legales de estos afectados sigue siendo el embargo de activos de España en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido. Como informaba este medio, estas firmas internacionales manejan una lista de 2.000 activos que tiene el Reino de España localizados en extranjero por un valor cercano a los 3.000 millones de euros.
Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres, los activos de Navantia en Australia o la deuda pendiente que tiene la aseguradora del Prestige tras la tragedia medioambiental de 2002 son alguno de los nombres que aparecen en esta larga lista. Un ‘culebrón’ que promete nuevos capítulos en noviembre, pese a la falta de Gobierno en España.
