El Gobierno tendrá que nacionalizar Plus Ultra si no cumple el plan de viabilidad y no puede pagar el préstamo participativo de 34 millones de euros (los 19 millones restantes se han otorgado a través de un préstamo ordinario). Según informan fuentes solventes a Vozpópuli, el contrato de financiación firmado entre ambas partes incluye dos cláusulas que garantizan que el Ejecutivo se quedará con la compañía en caso de impago o de "incumplimiento manifiesto" del plan establecido.
Por un lado, un incumplimiento manifiesto del plan de viabilidad que ha presentado la aerolínea a la SEPI obligaría a Plus Ultra a devolver la totalidad del rescate en un corto periodo de tiempo. Y de no ser capaz de afrontar este pago, la SEPI tendría el derecho de convertir su préstamo participativo en capital social, según se desprende del contrato de financiación. Este documento, que consta de 87 páginas, es uno de los cuatro acuerdos que acompañan a los informes de los asesores independientes contratados por la SEPI.
De hecho, conviene recordar que DC Advisory, el asesor financiero que contrató la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evaluar el rescate de Plus Ultra, reconoció en su informe que "el plan de viabilidad asume una recuperación de la actividad con anterioridad a las previsiones del sector", tal y como publicó Vozpópuli. Además, señalaba que los mercados geográficos en los que opera Plus Ultra "se recuperarán más tarde" que el mercado latinoamericano en general.
Al mismo tiempo, como parte del préstamo participativo, la SEPI ha obtenido en prenda el 51% de las acciones de Plus Ultra, por parte de Snip Aviation y Alva Skies and Winds, según consta en otro de los documentos, el acuerdo de prenda. Hay que recordar que Snip Aviation, una sociedad controlada por tres empresarios venezolanos, es el principal propietario de la aerolínea, con el 57% de las acciones. Esto implica que si Plus Ultra deja de poder pagar dicho préstamo, el Gobierno también puede ejecutar la garantía y tomar el control de esas acciones.
Podría acaparar el 90% de Plus Ultra
De esta forma, el Gobierno tiene dos vías para acabar quedándose con Plus Ultra, aunque las dos están motivadas por un incumplimiento del plan de viabilidad y el impago del préstamo.
Por un lado, si no cumpliera con el plan de viabilidad, la conversión del préstamo participativo en capital social permitiría al Estado hacerse con más del 85% de las acciones. Esto se debe a que, según consta en el acuerdo de gestión (otro de los documentos firmados entre ambas partes), el porcentaje de acciones que le corresponderá será el valor relativo del préstamo al capital social de la empresa.
Al haber disminuido enormemente los fondos propios de Plus Ultra durante los últimos años, pues las pérdidas acumuladas ascendían en 2020 a 13 millones de euros, la mayor parte del capital social ha desaparecido. Con lo cual, el peso que tendría el préstamo participativo de la SEPI sobre el total sería mucho mayor y se haría con más del 85% del total de las acciones, según cálculos realizados por las citadas fuentes.
Adicionalmente, si la aerolínea incumpliera el plan de viabilidad, se prevé que tampoco pagaría los 34 millones del préstamo participativo, con lo que el Gobierno tendría el 51% de la compañía directamente. Pero como ya se podría haber producido la conversión del préstamo en capital social, las acciones de Snip Aviation y Alva Skies and Winds ya sólo representarían el 7,5% del total. Con todo, el Gobierno podría acabar controlando algo más del 90% de Plus Ultra.
Deloitte advirtió del riesgo de disolución
Otro de los asesores contratados por el Gobierno, la consultora Deloitte, advirtió en su informe de que Plus Ultra estaba al borde de la disolución antes del coronavirus, pues arrastraba pérdidas desde su creación. Esta consultora elaboró otro de los informes clave para aprobar el rescate, en concreto, el dictamen jurídico. En ese documento, Deloitte recomendaba a la SEPI controlar que Plus Ultra no entrara en causa de disolución.
La aerolínea había evitado la causa de disolución con la suscripción de un préstamo participativo de un banco panameño llamado Panacorp Casa de Valores, con el que a día de hoy mantiene una deuda de 6,3 millones, tal y como adelantó Vozpópuli. Al ser participativo, computaba como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.
Hay que recordar que el Gobierno se ha negado a hacer públicos los informes de los asesores de este rescate, así como el plan presentado por Plus Ultra para garantizar su viabilidad y la devolución del apoyo público, o las actas de la reunión del Consejo Gestor del fondo en la que se aprobó la ayuda.
