Plus Ultra, la compañía que defendió ante la SEPI su españolidad para pedir un rescate público millonario, podía haber elegido a cualquier suministrador de combustible de aviones. Abundan en un mercado rebosante de competencia, dentro y fuera de España. Sin ir más lejos, Repsol o Cepsa, con sede en Madrid, ofrecen una amplia gama de querosenos. Pero la empresa que ha recibido 53 millones del Estado decidió contratar a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Será esta petrolera, afincada en Caracas, una de las primeras beneficiadas por el rescate español a Plus Ultra. La aerolínea le debe 6,1 millones de euros en concepto de abastecimiento de combustible. Como empresa privada, está en su derecho de decidir quién llena el depósito de sus aviones. O, mejor dicho, del único avión que ha estado operando en los últimos meses. La elección no generaría controversia sino fuera por el proveedor elegido.
PDVSA es el chavismo en estado puro, el espejo que refleja una gestión política funesta que ha conducido al país desde la esperanza al abismo. Venezuela lo tenía casi todo -sus reservas de crudo son las mayores del planeta y su naturaleza podría ser un imán para el turismo-, pero no tiene casi nada. Y PDVSA -no es una hipérbole- tiene gran parte de la culpa.
El Gobierno venezolano la creó en los años 70 del pasado siglo para explotar el inmenso tesoro natural que esconde el subsuelo: petróleo suficiente para llenar más de 300.000 millones de barriles. Consciente de que el país había sido premiado -literalmente- por la naturaleza y de que el crudo estaba llamado a convertirse en combustible de la economía mundial, Caracas peleó por agrupar a los grandes productores. La mejor prueba es que fue un venezolano (Juan Pablo Pérez) quien creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto a un iraní (Abdullah al-Tariki).
PDVSA se convirtió pronto en un enorme emporio difícil de gestionar. A través de la empresa, el Gobierno de turno controlaba las inmensas reservas del Lago Maracaibo, y la red de refinerías y gasoductos. De hecho, la petrolera casi siempre ha estado presidida por el ministro de energía en cada momento.
En los 80, el dinero de las exportaciones -impulsadas por la cartelización del negocio- entraba como un torrente en las arcas estatales, creando el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, PDVSA era, más que una empresa, un ministerio, donde campaban el enchufismo y las comisiones, con la mayor plantilla del país, operada con criterios más políticos que empresariales y atrasada desde el punto de vista tecnológico.
Chávez, aprovechando que el precio del barril estaba por las nubes, aplicó su propia receta: aumentó, aún más, el peso del Estado. En 2006, nacionalizó totalmente le sector petrolero, obligando a las multinacionales extranjeras a aliarse con PDVSA si querían seguir operando en el país.
La gestión de Chávez, heredada por Nicolás Maduro, devino en un desastre absoluto. El perímetro de PDVSA fue engordando a medida que se achicaban los ingresos petroleros, y la economía se sumía más y más en en el pozo. En su época dorada, Venezuela llegó a producir tres millones de barriles diarios de crudo, alineándose con grandes exportadores del Golfo Pérsico, como Irán o Emiratos Árabes Unidos. Actualmente, según la última medición de la OPEP, bombea 512 millones, situándose a la cola del cártel junto a países con mucho menos potencial y -por supuesto- reservas (como Congo, Guinea Ecuatorial o Gabon).
El Departamento de Energía de Estados Unidos achaca el hundimiento de la actividad petrolera, entre otros factores, "a la falta de mantenimiento de las refinerías, a los apagones eléctricos y a las sanciones de 2019 [impuestas en la etapa de Donald Trump]. El organismo con sede en Washington aporta un ejemplo que refleja la realidad de PDVSA y del propio país: "Con la infraestructura en semejante estado, debe importar productos derivados del petróleo para consumo interno".
El nombre de PDVSA sigue apareciendo en mal lugar en numerosos informes de transparencia internacional. La corrupción repta bajo una estructura empresarial oxidada. Algunos de los propios políticos que han ocupado cargos de dirección han denunciado prácticas fraudulentas. Uno de los más conocidos es Rafael Ramírez, que presidió PDVSA cuando era ministro de Energía en la época dorada de Chávez.
Huido hoy en Italia, tras ser acusado por Maduro -precisamente- de corrupción, Ramírez llegó a dar el nombre de un político español como supuesto beneficiario del cobro de comisiones. “Hasta Zapatero ha recibido contratos petroleros”, denunció el exministro de Energía en octubre de 2018, en una entrevista con la publicación Noticiero Digital. "De ahí viene su apego a la democracia y el diálogo, pues”, aseveró.
Hay quien considera que José Luis Rodríguez Zapatero ha podido jugar algún papel en la operación de Plus Ultra. Pero ningún documento comprometido ha salpicado hasta ahora el expresidente del Gobierno español. El tiempo -y la Justicia- dirán si hay algún tapado o algún corrupto en torno al escándalo creciente del rescate.
