La división entre ERC y JxCat, socios en el Gobierno de la Generalitat, se manifiesta también en la cuestión de los indultos a los dirigentes condenados por sedición por el Tribunal Supremo. La órbita más cercana a a Carles Puigdemont cree que la concesión de esta medida de gracia desactivará el objetivo independentista y solo será útil para España de cara a la "comunidad internacional".
En esta línea se hallan los eurodiputados de JxCat fugados de la justicia española como el propio Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Así como sectores del núcleo duro del ex 'president', como Josep Costa. La recién recuperación de la inmunidad por parte del Tribunal General de la Unión Europea se ve como la estrategia a seguir: "El exilio lucha y gana", repiten. Y es que no dudan en revindicar su planteamiento y contraponerlo con la "rendición" que, de forma velada, acusan a ERC de practicar al conformarse con los indultos.
Según estos sectores la única forma de mantener el "conflicto político" en la agenda internacional es mantener abierto el frente judicial en Europa. Y, bajo esta óptica, denunciar todas las vulneraciones de los derechos políticos a las que incurre el Estado. En este sentido, el informe de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aconsejando a España que reforme el delito de sedición se ha percibido como una victoria.
En este balance a favor de sus tesis 'computan' la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no entregar por rebelión a Puigdemont a España, la sentencia en firme de la justicia belga de rechazar la extradición al eurodiputado Lluis Puig o la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo la condición de Oriol Junqueras como eurodiputado.
La eurodiputado Ponsatí afirmaba recientemente en una entrevista al programa Tot és mou de TV3 que no sabía "hasta qué punto" los indultos tendrían "un efecto positivo en la política catalana" y concluía no tener "ninguna fe con la mesa de diálogo" entre gobiernos. Su posición se enroca en revindicar el "mandato del 1-O" y mantener el conflicto a instancias europeas. Se mostraba confiada, en este sentido, de que no iban a ser entregados a España.
"3.000 represaliados"
Desde la Assemblea Nacional Catalana (ANC) también han expresado que los indultos solo limpian la imagen exterior de España. La presidenta Elisenda Paluzie aseguró que si el Gobierno concede los indultos a los presos del 1-O no sería "ningún éxito" porque, a su juicio, políticamente desarmarían al independentismo y tendrían consecuencias a nivel internacional".
Y añadía que "serían una decisión política inteligente del Gobierno español contra el independentismo. No sólo porque quedarían fuera de estos los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarmarían e internacionalmente son nefastos".
Y es que otra de las batallas que plantea el independentismo más radical es que los servicios jurídicos de la Generalitat, en nombre de los Mossos d'Esquadra, no persiga judicialmente a los que realizan desórdenes públicos tras las manifestaciones independentistas. Calculan que hay "3.000 represaliados" por la justicia española que se quedarían en la estacada si Pedro Sánchez solo concede los indultos a los principales cabecillas del procés.
Cabe recordar, además, que la ANC ha realizado una labor internacional para cosechar simpatías a favor del procés. Sin ir más lejos, el pasado viernes recordaban que en febrero de 2020 se reunieron con el autor del informe del Consejo de Europa contrario a España y celebraban sus conclusiones.
Puigdemont busca volver a España
Pese a desdeñar los indultos, Puigdemont sí que está atento a la reforma del delito de sedición del Código Penal. Sus efectos retroactivos abrirían la puerta a volver a España ya que se rebajaría sustancialmente la pena derivada de los delitos de los que se le acusa. Su defensa ya está trabajando en esta vuelta y ya han amagado que, con la decisión provisional del TGUE, tendría derecho a circular por España sin ser detenido.
A diferencia de los indultos, creen que una reforma del código penal sería una forma en la que el Estado admitiría que su respuesta al procés fue "desproporcionada". Por esta razón, a los fugados tampoco les gustó la vuelta de Meritxell Serret (ERC) que se presentó ante el Supremo.
Su estrategia es cosechar nuevas 'victorias' en los tribunales europeos, ya que así el movimiento independentista se reforzará mucho más que si se limitan a aceptar los indultos.
