El Ministerio de Educación no actuará en Cataluña hasta que "la justicia concluya su trabajo". La "ofensiva legislativa" lanzada por el Gobierno de la Generalitat para blindar la inmersión lingüística en catalán tras el rechazo del Tribunal Supremo a su recurso de casación contra la sentencia que le obliga a garantizar un mínimo del 25% de clases en castellano en todos los colegios de la región no ha servido para que el departamento liderado por Pilar Alegría tome medida alguna. Al menos por ahora.
Ante los reiterados llamamientos a la desobediencia por parte de las autoridades catalanas, la ministra de Educación se ha limitado a señalar que "las sentencias se cumplen" y que "no hay debate". Una frase que repitió Pedro Sánchez a la salida del Consejo Europeo tras semanas guardando silencio en torno al acoso a la familia de Canet de Mar que pidió cumplir con la cuota de castellano en la escuela de su hijo de cinco años.
Fuentes del ministerio de Educación aseguran a Vozpópuli que el departamento "podrá actuar cuando la justicia concluya su trabajo y pasen un mínimo de dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordene a la Generalitat la aplicación del 25%". Según las mismas, el Tribunal Supremo todavía no ha comunicado al TSJC la inadmisión del recurso de casación que el Gobierno catalán presentó contra su sentencia. "Una vez que el Tribunal Supremo se lo comunique, el TSJC tiene que emitir un auto señalando que la sentencia es firme y que no caben más recursos. Y cuando eso suceda se lo comunicará a la Generalitat y le dará la orden de que ejecute la sentencia", explican a este diario.
Una vez que el Tribunal Supremo se lo comunique, el TSJC tiene que emitir un auto señalando que la sentencia es firme y que no caben más recursos
Mientras tanto, el presidente Aragonès avanza en sus planes. Dos días antes de la celebración de la manifestación a favor de la inmersión lingüística en catalán que recorrió las calles de Barcelona este sábado, el dirigente de ERC improvisó una suerte de 'cumbre' en defensa del catalán y repartió tareas al sector de la enseñanza y la inspección educativa.
Entre las entidades participantes en el encuentro estaban los sindicatos Ustec, UGT, CCOO, CGT, SEPC, la ANC, Òmnium, la Plataforma per la Llengua y el centro Unesco de Cataluña. También la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña. Según Aragonès, la inspección educativa intensificará de forma inmediata la supervisión de proyectos lingüísticos vigentes, para que se garantice su cumplimiento. El presidente de la Generalitat adelantó que se han dado órdenes para que desde este mismo viernes el cuerpo de inspectores de la Generalitat intensifique esa vigilancia. "Si la clase de matemáticas se ha de hacer en catalán, hay que garantizarlo", insistió.
Dos 'profes' por aula en Cataluña
Otra de las medidas que la Generalitat de Cataluña pretende poner en marcha es la de poner dos profesores en las aulas "afectadas" para preservar el proyecto lingüístico del centro. Cada centro decidirá -dijo el 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray- qué papel juega cada docente. Sin embargo, no concretó si ello significa que un maestro dará la clase en castellano y el otro en catalán.
Desde el Ministerio de Educación pilotado por Alegría insisten en que "todavía tiene que seguir actuando la Justicia antes de que le comunique a la Generalitat la ejecución de la misma". "Una vez que sea ejecutable la sentencia tendrán que aplicar el 25% en todos los centros y, si no lo hacen, el consejero incurre en responsabilidad penal", añaden.
Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), defensora de la familia de Canet de Mar y de otras tantas que han decidido denunciar la vulneración de sus derechos lingüísticos, ha llevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el discurso de Aragonès de este jueves porque, a su juicio, "intenta coaccionar a los alumnos y familias que ya disfrutan del 25% en castellano". La AEB, que ha lanzado junto a otras entidades una nueva plataforma llamada Escuela de Todos para impulsar el bilingüismo en las aulas, pide ayuda a todos los europarlamentarios españoles.
Escuela de Todos facilitará formularios a las familias de toda la comunidad para recabar peticiones de castellano en las aulas. Las organizaciones que integran esta plataforma consideran que "el Gobierno no está tomando una postura militante para que se cumpla con su sentencia" y que lleva semanas protagonizando "declaraciones contradictorias y silencio": "Es evidente que no podemos esperar un apoyo institucional".
Dudas entre los inspectores
Por otro lado, los inspectores educativos muestran dudas ante los planes de la Generalitat. Fuentes de la inspección educativa explican a Vozpópuli que, para empezar, no todos han recibido la instrucción por parte de las autoridades educativas. "Una sentencia ha de generar una modificación normativa y es la Generalitat la que ahora tiene que hacer cambios para que los profesionales puedan aplicarla en los centros educativos", apuntan.
"Si hay que enseñar un 25% de castellano esto no puede limitarse a la asignatura de Lengua Castellana como ocurre ahora en la mayoría de los casos. Faltarían dos horas más por impartir en castellano y hay que establecer en qué asignatura se van a dar. ¿Quién lo decide? Los funcionarios necesitan una disposición por la que regirse. No crean leyes, las aplican", añaden.
Las mismas fuentes consideran que el anuncio de Aragonès podría ser "un gesto" hacia el independentismo sin ningún tipo de recorrido. "La función de un inspector ya contempla revisar los proyectos lingüísticos de los centros y esto ya se ha hecho", comentan.
Un motivo para "resucitar" el independentismo
Jesús Rul, inspector de Educación en Cataluña, considera que el independentismo ha encontrado en la
sentencia del TSJC un motivo para "crear vínculos" y "resucitar" el movimiento tras la excarcelación de los presos del procés. "Desde los años 80 ya hay sentencias del TC que establecen que las lenguas vehiculares en las escuelas catalanas son el castellano y el catalán. Son las lenguas habituales de los ciudadanos de Cataluña. Ahora tendrán que aplicarla en todos los centros educativos, en la proporción mínima del 25%, establecida por sentencia firme", advierte.
Según Rul, los alumnos de habla habitual española y catalana serán los beneficiarios de aprender mejor en ambas lenguas, aprovechando las sinergias de sus competencias subyacentes comunes. "Aprender las lenguas y aprender contenidos de otra materia troncal en español. Todo ello contribuye al cultivo del registro culto en ambas lenguas en las tres dimensiones lingüísticas: comunicativa, gramatical y discursiva", apunta. "Urge superar el enfoque sectario actual de los nacionalistas: el aprendizaje bilingüe de ambas lenguas oficiales es un valor para todos. No perjudica al catalán y mucho menos a Cataluña", zanja.
El independentismo ha encontrado en la sentencia del TSJC un motivo para "crear vínculos" y "resucitar" el movimiento tras la excarcelación de los presos del 'procés'
"Los directores de los colegios y los inspectores tienen que cumplir con la sentencia judicial cuando sea ejecutiva según la LJCA. En caso de que estos últimos diesen órdenes para sortearla, los directores deberían pedírsela por escrito", sugiere. "Posiblemente el Gobierno de la Generalitat se decante por crear nueva normativa: se trata de ganar tiempo, porque el orden jurídico constitucional ha quedado fijado en sus mínimos para el tratamiento de las lenguas oficiales; no puede modificarse por normas legales ni administrativas", considera.
Su menoscabo o incumplimiento -agrega Rul- vulnera derechos individuales de todos los alumnos, y legítimos intereses de las familias, lo pidan o no. "A Pedro Sánchez también le interesa ganar tiempo y no friccionar con sus socios antes de que acabe la legislatura", concluye el inspector.
