Son cuatro meses los que han pasado desde que el Gobierno decidió rescatar a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros y esta medida se cuestionó desde múltiples frentes: tanto por su dudoso carácter estratégico, como por el estado financiero de la empresa y quién la controla. En los días siguientes, varios partidos políticos pidieron explicaciones, entre ellos Ciudadanos. El eurodiputado Luis Garicano solicitó a la Comisión Europea que examinara si la ayuda viola la normativa comunitaria.
En el curso de este caso (que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en el Tribunal de Cuentas), el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha desvinculado del rescate. En todo momento ha negado la intervención de su Ministerio, si bien se ha comprobado que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y Aviación Civil realizaron dos informes para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien aprobó en primer lugar la ayuda.
Bruselas todavía no ha movido ficha pero, en una entrevista con Vozpópuli, Luis Garicano confía en que llegue hasta el final de este caso y "se den explicaciones a los españoles". La denuncia del eurodiputado pretende que se investigue si la ayuda fue ilegal y, en caso afirmativo, que la aerolínea devuelva la inyección millonaria que el Ejecutivo aprobó concederle el pasado 9 de marzo.
Pregunta.- Han pasado cuatro meses del polémico rescate de Plus Ultra. ¿Qué opina sobre este caso?
Respuesta.- El rescate a Plus Ultra es un escándalo que el Gobierno sigue sin explicar. El caso es preocupante porque muestra lo poco que le preocupa al Ejecutivo despilfarrar el dinero de todos los españoles.
P.- El Gobierno apenas ha dado explicaciones. ¿Cree que esconde algo?
R.- Si el rescate se hubiese hecho cumpliendo estrictamente con la legalidad sería muy fácil de explicar, pero no es el caso. Si el Gobierno no lo ha explicado y si no han hecho público el expediente, es porque saben que no se puede explicar.
P.- ¿A la hora de buscar responsabilidades dentro del Gobierno, a quién apunta? ¿Quién son los responsables de que se hayan gastado 53 millones de dinero público en este rescate tan escandaloso?
R.- El Consejo de Ministros tomó la decisión de manera colegiada, pero no sabemos quién empujó este asunto, aunque nos lo podemos imaginar.
P.- El ministro Ábalos siempre se ha desvinculado públicamente del rescate. ¿Cree que ha jugado algún papel? ¿Está diciendo toda la verdad?
R.- El ministro Ábalos trató de apartarse del rescate en un primer momento y negó que su ministerio tuviese algo que ver. Luego hemos visto que el rescate contaba con dos informes favorables de distintos departamentos de su ministerio. La pregunta que nos hacemos todo es: ¿Por qué Ábalos trató de desvincularse del rescate? Si el rescate hubiese sido correcto no debería de haber tenido problema en reconocerlo.
Plus Ultra está controlada por empresarios muy cercanos al régimen de Maduro, que están acusados de participar en tramas de corrupción en Venezuela
P.- La sombra del Zapatero siempre ha estado planeando sobre el rescate, por sus vínculos con el Gobierno de Maduro. ¿Cree que una operación así puede haberse realizado sin que el expresidente estuviera al tanto?
R.- Lo único que sabemos es que Plus Ultra está controlada por empresarios muy cercanos al régimen de Maduro, que están acusados de participar en tramas de corrupción en Venezuela. También conocemos la buena relación que mantiene el expresidente Zapatero con el régimen de Maduro, pero hasta la fecha no hay ningún dato que lo vincule al rescate.
P.- ¿Confía en que el proceso judicial sirva para aportar luz y despejar las dudas que el Gobierno no aclara? ¿Se hará justicia?
R.- Sí, tenemos varios frentes abiertos, en Europa y en España, confío en que den sus frutos. La cuestión es que cuanta más información conocemos sobre la ayuda, peor pinta tiene. Si al final se demuestra que la ayuda fue ilegal, confío en que los procedimientos que hemos puesto en marcha sirvan para recuperar el dinero.
P.- Los expedientes de rescate de empresas siguen paralizados por la SEPI. ¿Están pagando justos por pecadores?
R.- Sí, hay muchas empresas que necesitan el dinero y que cumplen las condiciones. Creo que nuestra denuncia ya ha servido para que el Gobierno entienda que no puede regalar el dinero del contribuyente a sus amiguetes. Es perfectamente compatible que los rescates sean ágiles y rigurosos, se trata simplemente de que las ayudas vayan a quien las merece. El Gobierno está intentando culparnos del retraso en las ayudas, pero lo cierto es que son ellos quienes han provocado esta situación con el rescate a Plus Ultra.
P.- ¿Qué opinión le sugiere que la SEPI esté ocultando las actas del Consejo Gestor que aprobó el rescate? La jueza se los ha pedido en varias ocasiones...
R.- No hay nada en este rescate que dé tranquilidad. La falta de transparencia por parte de quien tiene que explicar el rescate es reveladora.
Toda la argumentación de la legalidad de la ayuda se basaba en un préstamo falso de una empresa situada en un paraíso fiscal y con fuertes vínculos al régimen de Maduro
P.- ¿Qué detalles le han resultado significativos en los documentos del rescate a los que ha tenido acceso?
R.- Cada documento que el Gobierno se vio obligado a aportar a la Comisión Europea es un escándalo tras otro: la empresa estaba en peores condiciones financieras de las que habían publicado los medios, toda la argumentación de la legalidad de la ayuda se basaba en un préstamo falso de una empresa situada en un paraíso fiscal y con fuertes vínculos al régimen de Maduro, no había ni un solo atisbo de que fuera una empresa estratégica a ojos de cualquier persona razonable, había indicios de que la empresa no había pagado todos los impuestos que correspondían y la viabilidad de la empresa (y el repago a todos los españoles) se basaba en proyecciones que eran verdaderas entelequias.
P.- ¿Sabe si hubo cambios en la cuantía solicitada y en qué consistieron?
R.- Plus Ultra solicitó la ayuda el 1 septiembre y originalmente solo pidió 50 millones sin detallar con qué tipo de préstamos la quería. Durante los siguientes meses la SEPI trabajó con Plus Ultra para estructurar los préstamos de tal manera que se cumpliesen los requisitos.
Plus Ultra pidió originalmente que el préstamo ordinario fuese de 27 millones, pero esto hubiese vulnerado directamente reglas europeas (que dicen que las ayudas en forma de préstamos ordinarios no pueden superar el 25% de las ventas del año anterior, 25 millones en el caso de Plus Ultra). Plus Ultra rectificó, pero volvió a pedir mal la ayuda. Esta vez pidió 41 millones de participativo (que también vulneraría las reglas europeas al superar el préstamo participativo las perdidas esperadas de Plus Ultra). Unos días después, el 22 de diciembre, Plus Ultra envió “aclaraciones” a la SEPI sobre el préstamo participativo de Panacorp, sus estados financieros, y la situación de los ERTE.
Durante los dos meses siguientes a este último envío de información, donde se trataban los asuntos más dudosos de Plus Ultra, hubo silencio por parte de la SEPI. Y el 23 de febrero Plus Ultra remite motu proprio una nueva solicitud de ayuda, esta vez con el desglose de los tipos de deuda bien hechos para no vulnerar los requisitos de Bruselas.
La SEPI tiene el derecho de nacionalizar Plus Ultra si esta deja de pagar el préstamo participativo
P.- Desde que presentó sus alegaciones ante la Comisión Europea, ¿han averiguado algún detalle nuevo que pueda ser relevante en la investigación?
R.- Desde que presentamos nuestras alegaciones hemos continuado investigando, y cada pieza de información que encontramos es más alarmante que la anterior. Resulta que, como parte del rescate, la SEPI tiene el derecho de nacionalizar Plus Ultra si esta deja de pagar el préstamo participativo. Podría hacerlo por dos vías.
En primer lugar, la SEPI tiene en garantía el 51% de las acciones de Plus Ultra. Es decir, que si se incumple el plan de viabilidad, puede ejecutar estas acciones y así quedarse con la aerolínea.
En segundo lugar, si se incumple el plan de viabilidad y Plus Ultra no puede repagar el préstamo participativo, el Gobierno tiene el derecho de convertir su préstamo en capital social. Como la compañía tiene un capital social prácticamente inexistente (por todas las pérdidas que ha acumulado), con esta conversión la SEPI pasaría a ser la única accionista de Plus Ultra (estimamos que pasarían a tener más de un 90% de las acciones).
¿Qué significa esto? Que cuando Plus Ultra no devuelva el rescate, la SEPI va a tener dos opciones: dar el dinero por perdido o nacionalizar Plus Ultra para ver si puede recuperar por lo menos una parte. Por lo tanto, es probable que el dinero de los contribuyentes vaya a servir para ayudar a magnates venezolanos a librarse de una aerolínea insolvente y repleta de problemas.
Si la Comisión Europea formaliza el proceso de investigación, puede acabar determinando que la ayuda de estado es ilegal
P.- ¿Cómo evoluciona su denuncia ante Bruselas? ¿Qué plazos manejan?
R.- La investigación está en una frase preliminar, gracias a la denuncia el Gobierno ha tenido que enviar el expediente del rescate a la Comisión Europea, nosotros ya lo hemos visto y hemos presentado nuestras alegaciones. La Comisión Europea sigue investigando el caso, pero no hay plazos establecidos para que la Comisión tome una decisión así que solo queda esperar.
P.- ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos casos?
R.- Ante una denuncia como la que presenté en abril, la Comisión Europea estudia si hay indicios suficientes para abrir una investigación preliminar y, si los hay, le pide toda la información disponible al país, que es lo que ya ha ocurrido en este caso. Si la Comisión refuerza sus sospechas con esta información, formaliza el proceso de investigación, que puede acabar determinando que la ayuda de estado es ilegal. Si eso ocurre, Plus Ultra estaría obligada a devolver el dinero que le prestaron los españoles.
P.- ¿A quién han denunciado en concreto: al consejo de administración de la SEPI, al Gobierno de España, a Plus Ultra...?
R.- La denuncia ante la Comisión Europea está destinada a recuperar una ayuda ilegal concedida por un Estado miembro, no se denuncia a personas concretas.
P.- ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo espera que acabe todo este proceso?
R.- Yo desde luego espero que se llegue hasta el final de este caso y que se den explicaciones (y no solo excusas) a los españoles. Si se demuestra que fue ilegal, los españoles tienen que recuperar su dinero y los involucrados tendrán que rendir cuentas, porque despilfarrar el dinero público para beneficiar a amigos que además están vinculados a tramas muy oscuras es muy grave.
