Una de las grandes dificultades que se encontraron las administraciones para enfrentarse a la primera, repentina y mortal, ola del coronavirus fue la carencia de material sanitario. Lo que ocurrió es muy sencillo de entender: la demanda de guantes, mascarillas y test de antígenos se disparó en todo el mundo; y eso dificultó la compra de estos productos hasta el extremo. Todos los países y todas las Administraciones competían entre sí por abastecer a sus ciudadanos de unos bienes escasos y, a la vez, de primera necesidad en ese momento.

Para evitar las fricciones entre el Ejecutivo, las autonomías y los ayuntamientos -y para tratar de atenuar las críticas por la mala gestión de este asunto-, el Ministerio de Sanidad lanzó un concurso público, valorado en 2.500 millones de euros, con el objeto de centralizar las compras de material sanitario que se efectuaran en España. Casi dos años después, la medida que lideró Salvador Illa se ha limitado a compras equivalentes al 0,45% de lo presupuestado inicialmente. 

Según la información compartida por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), a través de una solicitud remitida al Buzón de Transparencia, tan sólo se han gastado 9,7 de los 2.500 millones de euros que se presupuestaron dentro de este plan.

Esto revela que la iniciativa de Salvador Illa y su equipo no tuvo, ni mucho menos, el éxito esperado. Sanidad no ha querido entrar a valorar con este medio pese a la nueva consulta emitida. 

El Ingesa cifraba en 2.578 millones de euros, IVA y prórroga incluidos, las compras que se iban a realizar en los dos años que iba a estar vigente este contrato, que finaliza el 31 de diciembre de 2022.

El equipo que dirigía Salvador Illa tenía la intención de que la selección de proveedores permitiese a las administraciones comprar cerca de 3.700 millones de unidades de material sanitario. Pero, al final, han sido pocos los que se han adherido a esta iniciativa.

La cuestión política de Sanidad

Este ‘mega-concurso’ arrancó en agosto de 2020 para “agilizar” -según afirmaba por entonces el Ministerio de Sanidad- las compras de las administraciones y que no tuvieran que iniciar procesos de licitación cada vez que necesitaban material. Pero no fue hasta noviembre cuando el equipo de Salvador Illa anunció que había completado la adjudicación de los 11 lotes que recoge este acuerdo y en enero de 2021 se formalizó la elección de estos proveedores.

“El proceso de evaluación ha sido muy complejo principalmente por el gran número de información que se ha tenido que analizar y gestionar: empresas y productos se han sometido a una completa evaluación para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto técnicos, como económicos y administrativos”, explicaban por entonces desde Sanidad.

“Para llevar a cabo el proceso con todas las garantías para los participantes, ha sido necesario revisar, contrastar y pedir aclaraciones sobre miles de documentos presentados por las distintas empresas participantes”, añadían. 

En total, 155 aspirantes se presentaron a este concurso. Y Sanidad y los equipos técnicos de las comunidades tuvieron que analizar 475 ofertas a los once lotes.

Una vez concluido el proceso, el Acuerdo Marco se adjudicó a 72 empresas que presentaban propuestas por 166 productos. Muchas de las empresas que se quedaron fuera, según consta en la Plataforma de Contratación, recurrieron de forma masiva este complejo proceso de selección que, finalmente, y como evidencian los datos compartidos por Sanidad ha quedado en nada. 

Illa sólo conquisto a unos pocos

A este concurso se presentaron todas las Comunidades Autónomas, excepto la Comunidad Valenciana. También solicitaron material las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el propio Ingesa y los ministerios de Defensa e Interior. Los datos facilitados por Sanidad evidencian que todos los demandantes de material sanitario han comprado producto por este concurso, excepto el Ingesa e Interior.

También destaca de este listado de las 72 empresas seleccionadas, cinco de ellas han acaparado todas las compras. Destaca la empresa sevillana Iturri, especializada en la fabricación de prendas para profesionales y Nacatur 2 España, una filial de la multinacional italiana Nacatur International, especializada en la fabricación de jeringuillas y guantes quirúrgicos.

Llama la atención que ninguna comunidad autónoma eligiera a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, es decir, el proveedor de confianza del Ejecutivo durante los primeros meses de pandemia, cuya facturación ascendió desde los 0 hasta los 53 millones de euros entre 2019 y 2020.