"Contactaron conmigo para saber si me interesaba hacer el peritaje de Plus Ultra. No tardé en decirles que no". Quien habla, obviamente, es un perito español, con experiencia sobrada y un gran currículum. Una mañana de mediados de julio sonó su teléfono. Desde el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid le tanteaban para encargarle el informe pericial recién ordenado por la magistrada Esperanza Collados, tras la querella de PP y Vox contra los responsables del rescate.
A esas alturas, la ayuda pública a la aerolínea desprendía un tufo suficiente para repeler a muchos profesionales del peritaje y la abogacía. Cuatro meses después de aprobarse la inyección de 53 millones de euros, el caso Plus Ultra ya tenía las dimensiones de un escándalo.
La polémica sobre el rescate echó a andar el día 10 de enero, sólo 24 horas después de su aprobación en el Consejo de Ministros. Vozpópuli fue el primer medio en desvelar las conexiones de Plus Ultra con el chavismo y la debilidad de los argumentos esgrimidos para justificar la ayuda del Estado.
Los indicios de presuntos delitos de malversación y prevaricación convencieron a la juez Collados de la necesidad de abrir diligencias. Lo hizo el 21 de abril y citó como investigados a los miembros del consejo de administración de la SEPI, por su responsabilidad en el rescate.
Que la Fiscalía, en vez de acusar, acabe defendiendo la maniobra del Gobierno con es otra de las grandes incógnitas que deja el caso. Como la sospecha de que la operación de rescate esconde un tapado
También estaban -y están- bajo sospecha los responsables del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Es decir, el organismo encargado de estampar la última firma en los salvamentos públicos y del que forman parte cargos políticos como Ana de la Cueva (entonces secretaria de Estado de Economía con Nadia Calviño), Pilar Paneque (subsecretaria de Hacienda), Raül Blanco (secretario general de Industria) y Sara Aagesen (secretaria de Estado de Energía). Como ha informado también este diario a partir de las actas, este consejo gestor ya se mostró proclive al rescate mucho antes de examinar los preceptivos informes jurídico y financiero.
Cuando la Justicia comenzó a actuar, el caso Plus Ultra reunía ya elementos de sobra para generar recelo: desde la implicación de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, a la batalla política desatada en el Congreso, pasando por la presencia de 'popes' chavistas tras el capital de la aerolínea. Hasta la propia Abogacía del Estado se opuso de lleno a realizar un peritaje, alegando que el rescate estaba avalado por tres informes pertinentes (Deloitte, Daiwa y Aesa). El juzgado madrileño acabó asignando la tarea el 2 de agosto. Lo asumió Martín Molina Abogados y Economistas, un despacho reputado y con amplia experiencia en la materia.
El equipo de Pedro Martín Molina hizo su trabajo y puso el dedo en la llaga. Su informe resalta por escrito dos puntos más que controvertidos. Por un lado, destaca que la empresa usó, para canalizar una línea de crédito, un banco domiciliado en un paraíso fiscal (el panameño Panacorp). Por otro, cuestiona el apunte contable del traspaso de un avión, vital para Plus Ultra a la hora de demostrar que era solvente antes de la pandemia.
En concreto, como ha informado Vozpópuli, la aerolínea pagó con ese activo a los inversores que acudieron a una emisión de deuda de diez millones en 2019. Lo que ha llamado la atención de los peritos es que la empresa pactó el alquiler del avión durante cuatro años y la recompra posterior por nueve millones. "El resultado económico de la operación es claramente beneficioso", advierte el informe, que alerta de "una incorrecta imputación al resultado del ejercicio 2019".
Nadie tiene interés en vender algo depreciable a un tercero para obligarse a comprarlo a este tercero y mantener su uso en este ínterin", confiesa un perito. "En la agencia tributaria por mucho menos califican esta operación de 'simulación'"
"Nadie tiene interés en vender algo depreciable a un tercero para obligarse a comprarlo a este tercero y mantener su uso en este ínterin", confiesa un perito a este diario. "En la Agencia Tributaria por mucho menos califican esta operación de 'simulación'", añade.
Esa polémica anotación en las cuentas es fundamental para Plus Ultra, ya que la solvencia previa a la Covid es un requisito indispensable para acogerse al programa de rescate de la SEPI. La advertencia del equipo de Martín Molina, como era de esperar, ha pasado desapercibida a ojos de la Abogacía del Estado. Sin embargo, lo que ha llamado realmente la atención de algunos bufetes especializados es la posición de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha pedido cerrar el caso.
Que la Fiscalía, en vez de acusar, acabe 'defendiendo' la maniobra del Gobierno con Plus Ultra es otra de las grandes incógnitas que deja el caso. Como la sospecha de que la operación de rescate sigue escondiendo un 'tapado' (hay quien apunta a José Luis Rodríguez Zapatero). Que las dudas se despejen o no dependerá de la tenacidad de un juzgado que, por ahora, lo tiene casi todo en contra.
