El Partido Popular ha informado al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid que recurrirá la decisión del juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, de desbloquear los 34 millones de euros del rescate a Plus Ultra. "Esta acusación popular interpondrá recurso de apelación contra el auto de 11 de agosto de 2021", advierte en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Mientras tanto, el 11 de agosto el procurador de los tribunales, actuando en nombre del PP, envió un escrito solicitando como medida cautelar que se constituya una hipoteca mobiliaria sobre los aviones que pudiera tener Plus Ultra en propiedad, con "el fin de garantizar un eventual reembolso por parte de la aerolínea" y "evitar las consecuencias de la posible consumación de un delito".
En este sentido, pide que Plus Ultra "ponga a disposición de este ilustre juzgado todos los datos identificativos de la aeronave o aeronaves que sean de su propiedad, incluyendo, a título enunciativo que no limitativo, matrícula identificativa y título de propiedad de la/s misma/s", según consta en el escrito.
El PP recuerda que la medida cautelar de bloquear el préstamo participativo, ahora revocada, fue acordada "al concluirse que una entrega no justificada de 34 millones podría suponer un menoscabo patrimonial importante, sin posibilidad de restauración de una situación anterior". En base a esto, la acusación popular pide que se acuerde una nueva medida cautelar.
Plus Ultra ya tiene los 53 millones
El pasado 22 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, acordó suspender cautelarmente parte del rescate de 53 millones que el Consejo de Ministros concedió a Plus Ultra el pasado 9 de marzo y que fue recurrido por Vox y PP.
La Abogacía General del Estado se pronunció en contra de la suspensión del préstamo participativo de 34 millones de euros. Los servicios jurídicos del Gobierno solicitaron a la magistrada que no bloqueara el desembolso final de esta ayuda (ya se abonaron los primeros 19 millones del préstamo ordinario) ante el temor de que Plus Ultra no pudiera cumplir con lo acordado en el plan de viabilidad.
Inicialmente, la Fiscalía no fue tan lejos y apuntó que era necesario que Plus Ultra justificara los motivos por los que necesitaba con tanta urgencia el pago de esta cuantía que iba a hacer efectivo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, tras estudiar la documental aportada a la causa, la fiscal María Luisa LLop pidió que se desbloqueara el rescate.
Tras esto, el pasado 9 de agosto el juez sustituto de Collazos, Jaime Serret, liberó la entrega de los 34 millones que Plus Ultra tenía pendientes de recibir al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores. De esta forma, revocó la medida cautelar que había adoptado la titular del juzgado.
Acto seguido, la SEPI procedió al desembolso de los 34 millones comprometidos con Plus Ultra. Por su parte, las acusaciones que forman parte de este procedimiento cuestionan la idoneidad de esta ayuda al tratarse de una compañía que registra pérdidas desde su creación y de dudoso carácter estratégico para el país.
Las dudas sobre Plus Ultra
Tal y como desveló Vozpópuli, esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela) que apenas representaban el 0,03% del tráfico aéreo español antes de la crisis. De hecho, sólo contaba con un avión cuando fue rescatada a principios de marzo y acumulaba pérdidas desde su creación en 2011.
La aerolínea sorteó la disolución gracias al préstamo de un banco panameño vinculado con Camilo Ibrahim Issa, un empresario cercano a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. De hecho, el 57% del capital está en manos venezolanas y la aerolínea pretende destinar al menos uno de cada cuatro millones del rescate a pagar sus deudas con empresas vinculadas al chavismo.
Además, varios directivos de Plus Ultra han sido responsables de las quiebras de aerolíneas como Air Asturias, Air Madrid o Santa Bárbara Airlines. Otros, como Fernando González Enfedaque y Juan Ignacio Unsain, han sido condenados por la Justicia española por delito fiscal y fraude continuado al Estado, respectivamente, tal y como desveló Vozpópuli.
En este sentido, el PP pide que se protejan los 53 millones de euros prestados a la aerolínea a través de una hipoteca mobiliaria sobre las aeronaves que la aerolínea pueda tener en propiedad y advierte que recurrirá el auto dictado por el juez Jaime Serret el pasado 9 de agosto.
