La Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dos órganos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos, reconocieron en sus informes que Plus Ultra no era esencial para la conexión entre Madrid y Latinoamérica, como ha defendido el Gobierno y la propia aerolínea tras su rescate con 53 millones de euros.
Ambas entidades realizaron informes independientes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, analizó antes de conceder la ayuda a la aerolínea el pasado 9 de marzo. También examinaron el rescate dos empresas privadas a las que el Gobierno contrató para ello: el asesor financiero DC Advisory y el del asesor jurídico Deloitte Legal.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el rescate alegando que "tiene rutas establecidas con algunos países de América Latina que son fundamentales para la conectividad del país". Por su parte, Plus Ultra ha esgrimido que es estratégica porque sin ella, Iberia monopolizaría varias rutas con Latinoamérica tras la compra de Air Europa, y con su existencia garantizarían que se mantengan los precios y la conectividad en ese mercado.
Sin embargo, la Dirección General de Aviación Civil reconoció en el informe enviado previamente a la SEPI que, a pesar de que el corredor Madrid-Latinoamérica "se trata del principal mercado para la compañía, los datos muestran que su presencia en el hub madrileño es minoritaria (1,5% de pasajeros en 2019), muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hacia Madrid (Avianca, LATAM, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air".
Otras aerolíneas cubren las rutas
Así consta en las alegaciones que Ciudadanos ha presentado este martes ante Bruselas. Este documento también recoge un extracto del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), quien admite en su apartado 25 que la desaparición de la compañía no afectaría a las comunicaciones con Perú, Ecuador y Venezuela, esto es, los destinos en los que opera Plus Ultra.
"Lo más probable es que la demanda desatendida fuese capturada por otras compañías latinoamericanas", señaló la AESA. Con lo cual, no es la única alternativa en estas rutas, como ha defendido Plus Ultra en numerosas ocasiones. De hecho, las propias compañías aéreas consultadas por Vozpópuli han desmentido que esto sea así y tenga carácter estratégico, y se han mostrado sorprendidas por la ayuda concedida.
Por ejemplo, la compañía venezolana Estelar Latinoamérica operó 251 vuelos en 2019 entre Venezuela y España. En los otros dos mercados (Perú y Ecuador) la chilena Latam también opera vuelos directos hacia y desde Madrid. Finalmente, otras aerolíneas de bandera en sus países, como Aerovías de México o Aerolíneas Argentinas, conectan nuestro país con Latinoamérica. Por no hablar de Air France-KLM, el gran competidor de Iberia en la conexión entre Europa y Latinoamérica.
De hecho, tal y como publicó este periódico, Iberia está negociando con algunas aerolíneas españolas para cederles algunos slots (derechos de despegue y aterrizaje) y agilizar la aprobación de la compra de Air Europa, y Plus Ultra no es una de ellas. Para las conexiones con Latinoamérica ha elegido a World2Fly, la nueva aerolínea de W2M, grupo turístico propiedad de Iberostar.
El Gobierno oculta los informes sobre Plus Ultra
El Gobierno se ha negado a hacer públicos estos informes, así como el acta de la reunión en la que se aprobó el rescate; pero sí los ha presentado ante la Comisión Europea, después de que se le requiriera información sobre este asunto. Ciudadanos, partido que ha denunciado ante Bruselas el escándalo destapado por Vozpópuli, ha tenido acceso a estos documentos de manera parcial.
Este mismo martes, en el pleno del Senado, Ábalos ha negado que los dos informes expedidos por AESA y Aviación Civil pasaran por la aprobación del Ministerio. Ábalos ha explicado que estos informes los pidió de manera directa la SEPI y lo que incluían era una "obviedad", pues solo constataban que sin financiación no se puede garantizar la seguridad aérea y que el sector de la aviación es estratégico para la economía.
Ahora corresponde a la Comisión Europea analizar las alegaciones presentadas por Luis Garicano acerca de este rescate y decidir si abre o no una investigación formal sobre este asunto. De momento, la ayuda a Plus Ultra ya ha llegado a los tribunales españoles, en un procedimiento en el que se han personado como acusaciones el Partido Popular y Vox, tras una denuncia inicial de Manos Limpias.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha abierto una investigación contra Bartolomé Lora y el resto del consejo de administración de la SEPI (que coincide con el Consejo Gestor del fondo) por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y cohecho alrededor del rescate de Plus Ultra.
