Ignacio González y Javier López Madrid piden anular la investigación realizada en la pieza del tren de Navalcarnero, en el caso Lezo, por, entre otras razones, la intervención de ciertas comunicaciones, algunas de ellas mantenidas con sus abogados.
Los investigados en el conocido como caso Lezo por la pieza referida a las obras inconclusas del tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, presentaron a finales de la pasada semana sus escritos de conclusiones ante el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, con el Juez Manuel García Castellón al frente.
La Fiscalía ha solicitado, este mes, la apertura de juicio oral contra López Madrid, para el que pide cuatro años de prisión por delito de cohecho, y dos años y seis meses por falsedad documental; la misma pena se solicita para Damián Ramos Ramos, y Rafael Martín Nicolás.
González sostiene que su imputación obedece a una denuncia falsa de Villarejo y requiere la nulidad de toda la causa
La Fiscal requiere tres años y seis meses de cárcel para Adrián de la Joya, por delito de cohecho activo. Y cuatro años de prisión por cohecho pasivo para Ildefonso de Miguel e Ignacio González.
La Fiscalía, que pide una amplia lista de testigos, entre ellos Juan Miguel Villar Mir y su hijo Juan Villar Mir, sostiene que los acusados posibilitaron que el grupo OHL "destinara importantes fondos para retribuir a cargos públicos", con el fin de beneficiarse de la adjudicación del proyecto ferroviario de Móstoles y Navalcarnero.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y el presidente de Ferroatlántica y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, coinciden en sus escritos al Juzgado en reclamar nulidades relacionadas con la intervención de comunicaciones.
Villar Mir llegó a presentar ante el Supremo querella contra el Juez García Castellón por escuchas con su abogado
Con anterioridad, el fundador del grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien estuvo investigado también por el mismo asunto del tren de Navalcarnero, llegó a presentar ante el Tribunal Supremo querella contra el Juez Manuel García-Castellón, al frente de los casos Lezo, Púnica y Villarejo, entre otros, por permitir escuchas de conversaciones con sus abogados.
La causa contra Villar Mir en el caso Lezo por la pieza del proyecto ferroviario en Madrid fue archivada en noviembre de 2020, como publicó este diario. El Tribunal Supremo inadmitió la querella presentada por el que fuera principal accionista de OHL contra el Juez García Castellón en febrero de 2019.
Micrófonos y Villarejo
Ignacio González solicita la nulidad del auto por el que el Juez acordó, en octubre de 2016, la colocación de micrófonos en el despacho donde ejercía de abogado. La medida la tomó el Juzgado para "cubrir los encuentros entre Edmundo Rodríguez Sobrino e Ignacio González", por supuestos delitos relacionados con el Canal de Isabel II.
Los micrófonos colocados en el despacho de González grabaron conversaciones con Eduardo Zaplana
Sin embargo, advierte la defensa de González en su escrito de la pasada semana al Juzgado, no se captó ninguna conversación entre ambos, y sí con terceras personas, entre ellas, el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. Se trata de conversaciones y reuniones, subraya, que pretenden incluirse en la investigación "cuando eran ajenos a ella".
También requiere la nulidad de grabaciones de conversaciones entre Ignacio González y sus hermanos Pablo e Isabel, entre otras. Así como la nulidad del auto de junio de 2017 por el que se permitió la entrada y registro del despacho de abogados en el que entonces el expresidente de la Comunidad de Madrid ejercía su labor de abogado.
Ignacio González requiere en su reciente escrito al Juzgado la nulidad de Pleno Derecho de toda la causa, desde su origen, pues sostiene que todo el relato que le incrimina es falso y está orquestado por el excomisario José Manuel Villarejo.
López Madrid y escuchas
La defensa de Javier López Madrid requiere en su escrito de defensa en el que formula conclusiones, nulidad parcial de las actuaciones por vulneración de derecho de defensa y de secreto de las comunicaciones.
La defensa de López Madrid habla de "masivas grabaciones" de conversaciones de investigados y abogados
En el mismo se refieren a las grabaciones de conversaciones entre Villar Mir, López Madrid y su abogado, que fueron incluidos por la UCO (Guardia Civil) en marzo de 2018, en Oficio titulado Informe final de intervenciones telefónicas.
La defensa de López Madrid menciona "masivas grabaciones de conversaciones entre investigados y abogados defensores", empleadas en la investigación, lo que califica de "hecho de enorme gravedad, al punto de que el mismo también invalida las actuaciones".
Los abogados del empresario madrileño aseguran que este no tuvo participación alguna en el proceso de contratación ejecución del proyecto ferroviario que debía unir Móstoles y Navalcarnero, y que como consejero dominical de OHL no tenía funciones ejecutivas.
