Los fondos europeos Next Generation EU surgieron como un mecanismo de recuperación para los Estados miembros tras el duro golpe de la pandemia. Aquellos más afectados -con mayor caída de su PIB, más población y más desempleo- fueron los más favorecidos. Entre ellos destacaba España, con 69.000 millones de euros no reembolsables asignados en inicio. Un año después de ese primer reparto, la Comisión Europea revisó los montantes. El hecho de que nuestro país fuera más retrasado en la recuperación económica le permitió captar otros casi 8.000 millones de financiación (hasta los 77.200 millones en subvenciones).

De los 338.000 millones de euros a fondo perdido que dispuso la Comisión Europea, el 70% inicial se repartió en función de la población, la inversa del PIB per cápita de 2019 y la tasa de desempleo media relativa de cada país, "reflejando los grandes desafíos económicos y sociales que la pandemia agravó". Posteriormente, para el 30% restante se tuvo en cuenta también el cambio en el PIB real entre 2020 y 2021, es decir, la crisis económica ocasionada por la covid-19, unas cifras que en junio de 2022 se revisaron y confirmaron.

Sobre este asunto ponen el foco el consorcio de consultoras e institutos de investigación al que la Comisión Europea encargó una especie de 'auditoría' externa e independiente de los fondos europeos contratada por el Ejecutivo comunitario, la primera desde que se puso en marcha el mecanismo de recuperación (MRR). ECORYS, CEPS, CSIL, NIESR y Wavestone elaboraron un informe que sirvió de base a la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea para su primera evaluación del programa, en la mitad de vida del mismo, que termina en 2026.

En el informe, consultado por este periódico, evalúan en qué medida ha tenido relevancia el mecanismo de recuperación desde el punto de vista de la asignación, analizando la evolución de los distintos países desde el inicio del plan. Así, apuntan que "España fue el Estado miembro más afectado y lo sigue siendo en los datos más recientes". Su PIB per cápita estaba un 1,1% por debajo de 2019 a cierre de 2022, tras más de un año de inversiones y reformas con los fondos. Era el único país que no había logrado recuperar los niveles precovid o estaba cerca de hacerlo (Francia era el único país ligeramente por debajo, dos décimas).

Por el contrario, los consultores destacan que "Malta y Grecia, a pesar de ser el segundo y tercer Estado miembro más afectados en 2020, se han recuperado razonablemente bien desde entonces", con un crecimiento en términos per cápita del 5% y 5,2%, respectivamente. Italia, el segundo país con más fondos no rembolsables a percibir (69.000 millones), también ha conseguido recuperar su PIB per cápita y elevarlo un 3,6% respecto al nivel prepandemia, según los cálculos de las consultoras.

En la evaluación de la Comisión Europea, basada en datos propios y en ese informe independiente, ya se deja constancia de un avance importante en los objetivos de inversión marcados por el gobierno italiano a cambio del dinero comunitario, cuatro veces superior al que ha logrado España en los tres primeros años. Nuestro país sólo ha cumplido alrededor del 7% de los objetivos de inversión previstos en el Plan de Recuperación, frente al 28% del país que desde octubre de 2022 gobierna Giorgia Meloni.

"En la medida en que el MRR se creó específicamente para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la pandemia, podría argumentarse que la clave de reparto inicial no debería alterarse y que, si los países más afectados por la pandemia han crecido más rápidamente desde entonces, esto es señal de que el mecanismo ha tenido éxito", concluyen los auditores del MRR. Esta tesis tiene como excepción el caso de España, que a cierre de 2022 era el único país que no había recuperado su PIB per cápita (un punto por debajo) pese a ser el más dotado de fondos europeos.

El PIB per cápita en España

La baja tasa de empleo y la baja productividad impide que los españoles prosperen económicamente, con una notable diferencia en la evolución del PIB per cápita de nuestro país respecto al avance experimentado en el resto de la Unión. Esta desventaja, sufrida en España durante décadas, empeoró con la pandemia. De esto advirtió el Banco de España (BdE) en sus últimas proyecciones macroeconómicas. Asumiendo el 2019 como punto de partida y obviando la brecha estructural que existía antes (de unos 14 puntos), en 2022 la renta por habitante en España estaba aún por debajo y era un 96% de la registrada en la eurozona.

Por regiones, según los datos de Eurostat, en 2022 sólo tres comunidades autónomas igualaban o superaban ligeramente el PIB per cápita de la Unión Europea: Madrid, País Vasco y Navarra. En el resto de regiones españolas la renta por habitante era muy inferior a esa media, situada en los 35.400 euros. En Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana estaban más de 25 puntos por debajo de la media.

Los fondos europeos y la falta de capacidad

La ejecución en España no avanza todo lo rápido que debería por diferentes motivos. La dificultad para utilizar la financiación de la UE más destacada, en su momento por la Comisión Europea y ahora por los consultores externos contratados, es la "falta de capacidad para gestionarla". En este sentido, Bruselas destaca en su informe dos obstáculos en la implementación del Plan de Recuperación en España: "la falta de apoyo y asistencia técnica a las autoridades locales para desarrollar propuestas de proyectos; y la falta de personal, especialmente a nivel local".

El Plan de Recuperación es un plan complejo y extenso, con 30 componentes que a su vez se dividen en numerosos hitos y objetivos, ya sean inversiones o reformas que las distintas Administraciones Públicas deben llevar a cabo en tiempo y forma para recibir el dinero europeo. Sin embargo, desde el inicio no todos los niveles administrativos se reforzaron para llevar a cabo esta misión, lo que ha resultado en retrasos y carencias en la ejecución, seguimiento y evaluación.

Para solventar el atasco, el Gobierno contrató a cientos de trabajadores el año pasado a través de la empresa pública Tragsa. Asimismo, hay 11 ministerios que han tenido que contratar asesores privados externos para encauzar las subvenciones de la UE, con una factura que acabará superando los 50 millones. Esta improvisación en la gestión, gran parte de ella delegada en las CCAA sin un consenso previo, ha sido motivo de crítica al Gobierno durante los últimos años.

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