Ya está en marcha el segundo intento del Gobierno para frenar la crisis de la factura de la luz. Pedro Sánchez anunciaba este lunes un plan centrado para abaratar la tarifa centrado en un 'hachazo' a las eléctricas. Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes internas de Moncloa, este proceso urgente se tramitará a través de un real decreto-ley con el foco en requisar de manera inmediata los denominados 'beneficios caídos del cielo' y subastar la energía que logran de las concesiones hidroeléctricas.
El Gobierno ha cambiado de planes tras la tormenta eléctrica de verano. Su recorte a los 'windfall profits' (beneficios caídos del cielo) o 'ingresos inmerecidos', el ingreso extra que reciben nucleares o hidroeléctricas por un CO2 que no emiten, se estaba tramitando en el Congreso como anteproyecto de ley. Pero, la llegada del invierno y las previsiones de que los precios eléctricos no dejarán de subir, han hecho que el 'hachazo' se realice directamente desde Moncloa.
Según ha podido saber este medio, la 'minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se establecerá hasta el 31 de marzo de 2022 que es cuando esperan que baje el precio del gas. El Gobierno recortará la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de las instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero.
El cálculo de este recorte depende de multitud de variables, pero el propio Pedro Sánchez lo cifraba el lunes en cerca de 650 millones de euros. Moncloa estipula que se trata de "una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales".
Los afectado serán las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Los titulares de estas instalaciones nucleares e hidroeléctricas de producción de energía eléctrica no emisoras de gases de efecto invernadero en el territorio peninsular español, cualquiera que sea su tecnología.
El Gobierno lanza una nueva subasta
En paralelo, el Gobierno pondrá en marcha la "primera subasta de energía inframarginal gestionable y no emisora". Dicho de otra manera, obligará a las adjudicatarias de las centrales hidroeléctricas a vender la producción eléctrica de sus presas a un precio fijo.
Una subasta que espera que se celebre antes del 31 de diciembre de 2021 y que afectará a una cantidad total de energía anual de 15.830,08 GWh. Esta cifra se reparte en 6.737,26 GWh de Endesa, 7.323,63 GWh de Iberdrola, 1.405,48 GWh de Naturgy y 363,72 GWh de EDP.
La intención del Gobierno en este proceso es abrir la puerta de este tipo de energía a comercializadoras más pequeñas. Con ello, desde Moncloa espera que se impulse el desarrollo de empresas con actividad de comercialización, fomentando así la competencia en el mercado minorista para asegurar menores precios para el consumidor final.
